Carlos Cerdas está en prisión preventiva desde el pasado 19 de junio. Foto: Archivo LN
Carlos Cerdas Araya, dueño de la constructora Meco, seguirá en prisión preventiva luego de que el Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública, con sede en Goicoechea, rechazó modificar la medida de prisión preventiva dictada en su contra, según una resolución emitida por la jueza Carolina Lizano Salazar, la cual fue comunicada a las partes, el viernes anterior.
La decisión judicial la confirmó este domingo el abogado defensor de Cerdas, Erick Ramos Fallas, quien agregó que recurrirán la decisión en los próximos días, pues detectaron algunas incongruencias en la decisión del juzgado.
Carlos Cerdas está preso desde el pasado 19 de junio cuando el Tribunal Penal de Hacienda consideró ineficaz una fianza impuesta en primera instancia y ordenó que el empresario permaneciera al menos cuatro meses en prisión preventiva. Este plazo vence el 19 de octubre.
El Juzgado Penal de Hacienda todavía tiene pendiente de resolver otra gestión de cambio de medida cautelar que solicitó la defensa de Mélida Solís Vargas, propietaria de la empresa constructora H Solís. Ella también está en la cárcel desde el 19 de junio y, en este caso, sus abogados defensores plantearon que Solís se encuentra afectada de salud y que, en la cárcel, no puede recibir el tratamiento médico adecuado. Ella, al igual que Cerdas, descuenta cuatro meses de prisión preventiva.
“La situación de salud de ella es delicada, de cuidado, pero en este momento está estable. Padece un problema a nivel de sus arterias que hay que cuidar”, dijo el jueves pasado Erick Gatgens, uno de sus defensores.
Medidas menos gravosas
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En el caso de Carlos Cerdas, los defensores presentaron, en una audiencia que se realizó entre miércoles y jueves, una serie de argumentos en los cuales alegaron que el empresario no debía estar recluido en un centro penal. Ninguno de sus representantes legales ha querido explicar en que consisten los razonamientos.
Sin embargo, la jueza Carolina Lizano llegó a la conclusión de que todavía no ha operado ningún cambio en las condiciones que dieron origen a que se emitiera la orden de encarcelamiento. La resolución no fue bien vista por la defensa de Cerdas.
Al respecto, Erick Ramos dijo este domingo: “Nosotros vamos a impugnar, porque la resolución la respetamos, pero no la podemos compartir, porque contiene una serie de imprecisiones y contradicciones e, incluso, una renuncia al principio de independencia judicial, lo cual es bastante preocupante”.
El Caso Cochinilla trascendió el lunes 15 de junio, cuando se realizaron más de 50 allanamientos que permitieron la detención de 30 personas, mientras que otras 45 también fueron inculpadas posteriormente.
A los implicados se les atribuye una presunta malversación de fondos del Conavi que habría generado un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y el 2020 en contratos de obra pública y se tramita en la causa 19-000025-1218-PE.
