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La Fiscalía solicitó el martes seis meses más de la prisión preventiva para dos colaboradoras de la Fundación Manos Abiertas, quienes están detenidas desde marzo, cuando autoridades judiciales allanaron dos sedes por presunta explotación laboral, tortura de pacientes, ejercicio ilegal de la profesión, malversación de fondos públicos, peculado y enriquecimiento ilícito.
El local allanado en Desamparados de Alajuela es un centro de la fundación que, bajo el nombre de albergue Madre del Perpetuo Socorro, acogía a 79 menores de edad, algunos de ellos con enfermedades terminales y discapacidades. Mientras que en el local de La Unión, se encontraban 65 adultos mayores. Tras los allanamientos, los pacientes fueron reubicados.
En esos operativos también fue detenida otra mujer, de apellidos Quirós Castro, quien cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica; un hombre de apellidos Granados Delgado, a quien se le impuso una fianza de ¢70 millones y prohibición de salir del país; y otra mujer, de apellido Villalobos, quien está en libertad, pero sigue sujeta al proceso judicial.
La solicitud de extensión de la prisión preventiva fue confirmada este miércoles por el abogado Jorge Rojas Fonseca, en representación de las mujeres de apellidos Rodríguez Ugalde e Hidalgo, durante un receso en la audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada en el Juzgado Penal del II Circuito Judicial, en Goicoechea.
Rojas, quien también representa a otra colaboradora que no está en prisión preventiva, afirmó que trabaja para evitar la prórroga y lograr que sus clientas sigan apegadas al proceso judicial bajo otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva.
“En este momento estamos nosotros en el uso de la palabra para poder, con los argumentos que tenemos, con las múltiples pruebas que se han venido ofreciendo, documental, testimonial, pericial y demás, manteniendo la tesis de que en realidad esa prisión debe cesar”, indicó Rojas.
El letrado declaró que la audiencia finalizará este miércoles; sin embargo, no se sabe si la jueza tomará una decisión el mismo día o si la resolución se postergará.
La Nación consultó este miércoles a la Fiscalía las razones para solicitar la extensión de la prisión preventiva contra Rodríguez e Hidalgo, pero al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.
El origen de este proceso
Las investigaciones contra la Organización No Gubernamental (ONG) comenzaron en 2023, tras denuncias de exempleados sobre explotación laboral y maltrato a los pacientes.
Manos Abiertas recibía fondos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Junta de Protección Social (JPS), y otras entidades.
En los últimos cinco años, la Fundación recibió ¢6.584 millones, parte de los cuales habrían sido utilizados por los imputados para viajes al extranjero y adquisición de bienes, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Además, trascendió que los implicados utilizaban supuestos “votos de obediencia” para justificar castigos, como sumergir las manos de los pacientes en agua fría.
Aunque la fundación estaba en proceso de ser reconocida como una asociación de fieles por la Iglesia Católica, no era una congregación oficial, y la diócesis desconocía los presuntos abusos.
“Ellas son parte de una asociación de fieles que se llama la Asociación de Fieles del Corazón Redentor de Cristo, son laicos comprometidos, debidamente autorizados y reglados por las altas autoridades de la Iglesia Católica (...). Lo que pasa es que en este tema no se ha logrado comprender cuáles son las características que tiene una asociación de fieles comparada con un instituto religioso”, argumentó Rojas.
Según el abogado, en relación con las acusaciones de tortura y maltrato, “todos los dictámenes médicos de Medicatura Forense han determinado que estos pacientes, los menores de edad, nunca han sido torturados, nunca han sido maltratados”, indicó.
Rojas enfatizó que las acusaciones de peculado, malversación y ejercicio ilegal de la profesión también “se han debilitado”.
Fallecimientos tras cambios
En marzo, excolaboradores de la ONG Manos Abiertas denunciaron que los pacientes del albergue en Alajuela, que quedó bajo la administración del PANI después de los allanamientos, no recibían la atención adecuada.
Según exenfermeras y voluntarios, los horarios de tratamientos y alimentación no se cumplían desde que una empresa privada asumió el control. Relataron que algunos niños no comieron ni recibieron sus medicamentos a tiempo. También indicaron que los nuevos cuidadores carecían de formación para atender a menores con discapacidades.
El PANI admitió dificultades logísticas, pero negó las malas condiciones descritas.
En junio, se informó que un total de 22 pacientes de la Fundación Manos Abiertas fallecieron tras ser reubicados en otros centros. Bilbia González, presidenta del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), explicó que la mayoría de las muertes ocurrieron en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), principalmente por shocks sépticos y paros cardíacos.
Aunque González admitió que lo mejor era mantener a los pacientes en las sedes de la fundación, aseguró que la falta de recursos obligó a trasladarlos.
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Colaboró en esta información Lucía Astorga.
