La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitó que se lleve a juicio a los exdiputados Óscar López Arias y Rita Chaves Casanova, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
La petición se hizo durante la audiencia preliminar que se desarrolló ante el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José, como parte de la causa 13-000010-0033-PE.
En esa causa, la Fiscalía Anticorrupción acusa de los delitos de estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso a los exlegisladores López y Chaves, así como a dos personas más, de apellidos Montoya Calderón y Ruin Céspedes.
La audiencia preliminar en la que se definirá si se eleva el caso a juicio empezó el lunes de esta semana, un año después de que la Fapta presentó la acusación en contra de las cuatro personas, en diciembre del 2018.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la aparente estafa es por ¢113 millones en contra del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al haberse cobrado la deuda política de las elecciones del 2010.
En la acusación presentada hace un año, se señaló a los exdiputados López y Chaves por haber simulado contratos de alquiler de vehículos para inducir a error al TSE y así acceder, de manera fraudulenta, a un monto mayor de la contribución estatal a los partidos políticos.
Específicamente, se acusa que el PASE facturó arrendamientos de carros que se ofrecieron al partido de forma gratuita o por los cuales se pagó menos dinero que el consignado en los contratos presentados al órgano electoral.
El cuestionamiento de la Fiscalía se enfoca en decenas de contratos que, al parecer, se firmaron para la campaña del 2010, para movilizar militantes del PASE a las asambleas distritales de la agrupación, en el proceso de renovación de las estructuras.
En el caso de Rita Chaves, también se le achaca un presunto delito de uso de documento falso y a la exregidora de apellidos Montoya Calderón se le acusa de ser aparente coautora, con López y Chaves, de la presunta estafa.
El otro acusado, Ruin Céspedes, es un notario a quien se le imputan aparentes delitos de falsedad ideológica, por haber autenticado los contratos ficticios de arrendamiento.
Además de la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó una querella y una acción civil resarcitoria en contra de los imputados y del partido.
La indemnización que reclama la Procuraduría (abogado del Estado) asciende a ¢400 millones entre el daño material y el daño social causado.
Óscar López: ‘Tengo seis años esperando este juicio’
Según el exdiputado, tiene seis años esperando “la oportunidad de romper el hielo delante de una jueza”, quien añadió que le toca hablar frente al tribunal este viernes por la tarde.
Alegó que sobre ese tema se han dicho mentiras, inexactitudes y falsedades, y manifestó que ha recabado “prueba documental suficiente para desmentir a un montón de personas y demostrar que el proceso ha estado sesgado y viciado de nulidad”.
López adujo que tiene una “inmensa felicidad” por sentir que se quita “un peso de encima”. Añadió que no se va a abstener de declarar ante el tribunal y dijo que hará una “exposición magistral” sobre cada una de las pruebas que aportará.
“Cómo no voy a estar feliz si tengo seis años de estar amarrado. Estoy deseando que sea viernes por la tarde, para ejercer un derecho que no he podido ejercer por seis años, porque me ha sido conculcado mi derecho a declarar”, apuntó López.
Con Chaves resultó imposible hablar, pues no respondió ni las llamadas que se le hicieron, ni los mensajes que se le enviaron.
