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El proyecto para construir la Academia Nacional de Policía sufrió un inesperado giro, luego de que las actuales autoridades de Seguridad Pública se enteraran de que la finca escogida para la obra está invadida por precaristas desde el 1.° mayo del 2001.
Mario Zamora, ministro de Seguridad, aseguró que tuvo conocimiento sobre la presencia de invasores en esa propiedad, ubicada en el sector de La Teresa, Pococí, Limón, tras una reciente inspección realizada por funcionarios de su cartera.
El terreno fue entregado al Estado “libre de gravámenes y precaristas”, el 14 de octubre del 2010, por Gerardo Lara Solórzano, para poner fin a un proceso penal por uso fraudulento de beneficios de los certificados de abono tributario (CAT).
Zamora explicó que debido a que el proyecto de la Academia no podía sufrir atrasos, en los primeros días de noviembre se decidió construir la escuela en el terreno seleccionado para la cárcel de máxima seguridad en Roxana y La Rita de Pococí.
Esa finca pertenece al Ministerio de Justicia.
La construcción será financiada por el Gobierno de China ($20 millones) y la Unión Europea (16 millones de euros).
El inmueble se pensaba hacer en la finca conocida como Polyvec, la cual soportó en los últimos años embargos y gravámenes.
En uno de esos procesos, la jueza civil de San José, Vanessa Guillén Rodríguez, ordenó el 9 de noviembre del 2010, “el lanzamiento de las personas que habitaban dicho inmueble”.
La orden la ejecutó la Fuerza Pública entre el 10 y 11 de enero de este año, según confirmaron el ministro Zamora y Nelson Piedra, abogado de las 35 familias que ocupaban el terreno. En esa ocasión, se procedió a destruir las casas.
Para ese momento, ya existía un proceso posesorio contra la finca, planteado por los precaristas desde setiembre del 2010, en el Juzgado Agrario de Pococí, Limón. Piedra explicó que lo presentaron hasta esa fecha porque ya estaban próximos a cumplirse los diez años que exige la ley para reclamar un terreno abandonado.
Víctor Bulgarelli Céspedes, procurador agrario, comentó que se enteró de esa demanda hasta el 16 de agosto del 2011.
Mario Zamora alegó desconocer los términos de la negociación que llevó a Lara a entregar la finca al Estado. No obstante, explicó que en el documento de traspaso se “indica que está libre de gravámenes. Por eso es que el Estado acepta, pero la realidad social era diferente”.
Para complicar más la construcción de la academia, el juez agrario de Pococí, Ronald Rodríguez Cubillo, dictó el 26 de setiembre pasado una medida cautelar que ordena al Estado suspender el desalojo de las parcelas de Cindy Rojas Orozco y Danilo Artavia Córdoba. Allí se iban a construir los edificios.
Zamora admitió que el Ministerio de Seguridad tenía conocimiento de los precaristas, pues participó en un desalojo. “Pero yo me entero de que hay un grupo de personas haciendo diferentes reclamos hasta hace unos dos o tres meses atrás”, aseveró.
Comentó que tras analizar que el proceso agrario es indefinido y no se sabe cuándo habrá una resolución final, se buscó otra finca para la escuela.
