EscucharLa Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial pidió un año de prisión preventiva para un hombre de apellidos Segura Angulo, sospechoso de liderar una banda asentada en Pérez Zeledón a la que se le atribuye el presunto delito de lavado de dinero.
Esa misma medida cautelar pidieron los representantes del Ministerio Público para sus dos supuestos cómplices, apellidados Garro Núñez y Núñez Jiménez. La audiencia en la que se discute la situación judicial de estas tres personas comenzó este miércoles en el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de San José, ubicado en Goicoechea, y seguirá este jueves con la exposición de la defensa de los implicados.
El abogado Andy Jack Sánchez Porras, quien representa a Segura, manifestó que ya está definida la estrategia de defensa, por lo que este jueves presentará sus argumentos ante el juez. La defensa es compartida con José Miguel Villalobos Umaña, quien estuvo ausente este miércoles porque estaba en otra diligencia.
A partir de todos los elementos expuestos, el juzgador a cargo de esta diligencia, definirá si acoge o no la petición fiscal.
Paralelamente, la Fiscalía dio a conocer que sobre una mujer de apellidos Chacón Vargas, compañera sentimental de Segura, “se mantiene la orden de captura internacional, adicionalmente, se realizan coordinaciones con diferentes cuerpos policiales de distintos países, incluyendo Panamá, para procurar su pronta captura”. Ella no se encontraba con el supuesto cabecilla el pasado 12 de abril, cuando él fue capturado junto con Garro y Núñez en Chiriquí, Panamá.
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Los tres sujetos fueron extraditados este martes, 21 días después de ser aprehendidos cuando se hospedaban con un sujeto de apellido González Corella, señalado por la Policía Nacional de Panamá como uno de los cabecillas de otra organización dedicada al blanqueo de capitales, que se desestructuró en la Operación Quijote.
El traslado entre territorio canalero y costarricense estuvo caracterizado por fuertes medidas de seguridad, las cuales persisten en Goicoechea.
El caso
El Caso Fénix comenzó a investigarse cuando las autoridades recibieron una alerta financiera que ingresó en el 2019 a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en la cual se detallaba que estaba funcionando una organización que, en apariencia, se dedicaba al lavado de dinero por medio de múltiples negocios, entre ellos la ganadería, la venta de llantas, los lubricentros, las verdulerías, los bares y los restaurantes. El asunto se destapó porque uno de los integrantes de la banda registró “una conducta inusual en cuanto a los flujos de dinero”.
Luego de múltiples investigaciones que incluyeron intervenciones telefónicas y que fueron dirigidas por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, se logró identificar a 19 personas físicas, así como 19 personerías jurídicas como involucradas en el ilícito. Con base en esos datos, el 22 de febrero pasado se hizo un operativo para desarticular a la organización, que operaba principalmente en el cantón de Pérez Zeledón.
En la acción policial solo se detuvo a 10 de los presuntos integrantes del grupo; otros cuatro, considerados los principales implicados, se habían dado a la fuga. Durante los allanamientos se decomisó dinero en efectivo cuya suma asciende a ¢5.155 millones, entre dólares y colones, los cuales ocultaban principalmente en compartimentos fabricados en vehículos. También se les incautaron ¢941 millones derivados de la subasta del ganado confiscado a los miembros del grupo.
Información actualizada a las 7:20 p. m.
