EscucharUna finca en Alajuela, más de ¢8 millones y $1,3 millones pasaron a control del Estado luego de que sus dueños originales no pudieran demostrar de qué manera obtuvieron los terrenos o el carácter lícito de los fondos.
Se trata de tres procesos separados, relacionados con capitales emergentes, y que fueron desarrollados por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial. Tras el análisis de los legajos, el Juzgado Contencioso Administrativo Civil de Hacienda dispuso entregar los bienes al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para su depósito judicial y administración.
La figura de “capitales emergentes” persigue aquellos bienes o valores de los que se sospecha que su origen está relacionado a actividades delictivas o ilícitas, muchas veces de la mano con el narcotráfico.
En el primero de los casos, la Fiscalía en setiembre de 2021 investigó una sociedad representada por una persona de apellido Alvarado, la cual fue denunciada por la compra de una finca en Alajuela pagada con dinero en efectivo.
En un segundo proceso, el 30 de marzo del 2020 los oficiales de la Fuerza Pública de Guácimo en Limón detuvieron a una persona de apellido Corea, el cuál viajaba con nueve bolsas plásticas y en ellas tenía distribuidos ¢8.100.000.
Y el tercer caso investigado fue contra tres personas de apellidos Moreira, Moiño y Jiménez. Las autoridades fueron informadas de actividades sospechosas en un banco donde no pudieron explicar la procedencia de $1.315.569.
Por ley, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y al Ministerio de Hacienda tienen la potestad de denunciar aquellos incrementos del patrimonio que carecen de una causa lícita aparente.
Por otra parte, los acusados tendrán la oportunidad de justificar ante el mismo juzgado cuál fue el origen de los bienes que poseen.
De no demostrarse que los bienes o el capital se obtuvieron bajo situaciones lícitas, pasan a control del Estado como en este caso.
