El ministro de Seguridad Pública (MSP), Gerald Campos Valverde, aseguró que la prioridad de su gestión, durante los próximos cuatro años, será una lucha frontal contra el crimen organizado, responsable de los problemas de narcotráfico, lavado y homicidios que aquejan al país.
El abogado, de 55 años, quien ejerció como ministro de Justicia en la administración de Rodrigo Chaves Robles, atendió a La Nación el pasado viernes 17 de julio, en una conversación en la que declinó fijar metas numéricas sobre su gestión o ahondar en sus objetivos como ministro.
Campos, quien también fue escribiente y notificador en el Organismo de Investigación Judicial, y alcanzó la silla de subdirector en el 2013, se aferra y reitera que el éxito de su trabajo, al mando de Seguridad Pública, lo medirá según el número de condenas que logre obtener el Poder Judicial.
El jerarca se refirió al retiro de la Policía de Control de Drogas (PCD) de puertos y aeropuertos, ejecutado en setiembre del 2023, y afirmó desconocer si, de alguna manera, esa decisión pudo haber beneficiado a grupos criminales. Asimismo, descartó referirse al impacto del retiro del Servicio Nacional de Guardacostas de zonas estratégicas, como Sixaola y Drake, pues esa decisión, alegó, correspondió a la administración anterior.
Este medio solicitó la entrevista con el jerarca desde el 12 de mayo para abordar distintas temáticas relacionadas con la dependencia que encabeza, la situación actual de la flotilla policial, el reforzamiento de la Fuerza Pública, la identificación de zonas prioritarias en el combate a la delincuencia y las acciones policiales en Crucitas, entre otros temas.
Tras dos cancelaciones, la conversación se llevó a cabo en una de las salas de reunión de la sede central de esa dependencia, en barrio Córdoba, y duró 33 minutos. Estas fueron sus respuestas.
Retiro de la Policía de Control de Drogas (PCD) de puertos y aeropuertos
– ¿De qué forma la ausencia de la PCD pudo haber beneficiado a las organizaciones criminales desde su retiro, en setiembre del 2023?
– Costa Rica tiene una situación compleja en crimen organizado. En el gobierno pasado no contábamos con todo el personal que requería la PCD.
“Hubo que dar apoyo a las operaciones de los delitos propios que ellos estaban llevando y, obviamente, como habilitamos los escáneres en puertos, habría que prever esa contingencia.
“En aquel momento, me imagino que las autoridades a cargo valoraron toda la situación y reubicaron al personal, de la misma forma en que yo estoy haciéndolo ahorita. Tómese en cuenta que la PCD crece en un 50% casi (en este periodo). Ahorita hay 308 integrantes”.
– Sea cual sea el motivo, ¿pudo haber beneficiado a las organizaciones criminales?
– No sé si pudo haber beneficiado. Lo que sí sé es que el recurso tiene que utilizarse dependiendo de las actuaciones de investigación que hay en un momento determinado. Costa Rica es muy grande y es muy limitada en cuanto a recursos policiales; entonces, la estrategia fue la que ellos tomaron. Yo, con más recursos, estoy tomando otra estrategia.
– ¿Ya se restableció la presencia de la PCD en el aeropuerto Juan Santamaría en su totalidad?
– Sí, ya los tenemos ubicados.
– ¿Qué cambia de ahora en adelante? ¿Cómo se fortalecen las labores?
– El hecho de tener un mayor control con la Policía; necesitamos la Policía experta también para que dé los insumos con la unidad de inteligencia.
“Recordemos que también estamos poniendo un analista para poder perfilar y seguir trabajando”.
– ¿Cuándo se restablecerá la presencia de la PCD en el resto de puertos y puestos fronterizos?
– Esperemos que sea este año, dependiendo de la posibilidad de los recursos. Estamos haciendo toda una planeación estratégica; no queremos actuar improvisadamente, sino de acuerdo con las posibilidades de nuestros recursos.
Patrullas fuera de servicio
– De las 540 patrullas disponibles, el 38% está fuera de servicio, el 43% de las motos no están operativas y de las 77 unidades de transporte de detenidos, un 49% tampoco opera. ¿Desde cuándo están fuera de servicio y cómo se compara con los porcentajes registrados en los últimos cinco años?
– No he revisado cómo se compara con los registros de años anteriores.
“Estoy tomando los insumos que me dan ahorita y estamos haciendo toda la planificación estratégica para reparar lo que es posible con el Viceministerio de Administración. Esperamos poder tener en circulación las que son más viables de reparar, que tengan daños menores. Eso va a ser paulatino, dependiendo del presupuesto”.
– ¿El deterioro de estas patrullas a qué se atribuye?
