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Andrés Quirós Malvar nació prematuro –de 29 semanas–, el 27 de febrero del 2014, con displasia pulmonar y anomalías en el desarrollo de laringe, tráquea y bronquios.
Estuvo 110 días en el Hospital Nacional de las Mujeres y el Hospital Nacional de Niños (HNN), hasta salir con tanque de oxígeno, del cual dependió cinco meses. Hoy tiene año y cuatro meses y se alimenta por una sonda conectada al estómago.
Su condición al nacer lo hacía candidato para que se le aplicara el medicamento palivizumab, que lo protegería del virus respiratorio sincicial (VRS), causante de la bronquiolitis, y que ataca durante la época lluviosa (de julio a noviembre).
El suministro del medicamento fue ordenado por la neumóloga que lo atendió en el Hospital Nacional de Niños, Amy Hoepker, con el fin de prevenir la gravedad de la infección por el VRS y evitar una eventual hospitalización con riesgo de muerte.
Sin embargo, los padres del niño, Isabel Malvar y Carlos Quirós, comenzaron un viacrucis al enterarse de que el palivizumab no se incluye en la lista oficial de medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Batalla de criterios. La neumóloga Hoepker solicitó al Comité Local de Farmacoterapia del HNN que comprara las cinco dosis que requería el pequeño, pero le dijeron que no había presupuesto.
A pesar de que la especialista justificó con estudios pediátricos la necesidad del medicamento para Andrés, le respondieron que el paciente no cumplía con los requisitos del protocolo institucional para ese tipo de medicinas.
Por ese choque de criterios, el caso fue remitido al Comité Central de Farmacoterapia de la CCSS, y este mantuvo la negativa por las mismas razones y por el alto costo de la dosis: ¢3,5 millones, en total, por cinco vacunas.
Como los meses pasaban y la época lluviosa llegó, los padres de Andrés compraron por su cuenta las primeras tres dosis, para julio, agosto y setiembre. Ambos trabajaban en ese momento y pagaron $4.500 (¢2,4 millones), en total.
“La pediatra y la neumóloga nos decían que un virus de esos se lo podía llevar en un día. Vimos a dos niños en las mismas condiciones de Andrés que no soportaron una parainfluenza común. Este otro virus (VRS) es mucho más fuerte”, relató el padre.
Resolución. Como faltaban dos vacunas más para completar la inmunización (octubre y noviembre), los progenitores acudieron en setiembre a la Sala Constitucional, decididos a batallar por su hijo. El caso fue admitido.
Cuando los magistrados solicitaron informes a la CCSS, la negativa fue orquestal: las gerencias de Logística y la Médica, la Dirección de Farmacoepidemiología y el Hospital de Niños pidieron que se desestimara el caso.
Todos los criterios señalaban que, como el menor tenía cinco meses en el momento en que iniciaba la etapa estacionaria del virus, no debía comprársele el medicamento pues el protocolo indica que debía tener tres meses.
La resolución N.° 16646-14, de la magistrada Nancy Hernández, el 10 de octubre del 2014, concluyó que esa discordancia de criterios entre la institución y la médica tratante del bebé incidió negativamente en su salud.
“El interés superior del menor en este caso es prevenir el riesgo de infección y hospitalización, por lo que prevalecerá por encima de criterios burocráticos, presupuestarios o económicos”, señala el fallo, el que condenó a la CCSS a pagar todas las dosis.
