La sentencia de 7,5 años de prisión, dictada el 11 de enero contra la exdefensora de las Habitantes Ofelia Taitelbaum Yoselewich, será apelada antes de la fecha límite que es el 15 de febrero, afirmó su abogado Hugo Navas, quien dice que hubo errores de procedimiento en el juicio que deben ser dilucidados.
La primera sentencia por 9 años contra la exfuncionaria se dictó el 29 de agosto del 2019, pero fue apelada y el pasado 11 de enero, en un juicio de reenvío, la pena se redujo a 7,5 años, por 29 delitos de uso de documento falso. La condena incluye el pago de ¢5 millones al Estado por daño social y ¢1 millón por las costas del juicio.
El por tanto establece que la pena deberá descontarla en el centro penal correspondiente, conforme a los reglamentos penitenciarios vigentes. Aunque se dictó por 72,5 años de prisión, se reduce a 7,5 debido a las reglas del concurso material que se aplican cuando una persona comete más de un delito en diferentes momentos.
La Fiscalía indicó ante consulta de este medio que no están valorando apelaciones al fallo judicial pues les interesa que la sentencia quede en firme, para que se inicie el proceso de ejecución de la pena lo antes posible.
Taitelbaum fue denunciada en el 2014 cuando un hijo de la costurera sancarleña María de los Ángeles Otárola, intentó asegurarla. Esa vez la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) rechazó la solicitud, argumentando que la costurera figuraba con ingresos millonarios, como contribuyente de impuestos sobre la renta debido a una supuesta asesoría a firmas vinculadas a la entonces defensora de los habitantes.
A raíz de esta denuncia, Taitelbaum tuvo que dejar el cargo para el cual había sido reelegida.
Aunque han transcurrido casi 10 años desde que se conocieron los hechos, los recursos legales aún permiten nuevas recusaciones que dan más largas a este asunto en los Tribunales.
Una vez que la sentencia quede en firme, la única forma de que la exfuncionaria, de 75 años, evite descontar la pena en prisión es por problemas de salud que deben ser valorados por un médico forense.
Lo anterior porque no se puede dar el beneficio de ejecución condicional de la pena mediante el uso de tobillera o casa por cárcel cuando la pena dictada excede los tres años de prisión.
Agotará recursos disponibles
De acuerdo con Hugo Navas, luego de analizar la sentencia integral solicitó al Tribunal una “adición de aclaración”, por lo que este miércoles tendrá una audiencia en torno a ello en los Tribunales Goicoechea, donde se dictó la sentencia condenatoria.
“Tengo varias dudas y la idea es que me las aclaren. Una es por el cobro del daño social por ¢5 millones, creí que ese cobro lo iban a hacer a través de un juzgado Civil y no de uno Penal”, afirmó.
De igual forma, llevará ante los jueces de apelación su tesis de que el debate nunca se debió llevar a cabo porque estuvo ausente Axa Carballo Barquero, la abogada de Iliana Vargas Jiménez, coimputada en el juicio, quien era asistente de contabilidad de Ofelia Taitelbaum. Según Navas, la abogada Carballo pidió reprogramación del juicio y ni siquiera le contestaron, por lo que no llegó.
Ileana Vargas, la segunda imputada en este juicio, falleció en enero del 2019, antes de que se realizara el contradictorio. Para Navas es un error que la Fiscalía pidiera el sobreseimiento para la difunta al final del debate y no al inicio, como a su juicio debió ser. Sostiene que ese “error” obligaba a que la abogada Carballo estuviera presente porque había una acción civil en juego, la cual repercutía sobre el sucesorio de doña Iliana Vargas, dijo Navas.
“Son aspectos formales del procedimiento que se deben respetar. Seguiré con mi teoría hasta el final y quiero que la valore el tribunal de apelación y el de casación en caso de ser necesario, pues hay vicios del procedimiento que causan la nulidad del juicio”, sostuvo.
En su opinión, el fallecimiento de una de las partes y no haberla sobreseído al inicio del debate, implicaría tener que presentar una nueva acusación por parte de la Fiscalía, donde se detallasen los delitos atribuidos a Taitelbaum, en lugar de proseguir con la acusación inicial.
Un seguro pendiente
La costurera sancarleña María de los Ángeles Otárola asegura que ella conoció a la exdefensora, cuando Taitelbaum era viceministra de Vivienda y ella residía en un precario que la funcionaria visitó en Pavas. Agrega que nunca tuvieron una relación comercial, pues ella no tiene los conocimientos suficientes para ofrecer un servicio semejante.
Cuando el caso se elevó a juicio no calculó que el proceso iba a extenderse durante tantos años. Incluso, califica como incomprensible que el veredicto haya tardado tantos años en concretarse, pese a que una prueba grafoscópica demostró que ella no había firmado ninguna declaración de renta que la vinculara con los negocios de Taitelbaum.
Ella insiste en que esta lentitud en el proceso penal le impidió obtener un seguro ante la Caja, por medio de su hijo Roy. La Nación verificó que no aparece como asegurada.
No obstante, Andrey Sánchez Duarte, director de Coberturas Especiales de la CCSS, explicó que para la Caja el proceso penal no afecta el trámite para el seguro familiar, por lo que es totalmente viable la gestión que pueda realizar la familia de Otárola Soto en ese sentido.
La protección familiar se gestiona siempre y cuando se demuestre el vínculo con la persona asegurada directa y que la persona beneficiaria no esté realizando alguna labor lucrativa que la obligue a cotizar ante la Caja.
Después de las gestiones iniciales, no se logró evidenciar que se haya presentado otra solicitud formal en los últimos cinco años ante el Área de Salud de Ciudad Quesada, ni tampoco en el Área de Salud de Pavas, informó la CCSS.
Se desconoce por qué los familiares directos no continuaron el proceso de aseguramiento.
Salud de la costurera decae
Roy Otárola, hijo de la costurera, lamentó que terceros, a los que no identificó, se aprovecharon de que su mamá es una persona humilde, que no domina los términos legales y por eso fue descartada como querellante y solo quedó la Fiscalía en el proceso penal.
Alegó que desde el inicio la dejaron sin participación, después de que la mamá le firmó un poder a varios abogados para representarla y luego ninguno apareció.
“Nuestro deseo es que se cuente la verdad. (...) Que por conciencia doña Ofelia sepa que por sus acciones se han visto muy afectadas la vida y la salud de una persona”, reclamó.
Doña María Otárola, de 60 años, y madre de cuatro hijos vive hoy en Aguas Zarcas, con Roy. Este último afirma que la salud de ella decrece porque tiene hipotiroidismo, lo cual le genera sobrepeso, de modo que no puede mantenerse en pie ni diez minutos porque no soporta el dolor. Además, también padece osteopenia y desgastes de cadera.
Lo anterior porque ella no tuvo citas de seguimiento para sus males con ningún especialista y los médicos generales a los que tuvo acceso solo le dicen que tiene que vivir con eso.
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