EscucharEl exgerente del Banco de Costa Rica (BCR), Mario Barrenechea Coto, se encuentra internado en el hospital San Juan de Dios donde fue sometido a una intervención quirúrgica.
Actualmente, Barrenechea tiene una medida de arresto domiciliario con tobillera electrónica, mientras avanzan las investigaciones en el sonado caso del cemento chino.
La información fue confirmada por el Ministerio de Justicia y Paz, que afirmó no tener detalles de la intervención. Barrenechea está internado desde el 14 de febrero en ese centro médico y el juez está al tanto de la situación.
Justicia, sin embargo, aclaró que mantiene en constante vigilancia la tobillera electrónica que porta el imputado desde agosto del año pasado.
A Barrenechea, lo mismo que a otros cinco miembros de alta gerencia del BCR se les atribuye un delito de peculado, bajo el supuesto de que facilitaron la sustracción de fondos públicos con el financiamiento de $30 millones otorgado al empresario Juan Carlos Bolaños, quien está detenido.
“Por parte de Monitoreo Electrónico se hacen las visitas que corresponden para verificar que el dispositivo esté funcionando en óptimas condiciones”, indicó Justicia.
Al exgerente del banco también se le investiga por los supuestos delitos de tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito.
Por esta causa, el exgerente bancario había ingresado a prisión preventiva el 6 de noviembre del 2017, producto de una seguidilla de arrestos por el caso del cemento chino. Estuvo recluido en la cárcel del adulto mayor y después se le impuso arresto domiciliario.
Otros involucrados
Los otros involucrados con este proceso son Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgos; Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista; Marvin Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Crédito, y Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno.
Acuña y Víquez quedaron en libertad en marzo del 2018, mientras que Corrales, Ramírez y Barrantes salieron en febrero.
Los cinco cumplen con otras medidas cautelares, entre las que está el arresto domiciliario, la prohibición de comunicarse con testigos y atender llamamientos de las autoridades.
