La fiscala general Emilia Navas Aparicio separó al fiscal Jorge Alberto Araya Jiménez, encargado de la investigación contra la empresa Casas Vita, por no apelar la decisión del Juzgado que dejó en libertad al dueño de la inmobiliaria, de apellido Villagra.
La semana anterior la Policía Judicial y los fiscales allanaron dos oficinas de Casas Vita en Pozos de Santa Ana, San José y La Guácima de Alajuela, por el presunto delito de estafa con la venta de propiedades en condominio, donde aprehendieron a Villagra y a otras tres personas.
Cuando se realizó la audiencia de medidas cautelares, el Juzgado Penal de San José decidió dejar en libertad a Villagra y, aparentemente, el fiscal decidió no apelar la medida.
Por esta decisión, Araya Jiménez fue separado del expediente del caso, que ahora pasará a manos del fiscal adjunto de la Fiscalía de Fraudes, Miguel Navarro y así lo confirmó esta tarde el Ministerio Público, ante consulta de La Nación.
Según Navas, este último es un funcionario altamente calificado y muy especializado en la materia que se investiga. Tanto la Fiscalía de Fraudes, como la Fiscalía General consideraron que era necesaria la apelación.
Sobre el fiscal Araya, el Ministerio Público agregó que, de momento, no se ha abierto ningún proceso disciplinario en su contra.
En declaraciones brindadas por la fiscala Navas a un medio radiofónico, manifestó que, como institución, entienden la situación que están enfrentando las personas afectadas por aparentes estafas en la inmobiliaria.
“A todas ellas les decimos que la Fiscalía General está actuando. La Fiscalía Adjunta de Fraudes está investigando el caso y no descarta que haya otras personas imputadas. Sin duda quisiéramos tener resultados en menor tiempo, pero es necesario aclarar que no sólo depende del Ministerio Público, ya que los informes policiales que se solicitan requieren de extensos análisis”, expresó Navas a Monumental.
La fiscala aclaró a la población que la actuación de la Fiscalía, en este y en cualquier caso, no va a garantizar a las víctimas recuperar el dinero, por lo que recomienda a las víctimas que realicen reclamos por los daños y perjuicios sufridos a través de un proceso paralelo al penal. Esto implica la presentación de acciones civiles resarcitorias, ya sea mediante el Ministerio Público o con el apoyo de un abogado particular.
Aunque se intentó conocer la versión de Araya, este no contestó las llamadas realizadas a los cuatro números celulares que aparecen registrados a su nombre.
Funcionario castigado en el 2011
Jorge Alberto Araya, quien laboró como juez antes de llegar al Ministerio Público, fue sancionado por la Corte Plena en mayo del 2011 con dos meses de suspensión sin goce de salario, por haber cometido un "grave error en la administración de justicia".
En aquel entonces, Araya había sido denunciado por Joel Garita, fiscal de Heredia, por haberle cambiado la medida cautelar de prisión preventiva a un estadounidense que, luego de ser liberado, se dio a la fuga y no fue sometido a la justicia.
En agosto del 2010, el juez Araya le cambió la medida al foráneo, de apellido Adam, a quien se le seguía un proceso por robo agravado. El delito fue cometido el 2 de junio de 2010 contra un taxista asaltado en Heredia.
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Incluso, según la acusación de la Fiscalía, cuando el extranjero fue detenido por la Policía, portaba en el bolsillo de su pantalón el celular del ofendido.
"La actuación de Araya Jiménez constituyó una infracción grave en la revocatoria de la prisión preventiva del imputado de nacionalidad extranjera, el cual enfrentaba cargos graves y era previsible la posibilidad de que procurara evadir la acción de la justicia, tal como efectivamente sucedió", dijo entonces el magistrado Carlos Chinchilla, presidente de la Sala Tercera, en un informe presentado a los demás miembros, según consta en actas.
Pese a la sanción impuesta, Araya recibió una jefatura en el Ministerio Público.
