El primer caso que se le atribuyó a Fausto Martín Rojas Araya se registró el 18 de octubre del 2017. Ese día, Quesada iba en un taxi a eso de las 6 a. m. y, tras la alerta del conductor, vio como el hombre violaba a la perrita. Ella acudió a la Policía; sin embargo, topó con algunas dificultades y desistió de poner la denuncia.

Nueve días después, el 27 de octubre de ese año, Joselyn Hidalgo Mena y Pablo Castro Castro observaron a Rojas violando la perra. Durante su testimonio, la mujer contó que la perrita se quejaba, por lo que ella y Castro, quien para entonces era su novio, fueron a la Fuerza Pública a poner la denuncia.

"Se acreditó penalmente que el 18 y 27 de octubre del 2017 usted (Rojas Araya) abusó sexualmente de una perra, accesándola carnalmente en el ano. Estos hechos fueron debidamente demostrados con prueba testimonial y también con prueba documental.

“Incluso, su misma abogada defensora consideró que la prueba que se recibió durante el juicio fue contundente y altamente esclarecedora de que usted, efectivamente, cometió esos dos delitos”, detalló Quintana, luego de dar a conocer que el sentenciado tendría que ir a prisión.

Según la juzgadora del Tribunal Penal de Pavas, se impusieron seis meses de cárcel por cada delito, para un total de 12, ya que ambos ocurrieron en momentos distintos.

Agregó que en este caso no se otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena, al considerar que Rojas no cumpliría con los requisitos que se le impongan debido a su estado de indigencia.

"Se ha valorado que usted es una persona en estado de indigencia y que si bien es cierto reporta un domicilio, no se ha aclarado específicamente el lugar donde usted vive. Además, los vecinos indican que usted es una persona que deambula por las calles, que es adicto a las drogas y el alcohol y esas condiciones determinan que en libertad usted no va a cumplir ninguna condición que se le imponga.

“También, personas que viven en Alajuelita han indicado que usted normalmente es visto por las calles en compañía de animales y se han valorado las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se dieron estos delitos, que fueron en horas del día, en presencia de terceros y en plena vía pública, a vista y paciencia de todas las personas que por ahí transitaban. Asimismo, usted no ha mostrado ningún arrepentimiento y para hacerlo venir a este debate tuvo que ser declarado rebelde”, argumentó Quintana.

Mientras la sentencia adquiere firmeza, Rojas, de 55 años, permanecerá en prisión preventiva, condición en la que está desde el pasado 29 de diciembre.

Durante el contradictorio, la fiscala Claudia Villafuerte pidió cuatro meses de prisión por cada violación, para un total de ocho meses, mientras que la abogada Maricruz Uba, presidenta de la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal (ABAA) y quien representó a la perra Ala, pidió un año por cada ilícito, para un total de dos.

En tanto, la defensa había solicitado tres meses por cada delito, para seis en total.

Actualmente, la perra vive en un albergue en Coronado.

Celebran condena

Maricruz Uba, de ABAA, y Rubén Rodríguez Pérez, presidente de la Asociación Cinológica Autonomía Nacional de Costa Rica (ACAN), celebraron la condena, que es la primera que se da desde que entró en vigencia la Ley Contra el Maltrato Animal, el 11 de junio del 2017.

Para ambos, la decisión genera un precedente, con el que las personas deberán pensar dos veces antes de maltratar o matar un animal.

“Me siento sumamente satisfecha. En este caso se hicieron las cosas bien, se cumplieron protocolos y la fuerza de los testigos es vital, es esencial. Él (el condenado) es un peligro para la sociedad, para la salud pública y yo felicito a la jueza porque fue un mensaje razonable y aplicado a la realidad (...). Se sienta un precedente, se hace historia”, aseguró Uba.

Por su parte, Rodríguez mencionó que con este caso se completó un ciclo después de la aprobación de la ley de maltrato animal, ya que en su momento hubo frustración porque no se lograba nada con las denuncias.

“En este caso la participación ciudadana fue clave, esos tres testigos vieron el dolor de esa perrita y eso permitió acreditar el hecho penal (...). El mensaje es que si ven a un perrito que es maltratado llamen al 9–1–1”, aseveró Rodríguez.

Segundo juicio

A finales de julio del 2019 se realizó el primer juicio por un caso de este tipo; empero, en aquella ocasión el Tribunal de Atenas absolvió a la mujer acusada por maltratar al perro Campeón en noviembre del 2017.

Los jueces acogieron en aquel momento la solicitud del Ministerio Público que argumentó que, pese a contar con videos, fotos y la epicrisis del veterinario, no se tenían pruebas suficientes para acusar a la sospechosa.

También basó su decisión en que el hermano de la acusada, quien era el testigo estrella del juicio, no llegó a declarar.

Para la Fiscalía, era vital el testimonio del hombre debido a que fue él quien alertó sobre el maltrato mediante mensajes de texto y video.

LEA MÁS: Tribunal absuelve a mujer acusada de maltratar perro en Atenas

Investigaciones complicadas

En reiteradas ocasiones el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha manifestado que carecen del personal y de los recursos materiales necesarios para atender los delitos fijados en la Ley Contra el Maltrato Animal.

La legislación introdujo una nueva sección en el Código Penal en la que se constituyeron tres delitos, penados con cárcel, que castigan la crueldad animal, la muerte dolosa (derivada de la crueldad y las peleas) y las peleas de animales.

Sin embargo, durante este tiempo han tenido que trabajar “con las uñas” para atender las denuncias recibidas sobre hechos delictivos que afectan animales y apelar a la colaboración del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), algunas ONG y veterinarios con los conocimientos necesarios.

LEA MÁS: Policía Judicial trabaja ‘con las uñas’ para investigar delitos contra animales

Información actualizada a las 5:19 p. m. con más datos del caso.