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Tres funcionarios del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) de apellidos Calderón, Arrieta y Vargas fueron declarados culpables por ejecutar cobros irregulares en las pruebas de manejo en Pérez Zeledón.
La sentencia por los delitos de cohecho propio en perjuicio de los deberes de la función pública fue dictada el viernes 13 de agosto por el Tribunal Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, pero fue divulgada hasta este miércoles por el Ministerio Público.
Los hechos que se les achacan a los hombres de apellidos Calderón, Arrieta y Vargas ocurrieron entre diciembre del 2010 y mayo del 2011.
Según el comunicado de la Fiscalía, el Tribunal acreditó que los imputados, “valiéndose del cargo que tenían como evaluadores de las pruebas prácticas de manejo y abusando de sus funciones, indujeron de forma indebida a personas usuarias a darles un beneficio patrimonial antijurídico o dádivas, con el fin de que pudieran aprobar la prueba de manejo.
Al imputado de apellido Vargas se le condenó por tres delitos de cohecho propio y se le estableció una pena de 2 años de prisión por cada uno de los delitos.
De esta forma Vargas descontará seis años de prisión bajo arresto domiciliar y con monitoreo electrónico.
A los otros dos funcionarios de apellidos Calderón y Arrieta se les declaró responsables de un delito de cohecho propio y se les impuso la pena de dos años de prisión. No obstante, por cumplir con los requisitos legales se le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena por el término de tres años.
Si en ese lapso los sentenciados cometen otro delito doloso sancionado con prisión mayor a seis meses, se les revocará el beneficio y deberán ingresar a prisión.
Además, los tres quedaron inhabilitados para el ejercicio de cargos y empleos públicos por el término de 10 años.
Por otra parte, en la causa figuró una mujer de apellido Barboza, a quien se le sentenció a dos años de cárcel por un delito de penalidad de corruptor, en la modalidad de cohecho propio. Empero, también se le concedió el beneficio de ejecución condicional, según la sentencia 447-2021.
Anomalías en Cosevi
Según publicaciones de La Nación de aquella época, los ahora sentenciados cobraban desde ¢10.000 hasta ¢70.000 por realizar pruebas teóricas y prácticas de manejo.
Durante el 2010 y mayo de 2011 los funcionarios trabajaban en complicidad con “gavilanes”, quienes eran personas que estaban fuera de las sedes de licencias para ofrecer “ayudas” a los usuarios con los trámites.
Es así como el Organismo de Investigación Judicial en mayo de 2011 detuvo a 10 sospechosos, cinco de ellos eran funcionarios públicos del Cosevi, entre ellos los tres imputados, y los otros cinco detenidos eran “gavilanes”.
Las detenciones tuvieron lugar en los exteriores y el interior de la oficina regional de Educación Vial en San Isidro de El General, en Pérez Zeledón.
