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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cerraron las puertas a futuras denuncias anónimas contra funcionarios judiciales, si estas no contienen suficientes pruebas.
La decisión la tomaron en la sesión del pasado 23 de noviembre, al aprobar la recomendación de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, a la cual le solicitaron un criterio.
La inquietud de los altos jueces surgió el 5 de octubre, luego de investigar y desestimar una denuncia anónima que incluía varios señalamientos en contra del entonces director interino (actual subjefe) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Gerald Campos.
Esa denuncia contra Campos molestó a los magistrados, ya que consideraron que se hizo la pesquisa y, al final, fue una “pérdida de tiempo”. Algunos calificaron de “chismes” ese tipo de manifestaciones.
La denuncia había llegado vía correo electrónico el 18 de agosto a la Secretaría de la Corte e incluía acusaciones como acoso sexual contra dos funcionarias, nombramientos a dedo, acoso laboral y cobros indebidos de viáticos.
Incluso, se le responsabilizaba de haber viajado junto a varios magistrados a ver un partido de la Selección de Costa Rica en el extranjero.
El texto sin firma fue remitido primero a la Inspección Judicial, la cual lo trasladó a Corte Plena, pues, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, ese órgano debe ejercer el régimen disciplinario del fiscal general, el fiscal general adjunto, el director y subdirector del OIJ.
Una vez en Corte, el magistrado y presidente de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla, realizó un informe en el cual descartó los señalamientos.
“No se puede tener como cierto ninguno de los hechos denunciados en forma anónima (...), en algunos casos se acusan situaciones inexactas, en otros se acusa como falta disciplinaria el ejercicio de una potestad discrecional materializada dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente y, finalmente, otros cargos constituyen meras conjeturas”, concluyó.
Chinchilla recomendó a sus compañeros desestimar y archivar la queja.
Los magistrados aprobaron su postura y aprovecharon para hacer notar su disgusto ante este tipo de denuncias.
Por ejemplo, el vicepresidente del Poder Judicial y magistrado de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo, las calificó de “preocupantes”.
También, el miembro de la Sala Constitucional, Paul Rueda, expresó: “El problema no es que una denuncia sea anónima, sino que carezca de fundamento, que sea un chisme, que no venga respaldada por algún tipo de indicio, que señale que exista algún tipo de razón para investigar un determinado tema”.
Nuevo criterio. Luego de consultar a la Dirección Jurídica, los magistrados acordaron que solo investigarán denuncias anónimas cuando tengan suficientes fundamentos.
“Si no se logra aportar algún elemento probatorio, se va proceder a su archivo”, explicó el magistrado Chinchilla.
“Esa prueba puede ir desde una fotografía hasta un correo electrónico; es un criterio muy amplio”, agregó.
Para Doris Arias, magistrada de la Sala Tercera, “se puede hacer mucho daño cuando a la par de la denuncia, no hay un elemento probatorio”.
Por su parte, el subdirector del OIJ celebró la decisión de los magistrados, pues consideró que los cuestionamientos en su contra “no tenían ni pies ni cabeza”.
Aseveró que esa situación se dio para manchar su imagen en un momento en que era candidato para ocupar el puesto de director del OIJ.
