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El Poder Judicial considera imposible acceder a la solicitud del Ministerio de Hacienda de recortar el 10% al presupuesto para el 2021.
Así lo dieron a conocer este martes los jerarcas de los diversos órganos judiciales durante una conferencia de prensa virtual, en la cual expusieron que eventualmente una disminución como la solicitada podría traer una afectación en el servicio a los usuarios.
Las manifestaciones las hicieron el presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, los magistrados presidentes de las salas Primera, Segunda y Tercera Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Orlando Aguirre Gómez, y Patricia Solano Castro, respectivamente.
Asimismo hablaron sobre el tema la fiscala subrogante, Criss González Ugalde, el director del OIJ, Wálter Espinoza Espinoza y la directora de la Defensa Pública, Diana Montero Montero.
Al respecto, Fernando Cruz manifestó: “Estamos haciendo el mayor esfuerzo. Hacienda nos dice un 10% que son ¢43.383 millones. Ya nosotros habíamos mandado un presupuesto muy limitado (...) Estamos haciendo el esfuerzo, pero hay que tener sumo cuidado, y mucha prudencia para no tocar rubros que son en esencia de servicios. Nos preocupa la situación de crisis económica y el impacto que tendrá para la administración de justicia”.
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Agregó que la próxima semana espera tener una reunión con el presidente de la República, Carlos Alvarado para exponerle toda la situación.
En tanto, Walter Espinoza explicó que las reducciones aplicadas hasta ahora le permitirán a la Policía realizar las labores previstas para el año entrante.
“Estamos garantizando el cumplimiento de nuestras acciones y la ejecución de todas las actividades esenciales que le corresponden a la Policía desarrollar, con menos dinero”, dijo.
Por su parte, Criss González explicó que en el Ministerio Público el presupuesto del 2021 fue reestructurado para acatar la solicitud de Hacienda.
“La institución planteó un rebajo significativo en aspectos como vehículos, equipo tecnológico, de comunicación y programas de capacitación. Vamos a mantener los servicios que son esenciales para combatir la delincuencia que no han mermado, sino que en muchos casos más bien se han incrementado”, advirtió.
Mientras que Diana Montero afirmó que es muy consciente de la situación económica que afronta el país, pero añadió: “En la Defensa Pública hemos cedido todo lo que es posible ceder. Una rebaja tan grande como la que pretende Hacienda puede afectar el servicio a los usuarios. Las personas usuarias de la Defensa Pública son personas en situación de pobreza”.
Ajustes realizados
El pasado 2 de junio la Corte Plena aprobó un plan de gastos para el 2021 por un monto ¢468.793 millones, lo que representa un decrecimiento de 0,82% en relación con las erogaciones del 2020 que fueron de ¢472.677 millones. La reducción hecha es de ¢3.884 millones que se ajustaba a los pedidos de Hacienda.
Fernando Cruz explicó este martes que ese plan de gastos no creaba plazas nuevas y se mantenía la planilla del Poder Judicial en 12.596 puestos.
“El presupuesto del 2021 decrece 0,66 en recurso humano, un 1,35% en gasto variables, un 2,21% en inversión, un 12,45% en adquisición de vehículos, un 6,21% en inversión de tecnología y un 4,74% en construcciones”, puntualizó el jerarca judicial.
Un vez que envió el presupuesto a Hacienda, el pasado 20 de julio, el ministro de esa cartera, Elian Jorge Villegas Valverde, hizo llegar a la Corte una nota en la cual pidió que “el gasto presupuestario máximo para el año 2021 sea igual al 90% del presupuesto ordinario aprobado para el año 2020″.
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Esa petición significa un recorte de ¢43.383 millones en el plan presentado.
Este lunes, la Corte Plena conoció el tema y aprobó una reducción adicional de ¢8.915 millones.
Eso implicó hacer recortes en rubros en recurso humano de ¢4.830 millones; construcciones ¢1.479 millones; vehículos ¢1.113 millones; informática ¢1.072 millones; capacitación ¢273 millones, y otros gastos de operación como son información, impresión, viáticos, actividades protocolarias y alimentos por ¢148 millones.
Las autoridades judiciales dijeron este martes que esa rebaja de ¢8.915 millones, sumandos a los ¢3.884 millones que se redujeron en la primera propuesta de presupuesto del 2020, significan una reducción total de ¢12.799 millones.
Los jerarcas dijeron que todavía podrían hacer algunas otros pequeños recortes pero la suma que propuso Hacienda.
En un comunicado de prensa emitido durante la tarde por el Poder Judicial se informó de que el nuevo recorte “no es un sobrante de partidas presupuestarias, sino que obedece a un estudio técnico realizado por las diferentes direcciones administrativas. Esta disminución es posible por la postergación de proyectos y obligaciones a las que la institución debe hacerle frente. Sin embargo el impacto en servicios sensibles es una preocupación latente por la falta de recursos”.
Asimismo, hicieron ver que el recorte se distribuye en todos los ámbitos y por lo tanto repercute en las labores que desarrollarán órganos como la Fiscalía, el OIJ y la Defensa Pública, y dificulta la posibilidad de asumir nuevas funciones y la expansión en los servicios.