– No sé, eso no lo he investigado. Yo parto del hecho de lo que me encuentro y tomo las decisiones hacia adelante.
– ¿Hubo alguna contratación en la administración pasada?
– No he revisado esa parte. Yo estoy revisando lo que tengo y, a partir de ahí, estoy haciendo la planeación.
– De acuerdo con estas revisiones que usted está haciendo, ¿dónde se concentran las unidades que están fuera de servicio? ¿Están en alguna región en particular?
– No. Estamos haciendo todo un análisis estratégico para que todas nuestras delegaciones tengan recurso vehicular, de acuerdo con la existencia real, y estamos también coordinando con el Ministerio de Hacienda los recursos necesarios.
– ¿Qué impacto operativo tiene la falta de estas unidades para respuesta policial?
– Creo que hemos tenido un impacto interesante a nivel operativo. Hemos conseguido bajar la incidencia criminal, operativizar de acuerdo con la inteligencia y buscar, por otro lado, los recursos económicos para fortalecer más esa área.
– ¿Entonces no percibe un impacto negativo?
– Estamos haciendo la programación con lo que tenemos y vamos proyectándonos hacia adelante.
– Usted indicaba hace unas semanas que dependía de un empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica para comprar 1.700 unidades. ¿Cómo avanza la gestión? ¿Es posible que el año cierre con la compra de esas unidades?
– Ya tuvimos la reunión con el ministro de Hacienda y de eso está encargada la viceministra administrativa. Esperemos a ver si nos dan los plazos, pero lo cierto es que hay una necesidad que ha sido bien vista por la señora presidenta, por el ministro de Hacienda, y estamos en esa labor.
“Recuerde que asumimos el 8 de mayo; tenemos dos meses, entonces estamos corriendo”.
– ¿Se prevé que podría finalizar para este año?
– Fecha cierta no tengo, pero estamos haciendo lo necesario.
Retiro del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) de Sixaola y Drake
– Recientemente trascendió por el caso Riverside que la estructura criminal de alias Pecho de Rata se habría beneficiado del retiro del SNG de Sixaola para establecer pistas clandestinas para al trasiego de droga. ¿Usted comparte que los grupos criminales se habrían beneficiado de esa decisión?
– Desconozco. Eso es algo que maneja la Policía Judicial y no tengo un informe de ellos que nos afirme esto que ha circulado en los medios.
– Fue decisión del MSP retirarlos, ¿no se ha hecho ninguna valoración sobre el impacto hasta el momento?
– No, porque yo no tengo su parte y no tengo acceso al expediente. Al día de hoy, no tengo un informe de la autoridad judicial que nos diga que eso se haya dado de esa forma.
– ¿El MSP entonces desconoce el impacto que tuvo el cierre de las estaciones en Sixaola y Drake?
– Recuerde que yo asumí el 8 (de mayo), no sé qué impacto tuvo con el anterior jerarca. Lo que le puedo decir es que estamos operativizando y hemos aumentado los trabajos de droga en este periodo en 19 toneladas más, comparado con el año anterior.
– ¿En qué periodo?
– De enero a la fecha.
– ¿Dónde fueron las operaciones que garantizaron ese golpe así tan fuerte?
– El detalle se lo podemos dar después; ahorita sería divagar un poco, pero hemos trabajado en el sur, hemos trabajado en Limón, hemos trabajado en Puntarenas, hemos trabajado en la capital.
– ¿Forma parte de la estrategia de seguridad restablecer el SNG en esas dos ubicaciones?
– Ahorita, lo que forma parte de la estrategia es ver la organización de las bandas que están golpeando y trabajar de manera inteligente para poderlas sacar de operación. Y eso es lo que estamos detrás y por eso hemos sido efectivos.
– La pregunta es si se restablecería el Servicio…
– Son aspectos que estamos valorando. Cuando tomemos la decisión de operar de otra forma, lo vamos a estar comunicando.
– El traslado de la Academia de Guardacostas de Quepos a Pococí se realizó sin consulta técnica ni aviso formal. ¿Se prevé rehabilitar esas instalaciones en Quepos y restablecer la Academia ahí?
– Lo que estamos haciendo es interviniendo la Academia. He nombrado un nuevo jerarca en la Academia Nacional de Policía que está haciendo todos los análisis y está evaluando todo, tanto a los instructores, los cursos que dimos y cuál va a ser la proyección.
“Precisamente, con él tengo una reunión la próxima semana para ver cuál va a ser la estrategia que él me va a presentar para fortalecer todos los procesos de capacitación”.
– ¿Antes de esta reunión se ha conversado sobre esa posibilidad de restablecer la Academia en Quepos?
