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El Ministerio Público anunció ayer, al empezar el juicio por la polémica concesión para extraer oro en Cutris de San Carlos, que los acusados aprobaron, entre los años 2007 y 2008, resoluciones para “el proyecto sin los requisitos de la legislación ambiental”.
El hecho lo hizo público el fiscal Luis Diego Hernández Araya, quien agregó que durante los próximos días “se va a acreditar que hubo un acuerdo de todos los imputados, miembros de tres diferentes entidades del Minae (...) para producir el proyecto”.
El fiscal agregó lo siguiente: “Con las resoluciones y las actuaciones (...) rompieron la identidad del proyecto abruptamente y se decantan por violentar la ley aprobando otro diametralmente opuesto al sometido (al inicio)”.
La explicación la brindó Hernández, después que su compañera Natalia Rojas Méndez, leyó la acusación que consistió en una descripción de todo lo actuado por la Administración, en este asunto, desde el 18 de diciembre de 1999 hasta el 2011.
La fiscala señaló como principal sospechoso de los hechos al exministro de Ambiente y Energía Roberto Dobles Mora (administración Óscar Arias 2006-2010) y lo acusó del delito de prevaricato, que es tomar resoluciones contrarias a la ley y es penado con prisión de dos a seis años, según el artículo 357 del Código Penal.
Como presuntos cómplices y por el mismo delito citó a Cinthya Cavallini Chinchilla, exjefa del Registro Nacional Minero; Sonia Espinoza Valverde, exsecretaria de la Secretaría Ténica Nacional Ambiental (Setena), y cuatro antiguos funcionarios de esa secretaría: Eduardo Lezama Fernández, Jorge Boza Quesada, Carmen Tatiana Cruz Ramírez y José Rafael Corrales Arias
El debate, que se realiza en los Tribunales de Justicia de Goicoechea, continuará hoy en la mañana cuando se espera que declare Roberto Dobles.
Antecedente. Este proceso se abrió el 24 de noviembre del 2010, cuando el Tribunal Contencioso-Administrativo envió al Ministerio Público la sentencia que anuló la concesión del proyecto Crucitas, al considerar que se debía determinar si algún funcionario público había cometido alguna anomalía con la autorización dada a la empresa Industrias Infinito, para extraer oro a cielo abierto en Cutris.
La fiscala Natalia Rojas Méndez dijo que durante la investigación se determinó que la primera concesión dada a la empresa Industrias Infinito fue anulada por la Sala IV, debido a que esa autorización se otorgó sin que se presentara el estudio de impacto ambiental.
En criterio de la Fiscalía, “con esta resolución de la Sala, el proyecto Crucitas perdió cualquier derecho adquirido”, pero dijo que luego se emitieron resoluciones que permitieron a Industrias Infinito reactivar la posibilidad de desarrollar el proyecto.
Entre estas mencionó que el 13 de octubre del 2008 se emitió el decreto N° 34.801-Minaet, que declaró de “ interés público y de conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas” .
Asimismo, manifestó que el 17 de octubre de ese mismo año, se aprobó una solicitud de Industrias Infinito para cambiar “el uso de suelo de 192 hectáreas y la consecuente corta de árboles en áreas de bosque y de protección del recurso hídrico”.
Agregó que dichas resoluciones fueron anuladas en el 2010, primero por el Tribunal Contencioso-Administrativo y luego por la Sala Primera de la Corte. “Las acusaciones serán probadas con documentos y prueba testimonial”, concluyó la fiscala.
