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Los magistrados de la Corte Plena acordaron iniciar el proceso para declarar ilegal la huelga de empleados judiciales; sin embargo, es un Juzgado de Trabajo al que le corresponde resolver esa situación y estos despachos también se encuentran en huelga.
Por esa situación, la Corte desconoce cuál podría estar laborando y estaría en la disposición de recibir la solicitud de clasificación de la huelga, la cual se realiza a través de la Procuraduría General de la República (PGR).
"Entiendo que podría ser que en este momento no haya jueces o estén en huelga, ya veremos esa eventualidad. Pero esa es una situación que el Procurador debe sortear, esperamos que no sea complicado y pueda llevar a buen término una declaratoria de ilegalidad de la huelga", manifestó Carlos Chinchilla Sandí, presidente de la Corte, durante una conferencia en horas de la mañana.
A la 1:30 p. m. de este jueves Chinchilla realizó la gestión respectiva ante el Procurador General de la República, Julio Jurado, para que gestione ante un Juzgado de Trabajo la ilegalidad del movimiento.
Al ser consultado a las 4:30 p. m. si ya conocían en cuál juzgado podrían iniciar el trámite, Chinchilla reiteró que de momento no sabían.
El acuerdo para solicitar la ilegalidad de la huelga tuvo el respaldo de 14 de los 22 magistrados. Solo se abstuvieron los de la Sala Constitucional.
"Hay que pensar primero en el ciudadano costarricense, en las personas que necesitan del acceso a la justicia y de alguna forma se la hemos denegado. Y más sensiblemente con la cuestión de Medicatura Forense, donde fue un golpe muy duro. Yo le pido disculpas a las personas, lamentamos mucho que no se hicieran las autopsias, ni las entregas de cuerpos", manifestó Chinchilla en una conferencia de prensa.
Vacío legal
Este 25 de julio entró en vigencia la nueva Reforma Procesal Laboral, la cual, al igual que el Código de Trabajo anterior, establece las normas para determinar si una huelga es legal o ilegal. No obstante; no viene establecido ningún procedimiento para proceder en caso de que sean los propios jueces de trabajo los huelguistas.
Esta situación es un vacío legal, pues nunca se pensó que los propios juzgadores estuvieran en huelga, dijo Eric Briones, especialista en derecho laboral.
La nueva ley dice que una huelga es legal cuando cumple con todos estos requisitos: que exista una suspensión concertada por parte de los trabajadores, ser pacífica, que hubiese una conciliación previa con el patrono antes de ir a huelga, que los trabajadores luchen por intereses sociales o jurídicos y que no afecten servicios esenciales.
Cuando se incumple alguno de estos requisitos el movimiento puede ser declarado ilegal.
Asimismo, la nueva normativa dispone que, si una huelga es declarada ilegal, los empleados tienen un plazo de 24 horas para volver a sus labores, sino, se exponen a ser despedidos sin responsabilidad patronal. El patrono también puede rebajarle al empleado los días que se le pagaron mientras estuvo en huelga.
Sin acuerdo
"Los sindicatos saben que soy una persona de diálogo. Se hace imperioso que nosotros los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia digamos que estamos aquí y que hay que respetar el trabajo. Que este Poder de la República camine", dijo Carlos Chinchilla.
El jerarca de la Corte expresó que estuvo con representantes de los gremios casi hasta las 11 p. m. del miércoles, pidiendo levantar la protesta, pero no hubo una respuesta positiva.
Dijo que además de la afectación en juicios y el retraso en las autopsias, otros servicios como la entrega del correo interno se han visto afectados y, por ejemplo, hay gestiones de privados de libertad a los que no se les ha podido resolver la situación y, a juicio de Chinchilla, eso no se puede permitir.
Pidió a los sindicatos que depongan la huelga, para volver a discutir el proyecto de ley de pensiones y apoyar con ideas, pero respetando a la Asamblea Legislativa y los tiempos que tiene la Comisión Especial de Pensiones.
Huelga sigue
Los trabajadores están disconformes porque la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa no consideró el texto propuesto por los gremios judiciales, para reformar las pensiones del Poder Judicial.
El Frente Gremial del Poder Judicial comunicó que la huelga se mantiene, aunque se haya iniciado el proceso para que sea declarada ilegal.
Mientras los magistrados estaban reunidos para discutir el tema, en las afueras los empleados judiciales hicieron presión para que apoyen el movimiento.
Una de ellas fue la directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz, quien tomó el micrófono para pedir que algún magistrado se sume al movimiento que está en las afueras.
"Don Carlos anda viendo como declarar ilegal el movimiento en lugar de estar aquí para buscar una solución pacífica", dijo la directora de la Defensa.