– Eso es algo que él tiene que venir y hablarlo conmigo. Yo veo el asunto macro, me interesa la capacitación de todas las áreas policiales del MSP.
El estado de la Fuerza Pública
– ¿Hay un déficit de oficiales?
– El estudio todavía está en proceso. Lo que nos interesa a nosotros es ser más efectivos para sacar a las bandas que nos están golpeando.
– ¿Cuál es en este momento la zona que más requiere atención policial?
– No son las zonas, estamos trabajando sobre los objetivos y estamos viendo las organizaciones indistintamente del lugar donde operan. Por eso son los trabajos que estamos haciendo, orientados a poder obtener la captura de ellos.
– Es conocido que las organizaciones criminales operan sobre todo en algunos puntos de las costas y de la capital, ¿Hay mayor recurso en alguna zona?
– No. Es que recuerde que las organizaciones lo que tienen es un lugar donde se asientan para establecer su estrategia operativa, y la estrategia operativa de las organizaciones abarca todo el país. Estamos trabajando de manera inteligente en los lugares que consideramos.
– ¿Cuáles son esos objetivos suyos?
– Las bandas de crimen organizado. Las que tenemos identificadas y sabemos que están haciendo más daño.
– ¿Y está pensando usted en microtráfico o tráfico nacional e internacional?
– Estamos pensando en golpear las más fuertes, de las más fuertes a las más débiles.
– ¿En la actualidad hay algún plan para crear nuevas plazas en esta administración?
– Se está proyectando. Recuerde que yo asumí ya este presupuesto. Para el otro año, estamos haciendo reuniones con el ministro de Hacienda, valorando fortalecer los cuerpos policiales.
– ¿Qué medidas se están tomando para detectar y prevenir casos de corrupción e infiltración del crimen organizado en grupos policiales?
– Los procesos de selección están siendo revisados. Los procesos internos y las informaciones confidenciales que estamos recibiendo se están analizando.
– ¿Qué medidas están garantizando para proteger a los policías?
– Es que el hecho de ser policía implica un riesgo. Un policía que no tenga riesgo es porque no está haciendo su trabajo. Estamos enfrentando a gente de crimen organizado que es peligrosa, entonces se da por sentado que el trabajar aquí va a implicar amenazas.
Ellos están recibiendo la capacitación para que puedan enfrentar con mejores condiciones.
– Cuándo el oficial Gerson Rosales fue asesinado, varios jefes policiales afirmaron que se iba a conversar sobre una estrategia y hasta contemplar la posibilidad de mejores implementos ¿Eso se concretó?
– Ellos tienen los insumos, el avituallamiento. Lo que estamos buscando es la estrategia y viendo por qué personas que debieron estar en prisión están en libertad. Es que el problema está aquí en dos asuntos. Primero, la gran cantidad de personas que detenemos y que no quedan en prisión preventiva. Y segundo, la gran cantidad de personas que tienen asuntos pendientes, no llegan a juicio y no hay una sentencia condenatoria.
Un trabajo conjunto entre el MSP y el Poder Judicial
– ¿Qué metas tiene el Ministerio de Seguridad para el cierre de este año en materia de homicidios?
– Que el Poder Judicial tenga más condenatorias en ese tipo de eventos que son trágicos, porque cómo le explicamos a la víctima que su caso no haya sido resuelto.
– Eso no depende de usted
– No depende de mí, por eso las alianzas que tienen que establecerse con el Poder Judicial, porque si no, es dejarle la responsabilidad solo al sector policial.
– ¿A su juicio, la reducción de homicidios depende del actuar del Poder Judicial?
– Depende de lo que estamos haciendo nosotros, pero con los cuerpos policiales deteniendo a estas personas, si al día siguiente salen en libertad, es complicado. Si estas personas no están guardadas, van a seguir cometiendo ilícitos.
– Usted que viene del sector judicial, ¿qué mejoraría?
– Hay que mejorar los procesos.
– ¿Cómo?
– Diay, eso tiene que hacerlo el Ministerio Público, viendo por qué los casos no llegan a juicio, por qué las acusaciones se presentan y por qué a veces en los juicios se absuelve. Es un análisis que tienen que hacer ellos.
– ¿Cuándo usted era subdirector del OIJ veía problemas semejantes?
– Había problemas semejantes, pero en aquel momento yo era subdirector del área administrativa; no estaba en el área policial.
– Pero lo pudo haber visualizado
– Sí, pero le toca al Ministerio Público, porque el OIJ y los cuerpos policiales se han encargado de hacer un montón de operativos, al final inclusive casos premiados a nivel nacional por año. Pero a veces, cuando llegan a juicio, esos casos se absuelven por duda.
