EscucharLa Caja Costarricense de Seguro Social fue condenada a pagar ¢110 millones por la “castración quirúrgica” de una joven, en ese entonces de 17 años, a quien le extrajeron, en agosto del 2002, el único ovario que tenía, cuando la operaron por un dolor abdominal.
El fallo lo dictó el Tribunal Penal Unipersonal de Pococí, Limón, el pasado 24 de febrero.
En la sentencia integral, dada a conocer el 3 de marzo anterior, el juez Manuel Rojas López dijo que utilizó el término “castración quirúrgica” porque tres distintos médicos manifestaron, en el debate, que era innecesario extraer el ovario, pues existían procedimientos menos agresivos, que se pudieron aplicar a la paciente.
Asimismo, consta en la resolución que a la mujer, tiempo antes de este hecho, le sacaron el ovario derecho por razones justificadas.
Razonamiento. Para el juez Rojas, durante el proceso quedó demostrado que hubo responsabilidad patrimonial de la institución, pues con testigos y prueba documental, se verificó el daño a la víctima, así como que la operación la practicaron funcionarios de la Caja.
El abogado Jorge Eduardo Ramos Ramos, quien representó a la afectada, se mostró satisfecho con el fallo, aunque admitió que la entidad todavía puede recurrir la resolución a instancias superiores.
El profesional justificó el reclamo civil porque el hecho cambió de manera radical la vida de la mujer, pues debe utilizar antidepresivos debido a que le afectó no poder tener hijos. Además, debe tomar, de por vida, medicamentos que sustituyen la producción de hormonas.
Ramos se mostró esperanzado que la resolución sea ratificada en las instancias superiores.
Aunque se solicitó una reacción a la Caja, sobre las consecuencias de este fallo, el Departamento de Prensa comunicó que debido a que los jerarcas se encontraban en sesión de Junta Directiva, conociendo otros temas, no se iban a referir a la resolución judicial.
Antecedentes. Este asunto se inició el 29 de agosto del 2002, cuando la afectada, quien, además de estudiar, realizaba actividades de modelaje, se dirigía de Limón, donde habita, hacia San José, pues tenía una cita médica privada.
Durante el viaje sintió un dolor abdominal, por lo que fue llevada a Emergencias del Hospital de Guápiles, en donde la inyectaron y le quitaron el dolor.
Durante el juicio, varios testigos dijeron que ella y otro médico, así como los padres de la joven, pidieron al ginecólogo que la atendió, que le diera la salida, con el fin de que otro doctor, en San José, y quien conocía su caso, la revisara. Sin embargo, el ginecólogo le negó la salida, pues aseguró que debía operarla, pues percibía que el dolor ocurría porque el ovario estaba torcido y sangrante. En la cirugía se le sacó el ovario izquierdo.
En este proceso judicial, al médico no se le acusó por la presunta mala praxis, debido a que cuando se presentó la demanda, el delito estaba prescrito.
