Fiscales y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresaron la mañana de este viernes a oficinas del Banco Popular en Pavas, del Banco Nacional, en San José, y de la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio) en Llorente de Tibás, San José.
En las diligencias se buscaron documentos en relación con un préstamo otorgado por el Popular al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, sobre el cual hay dudas.
Según el informe, Asebanacio y la sede del Nacional fueron allanadas debido a que ahí se encuentra prueba relacionada con el expediente del crédito del Banco Popular en revisión.
La documentación de interés de la Fiscalía General en el Banco Nacional y en Asebanacio tiene que ver con el trámite de dos cartas de crédito que solicitó Bolaños para la importación de 20.000 toneladas de cemento para mayo del 2016, cada una por $900.000.
Esa fecha es la misma en que, en apariencia, ingresaría al país el cargamento por el cual el Banco Popular y el Banco de Costa Rica ya habían otorgado y depositado un crédito al empresario Bolaños, destinado, según el solicitante, para la importación de ese material, precisó el órgano acusador del Estado.
Garantía tendría precio inflado
Al Popular, agregó el Ministerio Público, se ingresó para buscar evidencia sobre el avalúo de una propiedad que Bolaños puso en garantía. Ese inmueble fue valorado por un perito y una semana más tarde, por petición de Bolaños, nuevamente se hizo un recálculo que aumentó su valía en $1.700.000.
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Para el Banco Popular, la reconsideración de un avalúo es una opción o derecho que le asiste al cliente, cuyo resultado dependerá de los criterios técnicos y normativos del ingeniero responsable.
Insisten en que no hay una sola actuación del Banco en relación con el tema investigado que no esté respaldada "en un análisis serio y objetivo de documentos, así como criterios técnicos y profesionales".
Un comunicado con la posición oficial de esa entidad bancaria dice que tal y como lo exigen los entes de supervisión en materia de peritajes, ellos tienen un equipo externo e interno de profesionales que responden a título personal y profesional sobre el ejercicio de sus funciones.
Los agentes que llegaron a la oficina del Banco Popular en Pavas recogieron documentos en la división de Servicios de Soporte al Negocio que servirán para determinar porqué varió tanto el precio de la propiedad en garantía.
Esa entidad bancaria se había apropiado de varias fincas en Guanacaste que respondían por los créditos, razón por la cual la operación quedó cancelada. Esas propiedades están en proceso de venta.
Por su parte, el Banco Nacional informó en un comunicado de prensa que respeta las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales del país y se comprometieron a brindar toda su colaboración para esclarecer los hechos.
Añaden que la causa se refiere a otra entidad bancaria y que, por ser un proceso legal en curso, mientras no tengan una notificación oficial sobre el caso, están imposibilitados de ampliar detalles.
En los allanamientos no hubo personas detenidas y la Fiscalía solamente se incautó de documentación de su interés.
Otra pesquisa
Como parte del caso del cemento chino, la Fiscalía también tiene abierta una investigación por posible administración fraudulenta en contra de cinco exdirectores de la asociación solidarista del Banco Nacional, Asebanacio.
Una auditoría realizada por la firma KPMG evidenció que a Bolaños se le otorgaron, entre 2015 y 2017, ¢18.294 millones en financiamientos.
De dicho monto, ¢5.900 millones ($10 millones) fueron líneas de crédito empresarial; ¢6.200 millones de descuento de facturas y ¢6.194 millones de descuento de contratos.
Aunque la diligencia de esta mañana no tenía relación con el caso de Asebanacio, representantes de la organización hicieron aclaraciones del caso.
El abogado Rodrigo Araya dijo que la Asociación en este expediente es "víctima", pues fue la que hizo la denuncia por la presunta irregularidad con los préstamos.
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Lo anterior a efecto de que la Fiscalía determine quiénes fueron los responsables de otorgar créditos que golpearon fuertemente las finanzas de Asebanacio y que repercutirán en los dividendos que los agremiados recibirán a fin de año.
“Vamos a determinar quién trajo a Juan Carlos Bolaños y por qué una asociación de empleados le da crédito a este señor que no tiene nada que ver con ella”. dijo Rodrigo Araya.
Agregó que al llegar la nueva junta directiva de la Asociación encontraron actos irregulares que se están investigando, por ejemplo el otorgamiento de créditos de manera indebida.
Aunque no existe un monto oficial del perjuicio que sufrió Asenacio, el representante legal dijo que no baja de ¢9.000 millones.
El nuevo presidente de esa asociación solidarista, Allan Castro, afirmó que están a la espera de los avances en la investigación por parte del Ministerio Público, pero calificó de poco probable recuperar el dinero, porque las garantías "son muy débiles".
Explicó que a partir de lo ocurrido se despidió al gerente, al subgerente y al contralor de la asociación y se contrató a la firma privada de auditorias KPMG para varias estimaciones, revisiones de cuentas y otras acciones que buscan proteger el dinero de los asociados.
Castro indicó que, de momento, los funcionarios despedidos no están demandados directamente ante el Ministerio Público, porque la denuncia es abierta y será la Fiscalía quien determine las responsabilidades.
El caso de las modificaciones legales para el ingreso del cemento chino por parte de la empresa Sinocem, propiedad de Bolaños, así como créditos otorgados para ese fin fueron objeto de una investigación por parte de una comisión especial en el Congreso y dio origen a múltiples causas en la Fiscalía, principalmente por tráfico de influencias.
Noticia actualizada a las 4:45 p. m.