Juez destituido por impugnar un matrimonio gay aspira a ser fiscal general
Comisión de Nombramientos de la Corte entrevistó a Francis Porras el jueves anterior y él cuestionó la participación de tres magistrados en el proceso para escoger al fiscal general
Juez Francis Porras León. Foto cortesía del Poder Judicial
El juez notarial Francis Giovanni Porras León, quien fue destituido del cargo por interceder como abogado particular para anular un matrimonio gay siendo funcionario judicial, es uno de los 19 aspirantes a convertirse en fiscal general.
Porras, de hecho, fue entrevistado el jueves anterior por la Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia. Él deberá dejar el cargo en el Juzgado Notarial este lunes 31 de enero.
En la comparecencia, el aún juez presentó una recusación contra el presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, pues alegó que el magistrado también es integrante del Consejo Superior del Poder Judicial, órgano que ordenó su revocatoria de nombramiento. La gestión fue aceptada y Cruz no participó en la entrevista.
Asimismo, Francis Porras aprovechó la comparecencia pedir que se excluya a los magistrados Román Solís Zelaya, de la Sala Primera, y Álvaro Burgos Mata, de la Sala Tercera, cuando la Corte Plena deba decidir quién será la persona que dirija la Fiscalía General de la República. Esta solicitud no fue resuelta por la comisión, pues los miembros determinaron que debe ser la Corte Plena la que responda esa petición.
Aunque este sábado en fuentes judiciales circuló la versión de que Porras abandonaría su pretensión de ser fiscal general, no fue posible confirmarlo, pues no respondió los teléfonos asignados a su nombre.
El nombre del juez notarial Francis Porras León tomó relevancia en la opinión pública cuando, en enero del 2020, suspendió por 13 años al abogado a Marco Castillo Rojas, del ejercicio de la profesión, porque en julio del 2015 efectuó un matrimonio entre dos mujeres, época en que no era permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Costa Rica legalizó el matrimonio igualitario desde agosto de 2018. Sin embargo, el derecho entró a regir 18 meses después, es decir el 26 de mayo del 2020.
Posteriormente, Porras cuestionó el acto jurídico en el cual el activista Marco Castillo y su pareja, Rodrigo Campos, contrajeron matrimonio en el Juzgado de Familia de Desamparados. La solicitud fue acogida el 13 de mayo y el matrimonio formalmente lo realizaron el 26 de mayo del 2020.
Esa decisión del Juzgado de Familia fue impugnada por Francis Porras, quien se apersonó al proceso como abogado y notario y solicitó que se anulara el matrimonio. Esa gestión fue rechazada, razón por la cual el juez Porras atribuyó supuestas actuaciones irregulares a la jueza de Familia de Desamparados.
Debido a esa participación como particular en un proceso judicial, la Inspección Judicial abrió un proceso administrativo que culminó con la revocatoria del nombramiento de este abogado de 54 años de edad, con 11 de ser funcionario judicial. El acuerdo lo tomó el pasado 27 de enero el Consejo Superior.
Francis Porras, en escritos que envió al Consejo Superior, alegó: “La revocatoria de nombramiento es una sanción irracional y desproporcionada. La falta que la Inspección Judicial tiene por probada no reviste en absoluto el carácter de gravísima. En todo caso, aunque la falta se hubiere acreditado, que no lo fue, imponer la revocatoria de nombramiento quiebra arbitrariamente el principio de razonabilidad y proporcionalidad que debe regir las sanciones que impone la inspección judicial”.
El juez notarial Francis Porras fue entrevistado por los magistrados el jueves anterior. Foto cortesía del Poder Judicial
