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La lentitud de los jueces penales para resolver las solicitudes para realizar allanamientos o levantar el secreto bancario pone en riesgo la realización de las investigaciones.
El reclamo lo hizo público este lunes la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, durante una comparencia que hizo ante la Corte Plena y la cual duró una hora y media.
La funcionaria explicó que la emisión de una orden de allanamiento en diligencias que se consideran urgentes en ocasiones se demora de ocho a 15 días. Igualmente, hizo ver que el levantamiento del secreto bancario tarda de seis a ocho meses.
"Hay factores externos (a la Fiscalía) que para nosotros son un obstáculo y es la lentitud en la resolución de las gestiones de prueba que pedimos a los jueces.
"Estamos haciendo gestiones, sobre todo en cierto tipo de delincuencia como son delitos económicos, fraudes, delitos informáticos, en que se hacen gestiones como levantamiento de secreto bancario y pasan seis, siete, ocho meses en que las gestiones no son resueltas. Y se piden diligencias de allanamiento que urgen y son resueltas ocho, diez o 15 días cuando ya la urgencia pasó.
“Queremos hacerlo ver porque los casos se atrasan no necesariamente por una debilidad en la labor de los fiscales, sino porque aunque hacemos gestión de diligencias de investigación urgente, no recibimos una respuesta lo suficientemente rápida de parte de los juzgados penales”, dijo Navas a los magistrados.
La queja surtió efecto pues la magistrada Sandra Zúñiga, de la Sala Tercera, dijo que ante esa tardanza en la respuesta de la jurisdicción se deben coordinar esfuerzos para remediar esa situación.
Igualmente el presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, instó a Emilia Navas a enviar un reporte mensual sobre los casos de atrasos en los cuales pidió que se mencione si la tardanza es excesiva.
“En algunos casos se llega a una práctica que casi se malogra el caso (...) eso me parece que puede tener muchas razones, pero si me parece necesario que el Ministerio Público envíe esa información mensualmente (...) para que presidencia lo pueda evaluar, porque me parece que es muy grave lo que usted señala”, manifestó Cruz.
Este punto fue uno de los más importantes que mencionó Emilia Navas durante el informe de labores que rindió ente lunes ante la Corte Plena, al cumplir poco más de un año en la jefatura del Ministerio Público.
Navas llegó al cargo de manera interina en octubre del 2017, y en marzo su nombramiento fue confirmado con el voto de los 22 miembros de la Corte.
La comparecencia inició a las 11 a. m. con 50 minutos de retraso debido a que los magistrados estaban conociendo un tema privado. La exposición con un período de preguntas y respuestas terminó a las 12:30 p. m.
Casos en trámite
Emilia Navas, durante la exposición, también se refirió a la cantidad de casos conocidos. Según precisó, durante el 2018 ingresaron 215.406 asuntos, de los cuales 29.377 fueron finalizados con una acusación. De estos últimos, el 69% resultó con sentencia condenatoria.
La funcionaria enfatizó que, dentro del conjunto de delitos en los cuales se ha ejercido la acción penal, el énfasis radica en los relacionados con la delincuencia organizada, tales como narcotráfico, legitimación de capitales, económicos, fraudes y trata de personas.
Citó, que por ejemplo, que en narcotráfico se concluyeron 2.506 casos, de los cuales en 1.047 hubo acusación. Eso representa un 41,8%. En ese tipo de delitos se tiene un 77% en sentencias condenatorias y un 2,5% de absolutorias.
En legitimación de capitales se finalizaron 97 expedientes, de los cuales 19 fueron acusados, pero solo un caso fue a juicio que resultó con condena.
La fiscala dijo que otro tema relevante son los asuntos indígenas, que actualmente registran 435 causas, de las cuales 91 resultaron con acusación.
Uno de esos asuntos, dijo, trata de un problema de propiedad que procura la devolución de las tierras ancestrales a los verdaderos dueños. En ese proceso se acusó a 41 personas no indígenas por poseer, al parecer ilegalmente, terrenos dentro del territorio indígena de Salitre. Ese expediente se encuentra a la espera de audiencia preliminar en el Juzgado Penal de Buenos Aires.
Corrupción
La jerarca del Ministerio Público, al precisar las labores que se realizaron en el campo de la corrupción, dijo que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) estableció un nuevo método de organización administrativa y de funcionamiento para mejorar el trámite de los asuntos.
“Actualmente se cuenta con 436 causas activas de las cuales 60 han sido acusadas. La Fiscalía General remitió 93 causas a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para su estudio, análisis y seguimiento, las cuales se encuentran activas e incluidas en planes especiales de priorización por rezago.
"Uno de los casos emblemáticos es uno en el cual se acusó a doce personas, incluyendo un exdiputado, por actuaciones ilícitas relacionadas con nombramientos irregulares y peculado”, manifestó.
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También hizo mención que hay 46 casos en investigación contra funcionarios de los Supremos Poderes.
Finalmente, Fernando Cruz pidió a la fiscala que le explicara en qué situación se encontraban siete asuntos que desde el 2016 viene solicitando información y no ha obtenido respuesta.
Dijo que se trataba de una denuncia por el presunto mal manejo financiero en la Caja Costarricense del Seguros Social (CCSS), las anomalías en la construcción de la ruta 1856 (la trocha), la concesión de la ruta 27, el caso de la refinería china, también conocido como Soresco; la fallida construcción de la carretera a San Ramón, la causa contra la exdefensora de los Habitantes Ofelia Taitalbaum y el denominado caso Procesos, que es una contratación de asesorías por parte de Recope.
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Al respecto, Navas respondió que el caso la trocha esta acusado y solo se espera la audiencia preliminar; el caso de Ofelia Taitalbaum esta en espera de la realización del juicio.
En cuanto a los asuntos de la Caja, la concesión de la ruta 27, la construcción de la carretera a San Ramón y Soresco, indicó que siguen en investigación.
La fiscala dijo no recordar que había sucedido con el caso Procesos. En una publicación de La Nación –de julio del 2016– se da cuenta que el Ministerio Público exoneró del delito de tráfico de influencias a nueve personas por un contrato de asesoría en relaciones públicas y comunicación firmado en octubre del 2011, entre la empresa Procesos, Investigación y Asesorías y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
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