Firmar cada dos meses, impedimento para salir del país así como para acercarse a los cuatro denunciantes son las medidas que le impuso el Juzgado Penal de Goicoechea a Javier Chaves Bolaños, presidente de Aldesa, quien quedó en libertad esta tarde.
Estos fueron los resultados de la audiencia realizada este martes, luego de que el empresario fuera detenido el lunes, en medio del allanamiento a esa firma.
De incumplir alguna de las medidas dictadas, Chaves se expone a la imposición de otras más gravosas, incluyendo la prisión preventiva.
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A él se le atribuyen presuntos delitos de estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento de cheques sin fondos, autorización y publicación de balances falsos, autorización de actos indebidos e incumplimiento de deberes. Su causa se sigue mediante el expediente 19-157-1220-PE.
“En el estado que está la investigación, en fase inicial, eran predecibles este tipo de medidas, por lo que también ha habido mucha presión en redes sociales y medios; sin embargo, las consideramos innecesarias porque don Javier siempre ha dicho que no va a salir del país y no va a eludir la acción de la justicia”, manifestó Francisco Campos, abogado de Chaves.
Campos precisó que las personas a las que el presidente de Aldesa no puede acercarse, de acuerdo con la orden del juez, son tres particulares y representantes de la Asociación Solidarista de Empleados de Corporación D.S.A. y Afines.
El defensor insistió en que como ha dicho su representado, “la falta de liquidez es temporal porque se cuenta con activos que van a cubrir la totalidad de los montos”.
La causa se relaciona la denuncia por suspensión de pagos a unos 500 inversionistas que aportaron cerca de $200 millones.
Según Campos, lo único que habían solicitado, dijo, era tiempo y por eso la gestión realizada en marzo ante el Juzgado Concursal de San José.
Solo un imputado
La Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual informó de que, por el momento, solo él figura como imputado por los seis delitos que dieron origen a los allanamientos realizados este lunes.
El lunes, se realizaron 12 allanamientos a viviendas a gerentes y directivos de la firma, sin que por el momento, hayan sido incluidos en la causa penal, confirmó la Oficina de Prensa del Ministerio Público.
Ellos fueron identificados con los apellidos Chaves Bolaños (hermano del presidente), Montealegre Saborío, Artiñano Ferris, Oreamuno Morera, Mesalles Jorba, Ulibarri Bilbao, Luconi Bustamante y Pacheco Contreras.
La Fiscalía analizará la evidencia recolectada para determinar si alguno de ellos también sería investigado.
También se allanaron las instalaciones de Aldesa, en Curridabat, y la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Este martes, la Superintendencia envió un comunicado en el que señala que, “como órgano regulador de las entidades supervisadas del Grupo Bursátil Aldesa, atiende la solicitud de Juzgado Penal de facilitar toda la documentación y registros de la supervisión de las entidades mencionadas, conforme a las facultades que la normativa le otorga y de acuerdo con el debido proceso”.
Las denuncias
Una serie de denuncias por parte de inversionistas motivaron la acción judicial contra el grupo financiero bursátil Aldesa y Aldesa Corporación de Inversiones.
Las gestiones se realizaron luego de que en marzo Aldesa Corporación de Inversiones le pidió al Juzgado Concursal de San José abrir un proceso de administración judicial, porque enfrentaba problemas de liquidez. El Juzgado lo denegó en mayo.
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Aldesa proponía suspender por tres años los pagos a 500 inversionistas de proyectos inmobiliarios privados por un monto de $200 millones.
Según el expediente, tres fueron los hechos que afectaron las operaciones en 2018: un préstamo del Banco Prival que echó para atrás un crédito de $4,5 millones; el impago de $26 millones por parte de la empresa Rock Constructions, que desarrollaba el proyecto Málaga City; y un proyecto de bodegas en El Coyol de Alajuela por $9 millones que tampoco se concretó.
En el caso de Málaga City, que estaría ubicado en La Aurora de Alajuelita, tuvo que cambiar de desarrolladora debido a que no logró obtener el financiamiento necesario por medio de la colocación de bonos de deuda en la Bolsa Nacional de Valores.
Como Aldesa proyectó que recibiría esos recursos, hizo inversiones para otros proyectos inmobiliarios, para lo cual recibió dinero de sus inversionistas que alegan haber sido inducidos a error.