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Un fotógrafo de apellidos Núñez Romero admitió que formó parte de una red de pornografía infantil para acogerse a un proceso abreviado.
El hombre, de 39 años, reconoció su culpabilidad ante las juezas Irena Barrantes y Viviana Obando, así como ante el juez Roberto Díaz este martes, cuando estaba previsto el inicio del debate en su contra en el Tribunal Penal de San José.
Tras escuchar al sujeto, se le dio audiencia al Luis Quesada, quien estuvo de acuerdo en que el proceso se realice de manera abreviada para que la víctimas no acudan al juicio.
A Núñez se le acusa por los presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, violación, producción y difusión de pornografía infantil y asociación ilícita en perjuicio de 26 menores con edades entre los 11 y 17 años, quienes aspiraban a ser modelos.
Este martes, la oficina de prensa del Poder Judicial informó de que los jueces todavía se encontraban resolviendo y para eso “tienen varios días”, antes de dictar sentencia.
Por su parte, la Fiscalía dijo que brindarán la información hasta que el abreviado esté en firme.
Operación de ocho años
De acuerdo con la investigación de este caso, la organización a la que pertenecía Núñez operó en Costa Rica del 2009 al 2017, año en el que la Policía Judicial desplegó varios allanamientos para su desarticulación.
Junto a él laboraba Elías Solano Corrales, quien ya se había acogido a un abreviado en el que se le condenó a 39 años de cárcel.
La investigación de los hechos comenzó en el 2015, cuando una mamá los denunció.
Al parecer, el grupo reclutaba a muchachas menores de edad para, supuestamente, convertirlas en modelos y, cuando las citaban a una sesión las llevaban a una sala aparte, separándolas de sus madres.
El día de la desestructuración del grupo, el OIJ dijo que, supuestamente, los sujetos pedían a las aspirantes a modelo que se desnudaran y era entonces cuando abusaban de ellas y las grababan. Si estas se negaban, les decían que iban a matar a sus mamás.
Según las autoridades, los hombres comercializaban los videos que grababan en diversos países de Europa, Asia y América.
Esta investigación realizada por el OIJ fue designada la investigación del año en el 2017, ya que los sospechosos utilizaron la web profunda para la difusión de los videos.
Además, el ingreso desde Costa Rica estaba bloqueado.
Con ese panorama, los agentes tuvieron que utilizar un software especial durante el desarrollo de las pesquisas.
