EscucharLa Fiscalía abrió una investigación al exjefe de Protocolo de la Casa Presidencial en el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006), Jorge Arturo Arce Lara, como sospechoso del delito de estafa.
La pesquisa comenzó en abril pasado, luego de que cinco inversionistas extranjeros lo denunciaron pues afirman que le entregaron dinero para inversiones y no recibían los pagos acordados.
Los supuestos afectados aseguraron que el perjuicio económico asciende a $1 millón.
Luego de que Arce fue indagado ayer de 9 a. m. a 12:30 p. m., la Fiscalía Adjunta de Fraudes solicitó al Juzgado Penal de San José, y este acogió, medidas cautelares como impedimento de salida del país, entrega del pasaporte, presentación a firmar una vez al mes y una fianza de ¢20 millones.
Francisco Campos Aguilar, abogado de Jorge Arce Lara, dijo al concluir la indagatoria que los denunciantes “están usando la vía penal como un método cobratorio”.
Asimismo, el abogado advirtió: “Jorge tiene varios meses de estar buscando un arreglo integral. Lo que pasa es que muchas de las partes cuando usted les ofrece un arreglo, lo que piensan es que es en efectivo y de inmediato. En este momento lo que no hay es liquidez”.
Campos afirmó que tanto su representado como la familia están en la mayor disposición de hacer frente a las deudas: “Hay de sobra para poder cubrir la totalidad de los pasivos. Siempre ha habido la mejor voluntad de tratar de buscar un arreglo”.
Hecho. Jorge Arce apareció en la función pública en mayo del 2002, al ser nombrado jefe de Protocolo de la Casa Presidencial, cargo en el que se mantuvo hasta mayo del 2005, cuando renunció tras varios cuestionamientos.
Arce estableció luego una oficina a la que llamó JD Cano Estudio Legal, con el fin de dar “asesorías integrales” a los clientes.
Una ciudadana de origen británica, quien es dueña de un restaurante en San José, dijo en una denuncia que presentó en abril pasado a la Fiscalía, que en julio del 2013 recibió una llamada de Arce para ofrecerle los servicios de intermediación financiera.
Dijo que en ese momento le prometió pagar elevados intereses y garantías hipotecarias, según consta en el documento presentado ante la Fiscalía, del cual tiene copia La Nación.
La quejosa explicó que el 26 de julio del 2013, tras varias negociaciones, invirtió $300.000, pero, pese a que le ofrecieron crear una garantía hipotecaría, el documento no se confeccionó cuando entregó el dinero.
Según la denunciante, fue en febrero pasado cuando se percató de que existían anomalías en el proceso, por lo cual le pidió a Arce la devolución del dinero. Agregó que debido a que las gestiones no fructificaron, presentó la denuncia ante el Ministerio Público.
Una situación similar describió en otra demanda un salvadoreño, quien invirtió $60.000.
Con fundamento en las cinco denuncias, fiscales de Fraudes, con el apoyo de oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanaron el miércoles las oficinas de JD Cano Estudio Legal, en barrio Escalante, San José, y la casa de Arce, localizada en Santa Cecilia de Heredia.
En los operativos se decomisaron documentos y computadoras que, según la Fiscalía, son pruebas importantes por analizar en este proceso. Finalmente, el abogado Campos dijo que a muchos de los denunciantes ya se les hizo pagos en diversas fechas.
