El pasado jueves 22 de agosto, la Fuerza Pública clausuró dos chatarreras que aparentemente adquirían materiales robados de un edificio propiedad del Ministerio de Educación Pública (MEP). Se trata de una propiedad de 10.000 m² en estado de abandono, ubicada cerca de plaza González Víquez, en San José.
El edificio, según confirmó La Nación, está completamente vulnerado, a pesar de que el portón principal tiene candado. Las ventanas y puertas prácticamente desaparecieron. Además, se reporta una escasa vigilancia en el inmueble.
Debido a esta situación, el edificio se ha convertido en una fuente de extracción de cerchas metálicas del armazón, presumiblemente para su reventa. Para el mes de julio, ya habían desaparecido el cableado eléctrico, los vidrios y la loza sanitaria.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), las chatarreras intervenidas operaban sin permisos de funcionamiento y, presuntamente, adquirían los materiales saqueados. Tras uno de los operativos, se solicitó la colaboración del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) debido a la detección de presuntos materiales del edificio en cuestión.
El MSP también informó de que, aproximadamente, 52 personas han sido detenidas y presentadas ante la Fiscalía de Flagrancia desde marzo, tras ser sorprendidas invadiendo y destruyendo el inmueble.
Hasta junio del año pasado, la propiedad pertenecía a la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, que la alquilaba al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para el funcionamiento de talleres, a un costo mensual de ¢16 millones, los cuales se utilizaban para cubrir servicios.
Sin embargo, el 5 de junio del 2023, la Junta accedió a firmar un convenio con el Gobierno, representado por el MEP, para ceder el edificio por un período de 25 años. La firma del convenio se concretó el 9 de junio.
La Fuerza Pública intervino el edificio del MEP en plaza González Víquez, el cual se encuentra en estado de abandono. Foto: MSP
Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.
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