Aarón Sequeira. 20 agosto
De izquierda a derecha, los exdiputados Óscar López, Martín Monestel, Rita Chaves y Víctor Emilio Granados, enjuiciados por los presuntos delitos de peculado y estafa. Fotos de archivo: José Díaz, Mayela López y Eyleen Vargas.
De izquierda a derecha, los exdiputados Óscar López, Martín Monestel, Rita Chaves y Víctor Emilio Granados, enjuiciados por los presuntos delitos de peculado y estafa. Fotos de archivo: José Díaz, Mayela López y Eyleen Vargas.

Cuatro exdiputados del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) afrontarán un juicio por peculado y estafa porque, al parecer, nombraron familiares y amigos en la Asamblea Legislativa que nunca se presentaron a trabajar aunque recibían salarios.

Se trata del dos veces legislador Óscar López Arias (2006-2010, 2014-2018), así como de los exlegisladores Rita Chaves Casanova, Víctor Emilio Granados Calvo y Martín Monestel (periodo 2010-2014).

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública dictó el auto de apertura de juicio a los cuatro exparlamentarios, junto con ocho persona más, los que recibieron los nombramientos.

La solicitud de juicio la hizo la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).

Según informó el Ministerio Público este martes, los imputados habrían realizado los nombramientos fantasma durante sus periodos como miembros de la Asamblea Legislativa en plazas de confianza, tanto de asistente de fracción, como de asesor o secretaría.

Por lo tanto, en esta lista de 12 imputados, figuran ocho personas que supuestamente recibían los salarios por desempeñar puestos en los que realmente no laboraban.

Estos imputados son de apellidos Rodríguez Rodríguez, Arias Jiménez, Zamora Álvarez, dos de apellidos Brenes Villalta, un Casanova Aragón, Madrigal Morera y Esquivel Mondragón.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, el perjuicio económico causado al Estado llega a los ¢165 millones.

Las pretensiones de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) son por dos tipos de daño, informó la entidad.

Por daño material se estimaron ¢169 millones, mientras que por daño social la PEP reclama ¢329,4 millones.

La causa presentada contra exdiputados y exasesores legislativos se tramitó dentro del expediente 12-00031-033-PE.

La Fiscalía presentó la acusación contra los cuatro exdiputados desde mayo del 2018.