Congreso aprueba limpiar hoja de delincuencia a exreos ‘vulnerables’

La disposición se desprende de una reforma a la Ley de Registros y Archivos Judiciales, la cual procura eliminar o reducir el tiempo de vigencia del historial delictivo de una persona que ya cumplió su condena.

Actualmente, el registro judicial establece que en la hoja de delincuencia se mantengan, por 10 años, los registros de los expresidiarios, luego de que cumplan la pena impuesta.

En la reforma se aclara que el récord delictivo se elimina de ese certificado cuando el fin sea laboral, excepto cuando la persona haya sido condenada por crimen organizado, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra la función pública.

Esas faltas se mantendrán en la hoja por 10 años.

Cuando el objetivo no sea buscar empleo, también se borraría la condena, siempre que haya sido menor a tres años.

Si la sanción de los jueces fue de entre tres y cinco años, el dato seguirá en el registro solo por un año. Las penas de cinco a 10 años estarán por tres años en el expediente. Mientras que las superiores a 10 años, se borrarán luego de cinco años.

La iniciativa, que fue presentada en noviembre del 2011 por el entonces diputado liberacionista Óscar Alfaro, tuvo 37 votos a favor y solo dos en contra de las diputadas Ligia Fallas y Suray Carrillo (Frente Amplio, FA).

Modificaciones. Gerardo Vargas, jefe de la fracción legislativa del FA, comentó que, antes de ser aprobado, el Movimiento Libertario presentó una moción para cambiar el texto.

En primera instancia, el plan de ley proponía que cuando las personas exconvictas sean mujeres en condición de pobreza y vulnerabilidad, el expediente se eliminara una vez extinguida la condena, sin importar el delito.

El jueves, los diputados cambiaron la palabra “mujer” por “persona”, para hacerlo más inclusivo. También escribieron que se eliminaría para personas en condición de pobreza y con familiares dependientes.

Luego, el diputado liberacionista Antonio Álvarez pidió modificar de nuevo el texto con el fin de evitar que los antiguos presos “se valieran de su condición de pobreza” para quedar sin antecedentes. Finalmente, el texto permite que se limpie el registro judicial a los exreos “vulnerables”.

Sin embargo, Vargas admitió que ese término es “bastante amplio”. “Estábamos pensando en personas como madres jefas de hogar, sin trabajo, en condición de pobreza”, señaló.

Se intentó conversar con la diputada del Libertario, Natalia Díaz, pero no respondió a las llamadas hechas a su celular.

Molestia. Ese cambio a la reforma provocó que, por ejemplo, la legisladora Fallas votara en contra del plan, por considerar que el objetivo de esa modificación era hacer una excepción con las exconvictas en condición de pobreza y que “venían de ser sometidas en una relación de poder” .

Fallas reaccionó e indicó que “cuando se le hace el cambio (al texto) para incluir a los hombres, se pierde el sentido. Eso es lo que no me parece. Y si eso no era lo que queríamos, no debemos votar, porque después salen leyes a las que les tenemos que poner parches en el camino”.

Rónald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial Privado (Uccaep), manifestó que están en desacuerdo con la medida. “Los patronos tienen el derecho a saber a quién están contratando”, apuntó.

“Le pongo un ejemplo: si se necesita personal de seguridad en una joyería o en cualquier tipo de establecimiento y, sin saber, se contrata a alguien que fue condenado por robo, nos podemos ver expuestos a ser sus próximas víctimas”, puntualizó Jiménez.

Al contrario, el Ministerio de Justicia destacó que la modificación “permitirá una inserción social efectiva de quienes buscan trabajo y son rechazados por haber cumplido su pena”.

Se intentó conversar con Marco Feoli, viceministro de Justicia, para ahondar en este tema, pero no fue posible ubicarlo. Colaboraron los periodistas Aarón Sequeira y Hulda Miranda