Katherine Chaves R.. 28 agosto, 2017

"Ella omite un acto propio de sus funciones, el cual es revisar si el menor, que tenía 5 años en ese momento, tenía el permiso correspondiente para salir del país. Esa circunstancia desencadenó que el niño saliera con su madre y sin el permiso del padre y que, al día de hoy, se desconozca a ciencia cierta su paradero".

Con esas palabras, la fiscala Sussie Valverde Ávila señaló que "una omisión intencional" de Ileabeth Eras Vargas, exempleada de la Dirección de Migración y Extranjería, permitió el egreso del menor de Costa Rica, en el 2013.

El reproche se dio en el arranque del juicio en contra de Eras Vargas, quien es acusada de cometer un delito de incumplimiento de deberes. El Ministerio Público solicitó la pena máxima, que es de cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Se espera que este martes sea dictada la sentencia en el Tribunal Penal de Goicoechea.

Los hechos que se juzgan se remontan al 23 de junio del 2013, cuando la mamá sacó al niño del país por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en Guanacaste. Por tratarse de un menor de edad, ambos padres deben autorizar el viaje; no obstante, en este caso, el papá había revocado el permiso desde agosto del 2012.

Entonces, según la acusación de la Fiscalía, si Eras hubiese hecho la verificación correcta en el sistema, se hubiese dado cuenta de la restricción y hubiese impedido su salida.

Esa situación provocó que ella fuera despedida de su trabajo, casi un año después de lo ocurrido.

El juicio se realiza, desde este lunes, en el Tribunal Penal de Goicoechea.
El juicio se realiza, desde este lunes, en el Tribunal Penal de Goicoechea.
'Fue estrictamente doloso'

"A Rodrigo (Orlich, padre del menor) se le genera una alerta en su interior en el entendido de que la madre podía sacar a su hijo sin su permiso y por eso decide revocar el permiso desde un año antes de la salida del menor.

"La revocatoria que queda en el sistema dice: 'Se procede a revocar el permiso porque el padre está en trámite de divorcio y teme que la madre, que es venezolana, lo saque del país sin su consentimiento'. Don Rodrigo sabía que podía ocurrir y tomó medidas", ahondó la fiscala.

No obstante pese a que "la principal labor" de Eras Vargas era cotejar los requisitos de una persona que quisiera ingresar o salir del país, ella no lo hizo, insistió Valverde.

"En el sistema se informa cuál era el estado del permiso del menor. Dentro de la función que tenía ella (Eras Vargas) era cotejar de manera detallada, así pasaran un millón de personas al día, el millón de veces las tiene que cotejar y, si tiene que abrir cinco pantallas por cada uno, pues abre las cinco pantallas", aseveró la fiscala.

En ese sentido, Valverde rechazó que la situación se tratara de un error involuntario o de un error en el sistema. "Fue estrictamente doloso", puntualizó la fiscala.

Agregó: "No se concluye que fue negligencia o un error, porque los testigos que conocen y que han trabajado con ese sistema han sido coherentes en decir que, cuando sale una persona menor de edad, hay que revisar la condición de su permiso. Es lo primordial".

También refutó la línea de la defensa, la cual aseguró que no se podía afirmar al cien por ciento que había sido Eras Vargas quien autorizó la salida. Esto, pese a que ella fue quien firmó el documento de salida del menor del país.

"No hay un insumo probatorio que haga dudar que alguien más haya utilizado el usuario de Eras Vargas para autorizar la salida del menor. Es evidente que fue ella quien omitió esa labor de revisar el permiso", alegó.

Bajo esa situación, la Fiscalía pidió la pena máxima en contra de Eras Vargas por el delito de incumplimiento de deberes.

"Las condiciones de ella eran diferentes. Tenía tiempo de laborar ahí (Migración), estaba laborando en ese puesto desde julio del 2012. Tenía experiencia y, si nos vamos a la prueba testimonial, se dijo que ven 20.000 personas al día. Imagínese, señora jueza, el conocimiento que tiene la imputada en la materia", concluyó.

'No hay certeza de nada'

Por su parte, la defensa de la imputada insistió en dos puntos. El primero es que no hay certeza de que fue Eras Vargas quien colocó el sello de salida en el pasaporte del menor y de su madre, puesto que, insistió, los cubículos no tienen seguridad.

El segundo punto es que la madre del menor siempre solía salir del país por el aeropuerto internacional Juan Santamaría, en Alajuela. Empero, cuando decide sacar al menor, lo hace por el puesto fronterizo de Peñas Blancas.

"¿Será que alguien le dijo que el sistema en ese puesto era vulnerable?", cuestionó en repetidas ocasiones, Elida Brizuela, abogada de Eras.

Asimismo, aseveró que no existe ninguna prueba que indique que la exfuncionaria haya obtenido "un beneficio patrimonial por esa supuesta actuación suya".

Procuraduría pide ¢1 millón para resarcir daño

La Procuraduría General de la República, que se ha constituido como actor civil en representación del Estado, solicitó una indemnización de ¢1 millón.

La petición la hizo Paola Madriz, procuradora de la Ética, luego de que insistiera en que la tesis de la defensa "queda completamente descartada".

"No tenemos dudas en que se ha demostrado en su totalidad la tesis del Ministerio Público, sobre la omisión de Eras Vargas de verificar en el sistema si el menor podía salir del país con solo uno de sus padres. Es una omisión que trajo serios daños directos su padre, pero que también afecta a la sociedad en general", apuntó.

Madriz insistió en que la imagen del sector público, específicamente la de la Dirección General de Migración y Extranjería, fue perjudicada con la actuación de Eras Vargas.

"Su padre tiene más de cinco años de no ver a su hijo. Esta acción genera un daño. La omisión genera desconfianza en todos los costarricenses. Todos aquellos que tenemos hijos tenemos desconfianza en Migración. Saber que eso puede pasar con alguno de nuestros hijos nos asusta y es un daño que se debe resarcir", concluyó.