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El Concejo distrital de Lepanto, Puntarenas, y la casa del intendente de Jicaral fueron allanadas este jueves, como parte de una investigación por el presunto delito de legislación en provecho propio.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) informó de que el objetivo de las diligencias fue recopilar pruebas e incorporarlas a la causa 16-001219-0414-PE, en la que existen expedientes de contrataciones administrativas, planos y expedientes de personal del Concejo.
Según la institución, existe una denuncia que señala al intendente, de apellidos Rodríguez Johnson, como sospechoso de realizar planos catastrados y otras actividades propias de su profesión, pese a tener dedicación exclusiva para el cumplimiento de sus tareas como funcionario público.
Rodríguez, topógrafo de profesión, ejerce como intendente del Concejo distrital desde el 1.° de mayo del 2016.
El Ministerio Público detalló que, al parecer, los planos eran firmados por otros ingenieros que le colaboraban.
El fiscal coordinador de la Fapta, con sede en Guanacaste, Luis Martínez Zúñiga, manifestó que durante la investigación se determinó que además de confeccionar los planos, Rodríguez emitía el visado para estos, por lo que la segregación de lotes se realizaba sin problema.
"A este hombre también se le investiga por haber nombrado miembros de ese Concejo distrital sin cumplir con requisitos al puesto y de pagarle prohibición a uno de ellos a pesar de que no correspondía.
“También se han detectado varias contrataciones administrativas otorgadas a la misma empresa de manera fraccionada pese a que se trataba de una misma obra, para evitar la rigurosidad exigida en la ley”, explicó Martínez.
Añadió que en el expediente también se investiga el cobro a vendedores ambulantes no reflejados en la tesorería del Concejo.
Para la Fiscalía, el objetivo del sujeto era generar un beneficio para si mismo y sus clientes.
Según el artículo 48 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la legislación o administración en provecho propio se sanciona con una pena de prisión de uno a ocho años.
Información actualizada a las 5:59 p. m,. con más datos de la Fiscalía.