– ¿Interpretaría desde su conocimiento que hay una falencia en la preparación de los procesos de investigación, en la formación de los profesionales o corrupción que está facilitando que esto pase?
– Si los cuerpos policiales trabajan y presentan los casos, lo que nos falta es entender por qué en un juicio no se condenan. Hay que revisar esos procesos y es ahí donde el Poder Judicial tiene que abrirse, hacer las mesas de trabajo y decirnos dónde se falló.
Presencia en Crucitas
– ¿Qué coordinación se está haciendo con OIJ y Fiscalía para desarticular los grupos dedicados a la extracción de oro, más allá de la presencia en la zona?
– Nosotros estamos trabajando para evitar que eso se dé. Habría que preguntarle al Poder Judicial cómo van los procesos de investigación, porque en eso nosotros no tenemos mayor injerencia. Ahí la investigación propia y plena le corresponde al Poder Judicial.
– Desde que reinstalaron la presencia en la finca Vivoyet, ¿qué logros han visto en el control de la zona?
– Hemos asumido mucha inteligencia, estamos viendo y analizando cómo opera esta gente y hay mesas de trabajo para seguirlos enfrentando. Nada más que la intervención policial al país les cuesta muy caro y ese problema no se va a arreglar hasta que no se cuente con una ley que permita regular ese tipo de actividad.
“Yo estoy sacando recursos que deberían estar atendiendo el crimen organizado para tenerlos ahí y eso le está costando al país entre ¢1.000 millones por mes".
– En su momento, en la administración pasada, el viceministro nos hablaba de la necesidad de recircular el personal de fuerza pública en la zona por el riesgo de corrupción.
– No. Ya eso lo estamos haciendo. Yo lo estoy haciendo. Yo asumí y di la orden de rotarlos cada dos meses.
– ¿Por lo mismo?
– No, porque yo parto de una estrategia. Para mí, la rotación tiene que ser inherente a los puestos policiales. Eso nos genera mayor transparencia y nos puede evitar algún tipo de corrupción.
– ¿Incluso las jefaturas?
– Sí.
– ¿Y ya se ejecutó?
– Sí, ya aquí las cambiamos.
– O sea, ¿que vendríamos para el segundo periodo de cambios?
– Vamos a ver. Vamos a ver los resultados y estamos valorando aquí el accionar de todos.
– Sobre el bombetazo durante la visita de la presidenta a Crucitas, ¿qué resultado dio la investigación?
– No. La investigación la tiene ahorita el Poder Judicial; hay una denuncia y la tienen ellos.
– ¿No hay ningún conocimiento sobre los avances?
– No, desconozco.
– ¿Ya decidieron qué van a hacer para que la presencia en Conchudita sea permanente? O solo se mantienen los operativos de incursión?
– Estamos con los operativos de incursión.
– ¿Descartado que haya un puesto ahí?
– No. Estamos trabajando con base de inteligencia, estamos haciendo todo un análisis estratégico, estamos utilizando el Servicio de Vigilancia Aérea, estamos haciendo recorridos y estamos impactando donde el análisis criminal nos dice.
– Si usted tuviera que resumir en algunos minutos, ¿cuáles son sus principales objetivos de su gestión durante los siguientes 4 años? Además de las bandas que mencionó.
– No. El principal objetivo es la lucha frontal contra el crimen organizado. Es que eso es lo que nos está haciendo más daño. Entonces, estamos trabajando sobre eso y por eso son las reuniones que estamos teniendo semana a semana con los equipos.
– ¿Hay números, estadísticas que usted diga: “yo me voy a sentir bien si logro llegar a estos números”?
– Es que no es la estadística. A veces nos hemos enfocado en estadística; el asunto es la efectividad. La estadística lo que más refleja es una acción policial. El resultado y el impacto lo voy a tener cuando haya una condenatoria.
“Hemos querido acercarnos al Poder Judicial para que entiendan que esto es un trabajo que tiene que ser muy coordinado, porque al final de cuentas el riesgo es para todos”.
– ¿Cómo han sido esos acercamientos?
– Nosotros los tenemos, a nivel regional se está hablando con ellos, se está coordinando con ellos y este lunes tenemos ya un acercamiento formal en la primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad.
– ¿Y los ve positivos ya? ¿Ve avance?
– Nosotros vamos positivos.
– ¿Pero usted ya ha visto algún avance positivo de las últimas reuniones?
– El director de la OIJ (Michael Soto) dijo que podíamos contar con él y el fiscal general (Carlo Díaz) dijo que podemos contar con él. Yo voy más allá, yo quiero de palabras a hechos.