EscucharDos empresarios recibieron, este miércoles, una leve pena por parte del Tribunal Penal de Hacienda por el delito de estafa, al venderle al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 112 chalecos antibalas de baja calidad, en el 2005.
Los sentenciados a tres años de prisión son Ángel Guillermo Bilak Goldschmidt y Beatriz Dory Bron Steimberg; sin embargo, ellos recibieron el beneficio de la ejecución condicional de la pena, lo cual implica que no irán a la cárcel si durante cuatro años no cometen delitos con castigos superiores a los seis meses.
El delito de estafa tiene una sanción máxima de 10 años de prisión, según el Código Penal.
Por otro lado, se absolvió al administrador del OIJ, Mauricio Fonseca Umaña, quien fue acusado por la Fiscalía por el delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados.
Según los jueces, Fonseca recibió los chalecos sin tener conocimiento de la existencia de algún peritaje, el cual señalara que las unidades eran de baja calidad.
Los jueces Alfredo Arias, Susan Wittmann y Andrea Víquez declararon con lugar la acción civil resarcitoria en favor del Poder Judicial, para que los empresarios paguen los $32.000 que costaron los chalecos, de forma solidaria con la firma Armiel Internacional, la cual ganó la licitación.
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Beatriz Bron Steimberg, una de las representantes de la firma Armiel Internacional, fue condenada a tres años de prisión con ejecución condicional. El otro sentenciado es Ángel Guillermo Bilak Goldschmidt. | JONATHAN JIMÉNEZ. (Jonathan Jiménez)
Sin protección. El juez Arias explicó que, por unanimidad, consideraron que los chalecos adquiridos no eran de la calidad III-A como se había pedido, para que soportaran impactos de bala de calibre 9 mm y superiores. Los jueces creyeron en la declaración de dos agentes del antiguo Servicio Policial de Intervención Inmediata (SPII) y de la agente del OIJ que llevó la pesquisa, Gabriela Fonseca.
Los dos oficiales del SPII habían declarado que cuando los empresarios llegaron a entregar los chalecos, ellos los revisaron y tuvieron dudas, por lo que uno de ellos se opuso a que fuesen recibidos por la Administración.
La agente Fonseca relató que durante una prueba que se hizo en un polígono privado, se comprobó que las balas superiores a los 9 mm atravesaban los chalecos.
El juez Arias expresó que, pese a los cuestionamientos que recibió una prueba balística francesa, no la desecharon. Este peritaje concluyó que los chalecos eran de un nivel de protección inferior al III-A.
Sorprendido. Erick Lizano, abogado de los empresarios, dijo sentirse sorprendido, porque el perito forense, que realizó las pruebas a los chalecos, manifestó en el juicio que estas unidades sí eran de la protección para los cuales se compraron.
“Esperaremos la sentencia íntegra para valorar los aspectos técnicos y legales para tomar una determinación. Nos llamó la atención que se le haya dado un criterio preliminar para efectuar condenatoria, cuando logramos demostrar la cobertura que tenían los chalecos. En todo caso, vamos a esperar el fallo completo”, sostuvo.
Los jueces desecharon una prueba que la Fiscalía obtuvo del fabricante de los chalecos, en Israel, que decía que las unidades vendidas eran de una protección menor, pues no cumplía con requisitos para ser admitida.
