Cuando un menor es detenido por, supuestamente, cometer un delito, la última opción de los jueces es enviarlos a prisión, ya que el objetivo primordial es ayudarlos a reenfocarse en el camino y ser personas de bien para la sociedad en un futuro.

Por eso, cuando se realiza la audiencia de solicitud de medidas cautelares en contra del adolescente, la Fiscalía puede solicitar su reubicación en un albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), mientras se fija la fecha de juicio. El juez decidirá si lo acoge o no.

El Ministerio Público indicó que cuando se pide esto es porque existe una “carencia de contención y problemas en el hogar”. Sin embargo, recalcó, cada caso debe ser analizado de forma puntual, ya que enviarlo al PANI “tampoco va a ser la primera opción para cualquier persona menor de edad en conflicto con la ley”.

Por su parte, Ericka Leiva, jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, explicó que esta medida cautelar se impone cuando el indicio de comprobación en contra del menor no es “lo suficientemente fuerte”, cuando el imputado no cuenta con representación familiar y cuando las autoridades deben paliar peligros procesales, tales como mantener la distancia entre víctima y agresor, la fuga del sospechoso o la obstaculización de la pesquisa.

Mencionó que pueden imponer esa medida por un plazo máximo de seis semanas; no obstante, si el juicio no es señalado para antes de esa fecha, el juzgador puede ampliar el periodo.

“Usualmente, no superan los cuatro meses en los albergues”, agregó Leiva, quien no ocultó su preocupación porque considera que ese tipo de albergamiento no es el adecuado por la “poca seguridad” y atención que hay.

Actualmente, el Patronato confirmó que tiene a 78 menores bajo esta modalidad lo cual implica todo un reto para la institución por tratarse de jóvenes “conflictivos y, a veces, hasta agresivos”. Ellos están ubicados en albergues exclusivos.

Gladys Jiménez, presidenta ejecutiva del PANI, aseguró que esta población requiere de una “mayor atención por parte del equipo técnico y profesional por los comportamientos desafiantes que tiene”.

Debido a eso es que, según Jiménez, la entidad ha tratado de coordinar con jueces y fiscales para mejorar esta medida alternativa, ya que, en ocasiones, los juzgadores les envían menores no solo en conflicto con la ley, sino también con problemas de adicción a las drogas.

“A nosotros nos mandan menores que tienen problemas de adicciones con las drogas y eso debería ser enviado al IAFA; entonces, creemos que hay muchas oportunidades de mejora. Queremos una coordinación más clara, porque podríamos tener algunos perfiles no tan complicados si los jueces los ingresan a los lugares que corresponden”, recalcó.

La responsabilidad es del PANI

Una vez que son puestos en los hogares, el PANI es el encargado absoluto de los menores, mencionó Ericka Leiva.

Eso significa que esa entidad es la que define en cuál albergue los coloca, la atención que les darán, vigilar que no se fuguen y darles permiso para salir en caso de que los requieran.

“Nosotros, como jueces, no damos ningún plan; ellos lo deben hacer. Eso sí, nosotros, por medio de Psicología y Trabajo Social del Poder Judicial le damos seguimiento a lo que ocurre”, dijo Leiva.

Pero, antes de entender cómo es la dinámica, el Patronato indicó que en su mayoría, se trata de muchachos de entre los 12 y los 17 años y 11 meses.

Los delitos que se les atribuye van desde daños a la propiedad, desobediencia y robo agravado, maltrato animal hasta ilícitos graves como tentativa de homicidio, agresión con arma y abuso sexual a otro menor de edad, entre otros, confirmó el PANI.

Por su parte, Ericka Leiva detalló: “Muchos de los chicos que se reciben en materia penal tienen proceso de callejización, que no tienen familia o que tienen familia pero están en mayor riesgo con ellos”.

Agregó: “Generalmente, ya han vivido en albergues del PANI y terminaron delinquiendo”.

De los 78 que están bajo la responsabilidad del Patronato, solo 20 jóvenes están en dos albergues especializados de esa entidad; el resto están distribuidos en cuatro organizaciones no gubernamentales, con quienes el PANI tiene convenio. Se trata de Comunidad Encuentro; Génesis, Surgir y Renacer.

Recalcó que quienes están en esos hogares lo hacen de forma temporal, ya que siempre se busca colocarlos en alguna de esas ONG.

