Katherine Chaves R.. 1 agosto

Si un reo de la Unidad de Atención Integral (UAI) Pabru Presberi, en Pérez Zeledón, cumple con todos los requisitos y quiere optar por un beneficio carcelario, tiene que tener paciencia y esperar, porque no hay personal ni viáticos suficientes para atender el trámite con celeridad.

El procedimiento para que un reo obtenga libertad condicional, monitoreo con tobillera o traslado a un centro semiinstitucional implica que los funcionarios técnicos de la cárcel en Pérez Zeledón hagan una gira previa a la comunidad para confirmar que, en caso de egreso, el interesado tenga arraigo domiciliar y laboral.

Sin embargo, actualmente, esas visitas no se pueden hacer por el escaso presupuesto que hay y eso desencadena más sobrepoblación.

Así lo señaló la defensora pública de Ejecución de la Pena, Cristín Dayana Scott Núñez, en un recurso de amparo que interpuso ante la Sala Constitucional a favor de los privados de libertad de ese centro penal; dicha queja aún no ha sido resuelta por los magistrados.

Actualmente, en esa cárcel, inaugurada en el 2017, hay 320 reos, pese a que su capacidad máxima es de 256 cupos.

Desde febrero del 2019, la Jefatura Nacional Administrativa del Ministerio de Justicia ordenó la reducción de gastos y, con ello, redujo considerablemente el presupuesto para viáticos, informó la defensora.

Ella puntualizó que, para este concepto, se destinó ¢1 millón anual; es decir, poco más de ¢80.000 por mes. Con este dinero se debe no solo cubrir las visitas de campo, sino que también debe alcanzar para las salidas a cursos, y reuniones, entre otras actividades, de los administrativos.

Además, el presupuesto para gasolina también se vio afectado: ahora, es de ¢700.000 mensuales. Con eso se debe cubrir las visitas de campo, las salidas médicas, el traslado de funcionarios a San José, las salidas para realizar visitas entre privados de libertad, entre otros.

Se desconoce cuánto era el dinero que antes se destinaba a estos rubros.

Actualmente, hay 320 reos en la UAI Pabru Presberi, pese a que su capacidad máxima es de 256 cupos. Foto: Cortesía
Actualmente, hay 320 reos en la UAI Pabru Presberi, pese a que su capacidad máxima es de 256 cupos. Foto: Cortesía
Dificultades para laborar

Para la defensora Scott, lo preocupante de esto es que esta cárcel alberga, en su mayoría, a personas de la zona sur, lo cual provoca que gran parte de las giras sean a sitios, como Corredores, Golfito, San Vito, Osa, Quepos, zona de los Santos, entre otros. La defensora no detalló cuántas personas se vean afectadas por esta problemática.

Ella ejemplificó que, para llegar a Ciudad Neily centro desde Pérez Zeledón, se debe recorrer una distancia de 171 kilómetros, aproximadamente. En tiempo, serían cerca de tres horas.

Explicó: “Las giras iniciarían las 8 a. m., que es la hora de ingreso de los funcionarios. Al sitio, llegarían a las 11 a. m., en caso de que no exista ningún incoveniente en el camino. Los funcionarios tienen derecho a almorzar y, para que logren llegar a las 4 p. m. (hora de salida) a la UAI, tendrían que salir de Ciudad Neily a la 1 p. m. Es decir solo tendrían una hora efectiva para realizar alguna visita y es imposible”.

Si solo sale un técnico y un chofer, gastarían por día ¢10.300 por concepto de almuerzo. Suponiendo que el presupuesto de viáticos fuera exclusivo para estas visitas de campo y basándose en este monto, solo se podrían hacer ocho al mes.

“Se entiende que la reducción de gastos es a raíz de la crisis nacional que se está dando, pero sí considero que estas reducciones se deben hacer en otras áreas que no afecten a la población penal”, reprochó la defensora.

Por su parte, la diputada María Vita Monge, de la Unidad Social Cristiana, instó a los magistrados a resolver, con prontitud, este recurso.

"Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso no puedo dejar pasar esta situación. Si bien se encuentra en la instancia correspondiente, es urgente que la Sala resuelva porque, en primer lugar, no es posible que a los privados de libertad se les condicione sus derechos y en segundo, porque este es un programa que de ninguna manera se debe debilitar”, insistió Monge.

Se intentó obtener un criterio del Ministerio de Justicia y Paz, pero, al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta a la solicitud hecha a la oficina de prensa.

Falta de personal

Además de la situación económica, también existe una problemática por la falta de personal que hay frente a la creciente población en ese centro penal.

La defensora pública detalló que el departamento de Psicología y Trabajo Social tiene “muchos informes” pendientes de realizar de los reclusos que atiende.

De hecho, agregó, a mayo del 2019, 25 reclusos debieron ser valorados para un eventual egreso; sin embargo la cantidad de trabajo que tiene la funcionaria de este departamento no ha permitido que se realicen.

En algunos de esos 25 casos, de hecho, tampoco se ha podido hacer la corroboración del arraigo domiciliar ni laboral por la falta de presupuesto.

A eso se suma que, desde el 23 de noviembre del 2018, la UAI no cuenta con un abogado para realizar los informes respectivos para las audiencias de libertad condicional.

Por ello, una de las petitorias de la defensora pública es que se reponga, de forma inmediata, la plaza de ese profesional de derecho.