Cuatro exdiputados del PASE afrontan juicio por presuntos nombramientos fantasmas
Los ex congresistas habrían nombrado a familiares y amigos como asesores de confianza que recibían el salario aunque no se presentaban a trabajar.
De izquierda a derecha, los exdiputados Óscar López, Martín Monestel, Rita Chaves y Víctor Emilio Granados, enjuiciados por los presuntos delitos de peculado y estafa. Fotos de archivo: José Díaz, Mayela López y Eyleen Vargas.
De izquierda a derecha, los exdiputados Óscar López, Martín Monestel, Rita Chaves y Víctor Emilio Granados, enjuiciados por los presuntos delitos de peculado y estafa. Fotos de archivo: José Díaz, Mayela López y Eyleen Vargas.
A los ex legisladores se les investiga por aparentemente nombrar familiares y amigos como asesores de confianza en la Asamblea Legislativa, quienes pese a que nunca se presentaron a trabajar, recibían el salario. En total son ocho personas de apellidos, Rodríguez Rodríguez, Zamora Álvarez, Casanova Aragón, Madrigal Morera, Arias Jiménez, Esquivel Mondragón y dos identificados como Brenes Villalta.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público en 2019, el perjuicio económico causado al Estado llegaba a los ¢165 millones. Por esta razón, la Procuraduría de la Ética Pública estimó en aquel momento el daño material en ¢169 millones, mientras que por daño social reclamó ¢329,4 millones.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía presentada en ese momento, la aparente estafa es por ¢113 millones en contra del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al haberse cobrado la deuda política de las elecciones del 2010.
En la acusación se señaló a los exdiputados López y Chaves por haber simulado contratos de alquiler de vehículos para inducir a error al TSE y así acceder, de manera fraudulenta, a un monto mayor de la contribución estatal a los partidos políticos.
El cuestionamiento de la Fiscalía se enfocaba en decenas de contratos que, al parecer, se firmaron para la campaña del 2010, para movilizar militantes del PASE a las asambleas distritales de la agrupación, en el proceso de renovación de las estructuras.
Por su parte a Rita Chaves, también se le achacó un presunto delito de uso de documento falso y a la exregidora de apellidos Montoya Calderón se le acusó de ser aparente coautora, con López y Chaves, de la presunta estafa.
El otro acusado, Ruin Céspedes, es un notario a quien se le imputaron aparentes delitos de falsedad ideológica, por haber autenticado los contratos ficticios de arrendamiento.
