EscucharEl ingeniero Eduardo Armijo Carvajal descontará cinco años de prisión, luego de que la Sala Tercera de la Corte confirmara que es culpable del delito de estafa de mayor cuantía en perjuicio del Banco Central de Costa Rica (BCCR), pues entre los años 2001 al 2004, promovió la instalación del llamado Sistema Integrado de Seguridad Electrónica (SISE) en el Museo del Oro, el cual no sirvió y significó una pérdida de $594.000 (¢382 millones al tipo de cambio actual).
La resolución la adoptaron los magistrados el pasado 16 de diciembre, cuando declararon sin lugar el único motivo de casación admitido para conocimiento por el fondo y que fue interpuesto por las licenciadas Gianna Cersósimo D’Agostino y Adelia Olivares Ferreto, en su condición de defensoras particulares del imputado, según consta en el voto 001461, del expediente 08-000120-0621-PE.
A Armijo, de 69 años, se le concedió el sustituir la prisión por arresto domiciliario con monitoreo electrónico por un plazo de cinco años, durante los cuales deberá mantenerse en el sitio señalado como residencia y se le permitirá salir de dicho lugar solo por razones laborales, de salud, o educación, según la sentencia dictada el 5 de setiembre del 2019 por el Tribunal Penal de Hacienda, con sede en Goicoechea.
Adelia Olivares, una de sus defensoras, dijo que en este proceso todavía quedan algunas acciones legales que pueden emprender, pero alegó que no estaba autorizada por su cliente para hacer ningún comentario sobre ellas.
“Esto forma parte de un proceso judicial que se encuentra activo, entonces, por el momento, no me voy a referir a ello, ni lo haría por este medio tampoco. Procesalmente, todavía quedan un par de opciones, pero desde el punto de vista ético profesional, no puedo comentarlas con usted ni con nadie”, añadió Olivares.
En este mismo asunto se había condenado al empresario Rafael Ángel Campos Méndez, de 55 años, a descontar tres años de prisión también por el delito de estafa de mayor cuantía, pero le concedieron el beneficio de la ejecución condicional de la pena durante un periodo de cuatro años. Ambos sentenciados, de manera solidaria, deberán pagar al BCCR la acción civil correspondiente, cuyo montó se establecerá en la vía correspondiente, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Hacienda.
La importancia de instalar un sistema de alta seguridad en el Museo del Oro es porque en ese lugar, ubicado en el sótano de la plaza de la Cultura, en el centro de San José, se custodian colecciones, investigaciones, publicaciones y programas didácticos en los campos de arqueología, las artes visuales y la historia de la moneda en Costa Rica. Además, hay una extraordinaria colección de objetos en oro precolombino de incalculable valor no solo patrimonial.
Historia del caso
La Fiscalía de Fraudes detalló en la acusación que presentó en este caso que el hecho delictivo comenzó a desarrollarse desde noviembre del 2001, cuando el BCCR publicó un cartel para contratar un profesional en ingeniería que diseñara el SISE, en el Museo del Oro. El 5 de diciembre de ese año, mediante una compra directa, eligió a Eduardo Armijo para que diseñara el sistema y elaborara un cartel, en el cual se especificaran todos los requerimientos técnicos para seleccionar a una empresa.
Asimismo, el Banco Central amplió el contrato a Armijo, por la suma de $37.000, para que asesorara al BCCR sobre la escogencia del oferente más idóneo y, a la vez, se encargara de supervisar la instalación del sistema de seguridad.
Armijo, en un informe técnico que rindió el 30 de setiembre del 2002, recomendó que se contratara a la firma Exportaciones Tecnológicas del Sur (ETS), la cual era representada por Rafael Ángel Campos. El BCCR avaló la sugerencia y el 21 de octubre del 2002 adjudicó la obra a dicha compañía por un monto de $594,267.
El Ministerio Público en la acusación fiscal señaló que en aquel momento, Eduardo Armijo ocultó informar de que “él era socio de la empresa ETS y, como tal, tenía interés económico en que se le adjudicará el contrato a dicha compañía”. Además, atribuyó al acusado que el 22 de enero del 2004, como supervisor designado por la entidad bancaria, se encargó de recibir las obras indicando que ETS cumplió con todos los requisitos. Sin embargo, el sistema de seguridad nunca funcionó, señaló la Fiscalía.
Pruebas claves
Durante el debate que se realizó en el 2019, los jueces consideraron que los imputados eran culpables de los delitos que se les atribuían, pues conocieron pruebas suficientes para condenarlos.
Uno de esos elementos señalados fue el relato del testigo William Morales Ramírez, quien reveló que el ingeniero Eduardo Armijo, junto con él y otra persona de apellido Ariza, habían sido los fundadores de la empresa ETS a finales de 1999 e inicios del año 2000. Agregó que por desavenencias comerciales, él dejó la compañía unos 10 meses después de fundada.
“Si bien (Armijo) jurídicamente no figuraba de ninguna manera, en la realidad, era uno de los socios, recibía salario y dividendos, las funciones eran la de asesoría técnica, planos, contratación de empleados, dar las aprobaciones y tenía voz y voto en la compañía (...), era parte de la empresa por una negociación verbal, donde en apariencia no era socio, pero de hecho era socio y recibía la parte que le correspondía, tenía potestades y derechos adquiridos”, manifestó Morales en el debate.
Paralelamente, los jueces tomaron en consideración que Enrique Rojas Franco, como apoderado judicial de la empresa Sensormatic de Costa Rica S.A., entregó en enero del 2003 a José Francisco de Paula Gutiérrez, presidente del BCCR en aquel momento, una denuncia muy bien documentada en la cual exponía que Eduardo Armijo estaba vinculado directamente con la firma Exportaciones Tecnológicas del Sur S.A. y, que por tanto la adjudicación del sistema SISE en el Museo del Oro estaba viciada de nulidad. Empero, el BCCR no encontró anomalías.
Para los jueces, los documentos aportados por Enrique Rojas complementaron lo atestiguado en juicio por Morales
Luego de emitida la sentencia, en setiembre del 2019, Boris Molina Acevedo y Boris Molina Mathiew, anteriores abogados defensores del ingeniero, impugnaron el fallo ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, pero el 26 de agosto del 2020, el recurso de apelación fue rechazado y el pasado 16 de diciembre la condena la confirmó la Sala Tercera.
