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Más de seis meses de estar en emergencia sanitaria por la covid-19 están a punto de crear un colapso en el sistema de administración de justicia, que también puede afectar la seguridad ciudadana.
La presidenta interina de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro, informó este martes que a manera de ejemplo un juicio de crimen organizado en Pococí, que estaba en su fase final, tuvo que ser anulado, reprogramardo y comenzar de cero.
La imposibilidad de trasladar a un privado de libertad dio al traste con el debate, en el que solo faltaban las conclusiones finales.
Otro juicio complejo, con 29 personas entre imputados y sus defensores, que debía empezar la próxima semana en San José, podría suspenderse porque no hay campo en las celdas para el traslado de los sospechosos.
Solo en los Tribunales de San José, la semana pasada 29 audiencias y juicios fueron suspendidos ante la imposibilidad de mover a las personas involucradas, porque las celdas judiciales, necesarias para que permanezcan los imputados, están repletas. Lo mismo ocurre en otras regiones.
En Alajuela, el juicio contra la banda narcotraficante de El Gringo, terminó con casi dos meses de retraso y después de haberse anulado el primero, debido a problemas con el traslado de imputados.
En los Tribunales de Limón se lucha para agendar juicios y que no prescriban una serie de causas pendientes.
Muchos fiscales han tenido que solicitar prórrogas extraordinarias en los plazos de prisión preventiva para personas a la espera del proceso judicial.
Todo obedece al impacto que la pandemia por covid-19 ha generado en las cárceles y por ende en el sistema de administración de justicia.
La presidenta de la Corte teme que la impunidad aumente, así como el retraso en la meta de brindar justicia pronta a los ciudadanos.
Aunque en algunos debates se ha logrado salir adelante con videoconferencias, en otros casos no se puede porque el sistema penitenciario no tiene la capacidad.
Solución complicada
Las cuarentenas en cárceles, la obligación de no recibir más personas en algunos recintos, la separación de personas afectadas por el virus con el resto de privados de libertad y las órdenes de cierre de algunos centros dictadas por jueces de ejecución de la pena, son las justificaciones del Ministerio de Justicia.
La ministra Fiorella Salazar, indica que esas acciones, del mismo Poder Judicial, les impiden admitir toda la cantidad de privados de libertad que la acción policial genera, así como movilizar a los reclusos a juicios o audiencias.
Ante ello, la presidenta de la Corte dijo que, a título personal, estima que la administración penitenciaria siempre se ha conformado y acepta como positivas, todas las decisiones de los jueces de ejecución de la pena.
Sean jurisdiccionales o administrativas, contra esas resoluciones se pueden plantear recursos, manifestó Solano, sin entrar a determinar si los motivos que señalan los jueces estén bien, mal o regular.
“Nunca, yo no conozco que el Ministerio de Justicia haya atacado o combatido por los medios legales que corresponda esas decisiones”, afirmó.
También manifestó que hasta este martes tienen en celdas judiciales a 179 personas a la espera de ingresar a un centro penal, pues el Ministerio de Justicia no los recibe.
De esa población, 94 tienen más de cinco días de estar en celdas, e incluso algunos tienen más de dos semanas de estar ahí, aunque la ley establece un máximo de 72 horas.
La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, expresó que actualmente 12 de los 13 centros institucionales del país están imposibilitados para recibir a personas indiciadas.
Añadió que desde julio Adaptación Social solicitó a los jueces de ejecución de la pena revisar los cierres en los centros que tienen espacios disponibles.
Costos millonarios
“Se está ocasionando un colapso completo en la administración de Justicia. Ya la Sala Constitucional declaró con lugar 47 recursos de habeas corpus, porque las personas han pasado más 72 horas en celdas judiciales”, declaró.
Lo anterior tiene un costo económico para el Estado, lo mismo que cada juicio fracasado y también la atención prolongada de detenidos en celdas judiciales, que no tienen condiciones para ello.
De igual manera, algunos operativos planificados por el OIJ contra grupos delictivos encuentran la dificultad de que deben reprogramarse, a la espera de que el sistema pueda asimilar y procesar a los sospechosos.
Algunos detenidos portan el virus
A las autoridades les preocupan hechos como el de una persona que entró positiva por covid-19 a celdas y pasó toda la cuarentena e incluso se recuperó estando ahí, mencionó la magistrada Solano.
Por su parte, el magistrado Gerardo Rubén Alfaro, coordinador de la Comisión de Enlace entre la Corte y el OIJ, indicó que el fin de semana pasado habían 210 personas en celdas, de las cuales ocho eran sospechosas de estar contagiadas y tres eran portadoras del virus en San José, Heredia y Corredores.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Wálter Espinoza, indicó que la dignidad humana se mancilla y la posibilidad de contagios de covid-19 u otras enfermedades es grande, pues el hacinamiento así lo propicia.
Añadió que el sistema de atención de salud de la Policía Judicial no es el adecuado para atender a las personas sospechosas de covid-19, que tienen que permanecer en celdas aparte.
Quienes son detenidos por la Policía no son sometidos a una prueba de contagio y muchos de ellos ni siquiera saben si tienen algún síntoma. A veces es en las propias celdas donde se descubre que son portadores o donde expresan que han tenido contacto cercano con alguien enfermo de ese mal.
“Son personas que ingresan a celdas sin posibilidad de ser sometidas a un testeo para determinar si tienen covid o no”, dijo Espinoza.
Lo anterior también implica más gastos en alimentación y en medidas de seguridad del personal que atiende a esas personas.
También se deben contratar más oficiales que puedan resolver cualquier eventualidad o riña durante las 24 horas, los siete días de la semana.
