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A principios de junio del 2013, una vecina llegó a buscar al agricultor Juan Luis Quirós Cascante (primer juez de pueblo designado en el país, en Boca San Carlos) para plantearle que su marido, del que recién se había separado, vendió sin su consentimiento un terreno de su propiedad.
Cuando la mujer le dijo que pensaba viajar a los Tribunales de Justicia en Ciudad Quesada –distante cuatro horas en bus de Boca San Carlos–, Quirós le indicó que, quizá, hablando con su excompañero, podría evitar el largo viaje y lograr un arreglo satisfactorio para los dos.
Fue así como el exmarido y la mujer se sentaron a dialogar y, en solo 25 minutos, acordaron un arreglo amistoso: decidieron distribuirse en partes iguales el dinero producto de la venta del terreno.
Los jueces de pueblo, también llamados facilitadores judiciales, han logrado resolver el 80,2 % de los conflictos comunales desde que esta nueva forma de justicia se instauró en el país, en junio del 2013.
Los datos fueron revelados esta semana por el Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales, que cuenta con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Actualmente operan en el país 180 facilitadores judiciales en zonas rurales como Río Grande de Esparza, Isla Chira, Tárcoles, Mata de Plátano y Bijagual de Garabito, así como San Juan Chiquito, Salinas, Siquirres, Sarapiquí, Boca San Carlos, Guatuso y Barra del Colorado, entre muchos otros.
Estos costarricenses prácticamente poseen una respuesta para cualquier consulta de carácter legal que tengan los vecinos y cuentan con los conocimientos para intervenir en conflictos vecinales y lograr una solución pacífica en distintos temas, con excepción de materia penal y violencia intrafamiliar.
Las principales diferencias que encontraron solución tuvieron que ver con enfrentamientos por tierras, corta de árboles y propiedad de animales domésticos.
Acceso a la justicia. El magistrado Román Solís, coordinador de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), resaltó que los facilitadores hacen posible el acceso a la justicia para todos, algo a lo que aspira el Poder Judicial.
Tal es el caso del Carlos Sequeira, quien fue designado en Siquirres. “Para mí, es de lo más bonito que me ha pasado, por las facilidades que presto en mi comunidad, tales como orientación y capacitación. He aprendido sobre los deberes que tengo como persona”, comentó.
Un sentimiento similar expresó Frezy Marín Morales, facilitadora en Sarapiquí, Heredia.
“El trabajo que hago dentro de la comunidad me permite entender que la gente merece una mejor calidad de vida mediante el acceso a la justicia”, dijo.
Juez indígena. Heriberto Acosta Elizondo es facilitador judicial hace un año en Palenque Margarita, territorio indígena Maleku, en Guatuso, Alajuela.
Actualmente trabaja en construcción y labores agrícolas. Llegó hasta décimo año de colegio, pero el nombramiento lo motivó a seguir estudiando para concluir el bachillerato.
“Aún no ha tenido que resolver ningún conflicto, pero sí he recibido a vecinos que llegan a hacerme consultas, la mayoría por pensiones alimentarias, tierras y colindancias”, precisó. Según cuenta, quienes lo consultan siempre se van satisfechos.
“Me siento a gusto como facilitador, siempre he sido tranquilo y pacífico y tengo buenas relaciones con todos los lugareños”, concluyó este juez de pueblo, de 38 años. Colaboró el corresponsal Édgar Chinchilla
