Los hijos del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, asesinado en marzo del 2019, solicitaron este miércoles al Juzgado Penal de Buenos Aires, Puntarenas, evitar que se suspenda la investigación del homicidio.
La gestión la hicieron, tanto con su propia voz, como por medio del abogado Óscar Retana Montenegro, que los representó legalmente durante una audiencia que se realizó durante la tarde en una sala de los Tribunales de Pérez Zeledón.
Esta diligencia la programó el juzgado luego de que en setiembre pasado el Ministerio Público anunció que, ante la imposibilidad de conseguir nuevas pruebas para llevar a juicio a tres personas identificadas como sospechosas del asesinato de Rojas, solicitaría que al caso se le dictara una desestimación, es decir que se suspenda la pesquisa.
En caso de emitirse esa resolución, el Ministerio Público lo que hace es testimoniar las piezas del expediente principal y mantenerlo en archivo fiscal, situación que les permitirá reabrirlo en el momento en que se tengan nuevos elementos probatorios.
Óscar Retana explicó, sin ahondar detalles porque el proceso se mantiene en una etapa privada, que la posición de la familia es que la investigación realizada por el Ministerio Público no se ha agotado y que todavía faltan diligencias procesales por ejecutar.
“Nos mostramos contrarios al criterio que el Ministerio Público planteó desde setiembre pasado. Se explicó que faltan diligencias de suma importancia para la continuidad de la investigación y por supuesto para tener el objetivo de identificar a los responsables del crimen”, añadió el abogado.
Asimismo, la fiscala Silvia Matamoros, de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, expuso las razones por las cuales no se ha materializado la obtención de las pruebas.
En setiembre pasado la Fiscalía había informado de que se pediría la desestimación: “ Por falta de elementos de prueba suficientes para fundamentar una acusación. Lo anterior, pese a la robusta investigación que se realizó de manera conjunta con el Organismo de Investigación Judicial, que incluyó, entre muchas otras diligencias, entrevistas, análisis telefónicos, inspecciones en sitio, análisis de trayectorias balísticas y la solicitud de un allanamiento que no fue concedido”.
Luego de escuchar las posiciones, el juez, cuyo nombre no fue posible conseguir, anunció que en un tiempo prudencial emitirá una resolución en la cual determinará si rechaza o acepta la petición del Ministerio Público de que la investigación sea desestimada.
Durante la realización de la audiencia, que se extendió de la 1:30 p. m. a las 3:30 p. m. grupos de indígenas se mantuvieron en las afueras de los tribunales pidiendo que se evite la impunidad en este crimen.
Precisamente, el martes Mary Lawlor, relatora especial sobre derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUD), recordó que el Estado había reconocido su obligación a investigar este asesinato de manera exhaustiva.
En 2019, @UN_SPExperts enviaron una comunicación al Estado costarricense sobre el asesinato del #defensor Serio Rojas Ortíz. En respuesta, el Estado reconoció su obligación de investigar el asesinato de manera exhaustiva, pero el caso sigue en la impunidad.@FiscaliaCR @CRONUGVA https://t.co/TN33BQVaHd
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) December 1, 2020
Recuento del caso
Sergio Rojas, de 59 años, fue asesinado la noche del 18 de marzo del 2019 en su casa en Yeri de Salitre, cantón de Buenos Aires, Puntarenas.
Ese día, al menos dos individuos le dispararon con armas de diferente calibre. Los autores materiales escaparon con rumbo desconocido.
Tres meses después del crimen, el Ministerio Público divulgó los retratos hablados de los dos individuos que dispararon. Desde ese momento, no han trascendido más detalles sobre el homicidio.
Con el paso de los meses la situación en los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires siguió alterada con amenazas de muerte, quemas de propiedades y agresiones, hasta que la noche del martes 25 de febrero anterior asesinaron de cinco balazos a otro dirigente indígena, Yehry Helmut Rivera Rivera, de 45 años, en Mano de Tigre, un poblado de la Reserva Indígena de Térraba.
El crimen ocurrió en medio de una disputa por tierras en la que participaron unas 20 personas. Dos hermanos de apellidos Varela Rojas fueron detenidos como sospechosos del homicidio. Un juzgado los dejó con medidas cautelares mientras sigue el proceso judicial.
Desde ese momento no han cesado los conflictos en los territorios, donde casi todas las semanas se reportan incidentes como quemas de ranchos.
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