“En nuestros hogares son atendidos por psicólogos, trabajadores sociales, tutores. También los incorporamos al sistema educativo y coordinamos apoyo con el psiquiátrico o con el IAFA, en caso de que tengan adicciones”, mencionó Jiménez.

Agregó: “Con las ONG se les dan actividades de todo tipo: culturales, deportivas, de salud, educativos, de formación técnica, de terapia ocupacional, entre otras. Nosotros, como PANI, le damos seguimiento al trabajo que hacen con los chicos”.

Sin embargo, Jiménez indicó que, pese a las opciones que se tienen para ayudarlos, hay menores que desaprovechan la oportunidad y se fugan del albergue en el que están. Generalmente, acotó, se escapan por las noches para consumir droga.

“Muchos regresan al día siguiente, pero es una población que genera muchos retos”, concluyó Jiménez.

Pese a que vuelven, el PANI debe emitir un informe al despacho judicial cuando se da un incumplimiento de la medida impuesta.

La juzgadora Leiva explicó lo que ocurre en esos casos: “Se convoca una audiencia oral y, si se comprueba la desobediencia, se cambia la medida a una más fuerte que, en este caso, es enviarlo al centro especializado (cárcel para menores en Heredia)”.

Jueza: ‘El tipo de albergamiento del PANI no es el idóneo’

"Las medidas de seguridad de los albergues del PANI no son las de una cárcel. Hay guardas que tratan de contenerlos, pero si se escapan no los pueden retener, como sí lo harían en un centro penitenciario.

“El tipo de albergamiento del PANI no es el idóneo para ese tipo de población y eso hace que se involucren aún más en situaciones de conflicto tanto dentro del mismo albergue como al escaparse y cometer otros delitos afuera”, lamentó Ericka Leiva, jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil.

Para la juzgadora, en ese tipo de espacios “se debe contar con oficiales de seguridad, se debe tener un equipo interdisciplinario que los atienda y se deben tener un tipo de cuidadores que no sean las típicas tías de los albergues actuales”.

Añadió: “Se necesitan personas con una mayor capacidad y capacitación en cuanto a la contención de estos menores”.

Gladys Jiménez, presidenta ejecutiva del PANI, rechazó lo dicho por la juzgadora al asegurar que sí se tienen dos albergues especializados para esta población; es decir, aseguró que los menores infractores no comparten espacio con menores que están allí pero por otras situaciones.

“Los albergues del PANI son como una casa. En estos espacios especializados hay entre seis y diez muchachos. Conviven entre ellos y lo que sí hacemos es analizar el perfil de quienes ingresan para ver en cuál de los dos los colocamos”, detalló Jiménez.

Eso sí, recordó que, como los albergues funcionan más como una vivienda, “los muchachos llegan ahí a hacer una vida normal, que implica salir al colegio, al parque, a actividades recreativas, si hay que llevarlos al cine se hace. No están privados de libertad. Cuando el juez los manda es porque no pueden estar en la zona y eso significa que pueden hacer vida común”.

En cuanto a la atención técnica que reciben, la presidenta del PANI aseguró que las personas están capacitadas en realizar acompañamiento.

Mientras que sobre la seguridad dijo que siempre existe la posibilidad de que se fuguen.

¿Construcción o mejorar atención?

La jueza Leiva insistió en que, para hace dos o tres años, se había tocado la posibilidad de levantar un albergue especializado para esta población.

“Hubo un año que el PANI tuvo un superávit importante y había voluntad política para crear un albergue exclusivo para estos menores (...) Pero nunca se realizó”, lamentó la juzgadora.

La presidenta de la entidad indicó que, más allá de ese hecho que comenta la jueza, el lema actual es apostar por la desinstitucionalización de los menores.

“No queremos crear albergues solo porque sí, creemos más en la compra de servicios especializados; hemos privilegiado la contratación de servicios para la atención de esta población”, apuntó.

De todas maneras, contó que en diciembre pasado se suscribió un convenio de obra pública, con el que se busca construir 28 albergues, una dirección regional en Limón y varias oficinas locales. El plazo de entrega es de cinco años.

Todo tendrá un costo de cerca de $15 millones y, según Jiménez, ya todo cuenta con el aval de la Contraloría General de la República.