Carlos Arguedas C.. 1 marzo
El empresario Samuel Yankelewitz compareció ante la Asamblea Legislativa el pasado 21 de febrero, donde se abstuvo de declarar.
El empresario Samuel Yankelewitz compareció ante la Asamblea Legislativa el pasado 21 de febrero, donde se abstuvo de declarar.

El Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José impuso cinco meses y 14 días de arresto domiciliario al empresario Samuel Yankelewitz Berger, de 79 años, mientras se le sigue una causa como sospechoso de cuatro delitos de estafa.

La información fue confirmada por el Poder Judicial en su cuenta de Twitter, en la que se precisa que la medida cautelar vence el 14 de agosto próximo. Durante todo ese periodo, Yankelewitz no puede acercarse a empleados de Yanber, diputados o testigos.

Originalmente, la Fiscalía de Delitos Económicos había solicitado un año de prisión preventiva, durante la audiencia de medidas cautelares, que empezó a las 2 p. m. en una sala de los Tribunales de Justicia de San Jose.

Yankelewitz, ex dueño de la Comporación Yanber, había quedado detenido desde las 9 a. m. de este jueves, luego de que rindió declaración indagatoria precisamente en la Fiscalía de Delitos Económicos, cuyas oficinas están en el segundo piso del edificio de los Tribunales de San José.

El empresario es sospechoso de participar en una posible fraude a bancos por la suma de ¢13.723 millones, en el llamado caso Yanber.

(Video) Fiscalía deja detenido a Samuel Yankelewitz luego de declarar por caso Yanber

Para las autoridades judiciales en los hechos investigados presuntamente tienen participación Yankelewitz y otros cuatro exfuncionarios de la empresa Yanber. Se trata del exgerente general, de apellidos Soto Bolaños; de los exgerentes financieros apellidados Paniagua Moya y Sandí Sandí, así como del exdirector financiero, Brenes Chaves.

El pasado 16 de febrero, el Juzgado Penal de San José dictó contra estos últimos, seis meses de prisión preventiva, que vencen el próximo 16 de agosto, comunicó la oficina de prensa del Poder Judicial.

El 21 de febrero, Samuel Yankelewitz y su hijo Ándres (exvicepresidente de la misma empresa), se abstuvieron de declarar ante la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios del Congreso.

Ambos se acogieron al artículo 36 de la Constitución Política, para no responder las preguntas de los diputados de ese foro legislativo.

Acción judicial

La acción judicial en la empresa Yanber, dedicada a la fabricación de plástico, empezó el 13 de julio del 2016, cuando el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) interpuso una denuncia por un supuesto fraude de $6 millones (¢3.456 millones) y ¢2.172 millones.

Sin embargo, investigaciones determinaron que los líos financieros en la compañía habían iniciado desde el 2010.

En setiembre del 2011, un informe interno de la firma, del cual tiene copia La Nación, reveló el uso de doble contabilidad, facturación fantasma y una planilla oculta, entre otras anomalías, que llevaron a la empresa a solicitar un proceso concursal para evitar la quiebra, en junio del 2015.

Precisamente, esa gestión la presentó Yanber siete meses después de que había recibido créditos de varios entes financieros.

Luego de la denuncia del BNCR, también se quejaron por fraudes el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco de Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), así como la Corporación Financiera Cofin.

El BCR reclama ¢6.975 millones y Bancrédito otros ¢1.120 millones. El monto de lo presuntamente estafado a Cofin aún no está determinado.

El pasado 14 de febrero agentes del OIJ con la dirección funcional del Ministerio Público allanaron las casas de Soto, Paniagua, Sandí y Brenes, a quienes se arrestó.

El exgerente general de Yanber, de apellidos Soto Bolaños, fue detenido en su casa en residencial Monte Alto en Granadilla de Curridabat. Foto Alonso Tenorio
El exgerente general de Yanber, de apellidos Soto Bolaños, fue detenido en su casa en residencial Monte Alto en Granadilla de Curridabat. Foto Alonso Tenorio

En esa ocasión, a Yankelewitz no se le detuvo debido a que el pasado 12 de enero tuvo un problema cardiaco, pero desde ese momento se le impusó impedimento de salida del país.

Reacción de empresarios

Samuel Yankelewitz fue por 11 años presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), de 1995 al 2006.

Precisamente, esa organización envió un comunicado de prensa en el que reintera su respaldo a la investigación que realiza el Ministerio Público, luego de conocerse la detención de su expresidente.

"En Uccaep somos respetuosos de la institucionalidad del país y del debido proceso que se debe seguir en estos temas; no somos jueces, pues ese trabajo le corresponde al Poder Judicial, pero sí solicitamos, al igual como lo hicimos con el llamado caso del 'cementazo', que se llegue hasta las últimas consecuencias.

Una vez que exista una sentencia por parte de los estrados judiciales, Uccaep tomará las decisiones que se ajustan a nuestros estatutos y normas internas, el cual no permite mantenerle el título de Presidente Honorario a una persona que haya sido sentenciada por delitos como los que se atribuyen en este caso”, dice el comunicado.

Penas por estafa

El Código Penal en su artículo 216 establece las siguientes penas para el delito de estafa:

  • Quien induciendo a error a otra persona o manteniéndola en él, por medio de la simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesione el patrimonio ajeno, será sancionado en la siguiente forma:
  • 1) Con prisión de dos meses a tres años, si el monto de lo defraudado no excediere de diez veces el salario base.
  • 2) Con prisión de seis meses a diez años, si el monto de lo defraudado excediere de diez veces el salario base.
  • Las penas precedentes se elevarán en un tercio cuando los hechos señalados los realice quien sea apoderado o administrador de una empresa que obtenga, total o parcialmente, sus recursos del ahorro del público, o por quien, personalmente o por medio de una entidad inscrita o no inscrita, de cualquier naturaleza, haya obtenido sus recursos, total o parcialmente, del ahorro del público.