La impunidad que rodea el asesinato de la niña Josebeth Retana Rojas, ocurrido hace ya 15 años en Sarapiquí de Heredia, podría llevar a Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta posibilidad toma más forma debido a que la CIDH admitió para estudio una demanda contra el país presentada por los abogados y periodistas Rónald Moya y David Delgado, el 11 de febrero pasado.

Esta petición se tramita bajo el expediente N.° P-366-20, confirmaron los abogados.

Para ellos, las autoridades judiciales “dejaron prescribir” el caso. “El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) presentó oportunamente a la Fiscalía General sendos informes conclusivos con suficiente prueba indiciaria que individualizaba como único sospechoso a un vecino de la menor asesinada”, indicaron.

Además, agregaron: “No obstante, la Fiscalía no realizó ningún acto para elevar el caso al control jurisdiccional, de manera que se pudiese determinar si existía mérito o no de someter al sospechoso del homicidio a un contradictorio, provocando entonces impunidad”.

Por lo tanto, la denuncia pretende que el caso sea elevado a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que allí “se declare la responsabilidad del Estado costarricense por la violación de los derechos humanos en perjuicio de Josebeth y sus familiares”.

Responsabilizan a fiscala general y dos jueces

Luego de que Moya publicara el libro La Niña olvidada. Crónica no contada de una muerte impune (2019), surgió en el abogado y su colega Delgado, la necesidad de hacer más por este caso, ya que, en esa obra, los agentes judiciales que participaron en la investigación señalan a la Fiscalía General de la República por haber dejado impune el homicidio.

Por ello, en la denuncia ante la CIDH se señala como responsable a Emilia Navas Aparicio, hoy fiscala general de la República, y a Minor Jiménez Alvarado y Luis Alberto Soto Barrantes, jueces penales de Puriscal y Nicoya, respectivamente.

Para el momento de los hechos, Navas Aparicio era la fiscala adjunta de la provincia de Heredia y autorizó el archivo del caso por parte de la Fiscalía de Sarapiquí, la cual estaba bajo su jurisdicción, señalan en la denuncia.

Mientras que Jiménez fue el fiscal encargado de la investigación del caso y Soto fue el fiscal que dictó la resolución mediante la cual se archivó el expediente del asesinato en el 2017.

Moya y Delgado recalcaron que Jiménez fue “cuestionado con frecuencia por los oficiales del OIJ por no prestar atención a los informes que se le presentaron sobre el homicidio de la niña”.

En el caso de Soto, agregaron, les sorprende que él dictara el archivo, cuando ni siquiera había participado en la indagación.

Siendo así, los peticionarios aseguraron que, en este caso, el Estado cometió una violación al derecho de protección judicial y garantías judiciales, violación del derecho a la vida y violación de los derechos del niño.

Se le pidió un criterio a Navas sobre el hecho de que la CIDH admitiera para estudio esta demanda; sin embargo, la oficina de prensa de la Fiscalía indicó que no conoce del proceso, ni ha recibido notificación alguna.

También se le pidió opinión a los dos jueces pero la oficina de prensa del Poder Judicial no respondió al correo enviado la tarde de este miércoles.

Una muerte que quedó en nada

El 5 de setiembre del 2005, Josebeth Retana, de ocho años, salió de clases a las 2:40 p. m. y emprendió sola el viaje de un kilómetro de regreso a su vivienda, en Ticari de Horquetas de Sarapiquí, Heredia.

Según informes del OIJ, que fueron dados a conocer en el 2012 por este medio, siete personas aseguraron haberla visto caminando sin compañía hacia su vivienda.

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A eso de las 3:30 p. m. de ese día, otro niño la observó avanzar, mientras ella cargaba un jeans que otra chiquita le regaló.

La última vez que Josebeth fue vista, estaba sentada debajo de un árbol y luego siguió hacia una plantación de palmito de pejibaye.

La Policía Judicial presume que ahí fue donde el asesino la interceptó. En un momento dado la habría golpeado levemente en la cabeza para dejarla inconsciente y así poder meterla en un saco de fibra sintética, que dejó en un río.

A las 5 p. m., Josebeth aún no había regresado a su vivienda, por lo que su madre, Maribel Rojas, fue a buscarla a la escuela y al ver que no estaba allí, alertó a las autoridades.

La búsqueda duró tres días sin dar resultado. No fue hasta el 11 de setiembre cuando un pescador reportó haber encontrado el cuerpo de la niña dentro de un saco, que estaba en la quebrada Lajas.

La menor estaba en posición fetal y con su uniforme puesto. Eso sí, no tenía ropa íntima, el pantalón no tenía botón y la cremallera estaba descosida.

Según un reportaje de este medio en el 2012, la Policía Judicial indicó que en el cuerpo no encontraron indicios de acto de defensa. Se descartó también la violación.

Además, ella portaba todas sus pertenencias: el salveque rosado con sus cuadernos y el pantalón que recién le habían regalado.

En la ropa de la niña se encontraron vellos púbicos de un vecino de la zona, de apellido Salamanca, y de Rojas, la mamá. Sin embargo, para la Fiscalía, estos indicios generaban dudas.

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En el 2015, ante una consulta de este medio, el Ministerio Público aclaró que la prescripción de este caso no ocurrió a los diez años de haberse dado el homicidio, como sí ocurre cuando la víctima es mayor de edad.

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Desde el 2012, el Código Penal establece que en casos de delitos en perjuicio de niños o adolescentes, el expediente se archiva diez años después de que la víctima hubiera cumplido los 18 años. Esto significa que la Fiscalía tiene hasta el 2025 para encontrar al asesino de Josebeth Retana.

Entonces, hace cinco años, el Ministerio Público indicó que se iba a hacer una revisión del expediente para ver qué medidas se podrían tomar para, eventualmente, revivirlo.

Ante una consulta de este medio, la oficina de prensa de la Fiscalía informó de que, pese a la revisión, la investigación no se reabrió.