Dictado de medidas cautelares por caso Barrenador se posterga hasta la próxima semana
El Caso Barrenador trascendió el pasado lunes tras 28 allanamientos y la detención de ocho imputados por posible tráfico de influencias y daño a la Hacienda Pública, en un contrato multimillonario para administrar Ebáis
27/09/2024 Tribunales de Goicoechea. Salida al final de la jornada en el cuarto día de audiencias por el Caso Barrenador, relacionado con la adjudicación de la administración, por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, de 138 Ebáis a cuatro cooperativas y una asociación médica, con un aparente sobreprecio de ¢12.400 millones anuales. Marta Esquivel (vestido negro), presidenta de La Caja y siete personas más entre directivos y exdirectivos de esta institución, deberán presentarse el próximo lunes para continuar con el proceso. Foto: Rafael Pacheco Granados Rafael Pacheco Granados
El dictado de medidas cautelares del caso Barrenador, en el que se investiga a ocho personas por supuestamente permitir un millonario sobreprecio en la contratación de cuatro cooperativas y una asociación médica para administrar 138 Ebáis de la Gran Área Metropolitana, se postergó hasta la próxima semana.
Aunque las partes esperaban concluir la audiencia este viernes por la tarde, después de la declaración de Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS, el juzgado decidió suspender la sesión y citó a los involucrados nuevamente para el próximo lunes a las 8:30 a. m., para que el abogado de Esquivel, Edgardo García, continúe con su alegato.
Además de Esquivel, en esta causa están imputados los directivos y exdirectivos Isabel Camareno Camareno, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana, Jorge Luis Araya Chaves, Jorge Porras López y Roberto Quirós Coronado, así como María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, directora de proyección de servicios de salud de la Caja. A todos se les investiga por tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
Tras la suspensión de la audiencia, el abogado Rodrigo Araya, defensor de Jorge Porras, exdirector de la Junta Directiva, declaró a los medios que Marta Esquivel ofreció una explicación de qué llevó a la Junta Directiva a adjudicar la licitación. Según el Ministerio Público, dicha adjudicación generaría un perjuicio económico al Estado de ¢12.400 millones anuales.
Audiencias por el Caso Barrenador Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social e imputada en el caso Barrenador, acompañada de su abogado, Edgardo García. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)
Araya fue consultado sobre si Esquivel aún sostiene el criterio de que los precios acordados con las cooperativas y la asociación médica “son razonables”, como consta en una de las actas de la Junta Directiva de la Caja. Al respecto, alegó que los informes de la Auditoría de la entidad están sustentados “en costos añejos, de hace muchísimos años, no están actualizados, por lo que nadie podría afirmar hoy con certeza si existe o no el sobreprecio, debido a la falta de datos comparativos”.
Añadió que algunos defensores solicitaron que el departamento forense de Delitos Económicos del OIJ realice un peritaje sobre dichos montos. “Hay otros criterios de Gerencia Médica que contrarían ese informe de Auditoría, y el informe de Auditoría no es definitivo. Esta Junta Directiva basó su decisión en otro informe de la Gerencia Médica”.
En junio pasado, un mes antes de que la CCSS adjudicara la administración de 138 Ebáis a las cooperativas y la asociación médica, los oferentes se reunieron con miembros de la Junta Directiva de la Caja, solicitando que la licitación no fuera declarada infructuosa, según se desprende de la investigación del Ministerio Público.
La reunión tuvo lugar el 6 de junio de 2024, con la participación de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, junto a los directivos Isabel Camareno Camareno, Johnny Gómez Pana y Zeirth Rojas Cerna, y representantes de las cooperativas oferentes.
En dicha reunión, de acuerdo con la Fiscalía, los oferentes expresaron su desacuerdo con el estado del proceso licitatorio, ya que, en ese momento, la Junta Directiva había recibido tres pronunciamientos técnicos que recomendaban anular el concurso debido a los costos excesivos propuestos por los interesados.
Allanamiento oficinas centrales de la CCSS El caso Barrenador cobró relevancia pública el lunes pasado, luego de la ejecución de 28 allanamientos para detener a los ocho imputados. Foto John Durán (JOHN DURAN)
Por el contrario, los oferentes alegaron que no se podía declarar el proceso infructuoso, “ya que cambiar el cartel les había supuesto un gran esfuerzo”, según se menciona en la orden de allanamiento del Caso Barrenador, en referencia a una entrevista realizada por la Fiscalía a la directiva Martha Elena Rodríguez González, representante de los sindicatos, quien no figura entre los detenidos.
“De esta forma queda muy clara la injerencia de las partes sobre la elaboración del cartel, y la intención de los miembros de la Junta Directiva de favorecer a los oferentes, aun y cuando implicó un detrimento a los intereses del Estado”, detalla el documento que fundamentó los 28 allanamientos del lunes pasado.
Un mes después, el 6 de julio, en la sesión extraordinaria 9464, se adjudicó la licitación por ¢471.000 millones, con una vigencia de 10 años, para administrar 10 áreas de salud: Escazú, Santa Ana, Pavas, Desamparados 2, San Francisco-San Antonio, Tibás, La Carpio-León XIII, Barva, San Pablo y San Sebastián-Paso Ancho.
