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La Corte Plena sancionó este lunes al exmagistrado William Molinari Vílchez, de la Sala Primera, con una amonestación escrita, por un supuesto conflicto de intereses cuando fungía como presidente del consejo directivo de la Escuela Judicial.
El castigo lo impusieron los magistrados durante una deliberación secreta que se realizó este lunes y que demandó cerca de cinco horas de discusión.
Al final, luego de escuchar el resultado de una investigación preliminar realizada por el magistrado Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Sala Segunda, los altos jueces determinaron: primero, que debían aplicar el régimen disciplinario, segundo que la infracción cometida era grave y que por tanto la sanción que debían imponer era una amonestación escrita.
La ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece entre los artículo 190 al 195 cuales son las sanciones a que se exponen los servidores judiciales cuando cometan una falta en el ejercicio de su cargo.
Las infracciones se califican en leves, graves y gravísimas y las sanciones que se establecieron son advertencias, amonestación escrita, suspensión y revocatoria de nombramiento.
En el caso de Molinari, los magistrados consideraron que al ser un exfuncionario no era prudente imponer una suspensión pues no la cumpliría. En cambio, una amonestación escrita queda consignada en el prontuario (expediente personal) para el caso de que, en un futuro, esa persona pretenda obtener un puesto en el Poder Judicial.
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Impugnarán sanción
Los abogados Aldo Milano Sánchez y María Lourdes Echandi Gurdián, que se encargaron de la defensa de Molinari en el proceso administrativo, anunciaron que plantearán un recurso de reconsideración dentro del plazo de tres días hábiles.
“Con relación a la decisión dividida de la Corte Plena, mantenemos la tesis de inocencia sustentados en la gran cantidad de pruebas documentales y testimoniales que se evacuaron durante la investigación preliminar, así como durante el procedimiento sancionador.
“Se cometieron vicios formales antes, durante y luego del procedimiento. Don William no pudo referirse al resultado de la instrucción del caso ante la Corte Plena, debido al atropellado trámite que se siguió. Además, el magistrado Orlando Aguirre, quien fungió como Órgano Director, remitió su informe final en sobre cerrado a la Corte Plena, de modo que no fue posible rebatir sus conclusiones.
“Se solicitó a la secretaría de la Corte Suprema de Justicia copia de dicho informe, a la fecha ni siquiera se nos ha dado respuesta; de modo que quienes por decisión dividida sancionaron a don William, nunca le escucharon. Únicamente conocieron la versión del Órgano Director”, dijeron los litigantes en un comunicado de prensa.
Asimismo, hicieron ver que la sanción contra Molinari está fundamentada en el artículo 194 de la LOPJ, el cual no se ajusta a las normas, principios y obligaciones constitucionales que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Antecedentes
La Corte conoció sobre la queja contra el exmagistrado William Molinari el 21 de setiembre del 2020, cuando discutieron una denuncia respecto a un supuesto conflicto de interés, que se presentó mientras Molinari se desempeñaba como presidente del consejo director de la Escuela Judicial, cargo del cual se había separado en junio de ese mismo año.
El asunto tenía que ver con un supuesto cambio de perfil profesional para ocupar el cargo de la subdirectora de la mencionada escuela.
Luego de discutir el tema, la Corte en esa sesión del 21 de setiembre acordó: “Acoger la medida cautelar provisionalísima “urgente” Inaudita Altera Parte y Ante Causam en los términos solicitados y, en consecuencia: cesar cualquier materialización de los actos administrativos que se hayan generado, entre ellos la modificación del perfil y requisitos del puesto de la subdirección de la Escuela Judicial y todas las gestiones asociadas a la aprobación del mismo en la Dirección de Gestión Humana, el Consejo de Personal y demás instancias involucradas en el proceso de cambio de perfil y requisitos de la plaza, lo anterior hasta que finalice un proceso disciplinario iniciado en contra del magistrado William Molinari Vílchez”.
William Molinari renunció al cargo de magistrado el pasado 12 de abril, tan solo un mes después de que la Corte Plena recibiera otra denuncia contra este magistrado por un supuesto abuso sexual y laboral. Esa queja se recibió en la Corte el 13 de marzo y era en perjuicio de una letrada de la Sala Primera.
Ese segundo asunto fue archivado por los magistrados porque la queja no había sido notificada al denunciado y por tanto, no le podían dar trámite.
En aquel momento, Gloria Valerín Rodríguez, representante legal de la letrada de la Sala Primera que presentó esa denuncia, dijo sentirse satisfecha por la decisión de Molinari de dejar el cargo.
“Las víctimas de acoso sexual lo que quieren es vivir en paz, y siempre lo que se busca es la sanción máxima. En este caso, que era un magistrado, la sanción es la pérdida de la magistratura. El señor (William) Molinari logra sustituir eso, por un equivalente, que es su renuncia.
“La pena, él mismo se la impuso con su renuncia. Equivale a la pena máxima que hubiese tenido si eso se tramitaba. La renuncia es una aceptación implícita de que cometió los abusos”.
William Molinari, de 55 años, había sido electo como magistrado el 4 de agosto del 2015 por la Asamblea Legislativa con el apoyo de 40 diputados.
Este jurista trabajó como juez en la Corte Suprema de Justicia entre 1993 hasta el 2008, cuando abrió su bufete y se dedicó a litigar.
Molinari llenó una vacante que la Sala Primera tenía hacía un año, luego de la destitución de Óscar González, removido por una acusación de abuso sexual.
