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Hoy a las 3 p. m., en los Tribunales de Goicoechea, se dictará la sentencia por el caso ICE-Alcatel, en que figuran nueve imputados.
Los jueces solo darán a conocer el por tanto del fallo, tras la cual emitirán una breve explicación sobre las razones por las cuales llegaron a la decisión.
El Tribunal que dirige el debate, integrado por los jueces Rosaura García Aguilar, Ileana Méndez Sandí y Jorge Camacho Morales, emitirán el fallo integral el 25 de mayo próximo.
Antecedente. El juicio por el caso ICE-Alcatel comenzó el 23 de abril del 2010 y concluyó el pasado 5 de abril. Durante el año que duró el proceso, se juzgó el presunto pago de dádivas para facilitar la adjudicación de 400.000 líneas de la telefonía celular del tipo GSM a la empresa francesa Alcatel-Cit.
A algunos de los imputados se les achaca haber recibido sobornos y a otros ser supuestos facilitadores de tales pagos.
Los imputados son el expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez Echeverría; el exdiputado y expresidente de la CCSS, Eliseo Vargas García; el exdirectivo del ICE, Joaquín Alberto Fernández Alfaro; el exasesor de la directiva del ICE, Guido Sibaja Fonseca, y el expresidente de Alcatel Costa Rica, Édgar Valverde Acosta.
Además, el dueño de Servicios Notariales Q. C., Luis Adrián Quirós Carmona; el empresario Alfonso Guardia Mora, y los exfuncionarios del ICE Eduardo Fonseca García y Rodrigo Méndez Soto.
La Fiscalía había solicitado siete años de prisión para el expresidente Rodríguez, al calificarlo como el “instigador” para que se exigieran dádivas a la empresa Alcatel. Lo inculpó de los delitos de corrupción agravada en carácter de instigador (cinco años) y de enriquecimiento ilícito (dos años).
Además, contra Guido Sibaja solicitó 19 años de prisión; para Edgar Valverde 15; para Luis Adrián Quirós, Eliseo Vargas y Joaquín Alberto Fernández cinco años; para Eduardo Fonseca seis años; para Rodrigo Méndez cuatro años y para Alfonso Guardia 10 años.
Los defensores de los imputados pidieron la absolutoria al alegar prescripción de la acción penal, errores legales al formular la acusación y que el principal testigo, José Antonio Lobo, no dijo verdad.
