Personas enjauladas y encadenadas. Con esa representación cruda y directa, la Fundación Rahab conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas el pasado miércoles. Tras 28 años de trabajo con víctimas, su experiencia les llevó a mostrar así la realidad que viven mujeres, hombres e incluso niños en Costa Rica.
Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, desde que en diciembre de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución que designó esa fecha para crear conciencia sobre la situación de las víctimas de este delito alrededor del mundo.
Este año, integrantes de la Fundación Rahab recorrieron las calles de la capital en una caravana con distintas consignas. Sobre la plataforma, tres jaulas con personas adentro representaron una escena que trasciende a la realidad: en el país hay personas viviendo privadas de su libertad, vigiladas, extorsionadas y controladas por redes criminales que las reducen a mercancía.
“Están en jaulas y tienen cadenas, porque a ellas las tienen encadenadas de diferentes maneras. (...) Se sienten solas y solos. Es por eso que nosotros insistimos en apoyarlos, los levantamos de su dolor, trabajamos fuerte en la restauración y la reintegración social”, aseguró Mariliana Morales, fundadora y directora ejecutiva de la fundación, que desde su fundación ha atendido a 3.109 víctimas de estos delitos y 15.000 víctimas indirectas: sus hijos.
Para ella, la severidad de estos delitos se refleja en la situación de al menos 200 víctimas de una red que estaría vinculada al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, rescatadas por las autoridades costarricenses el pasado 15 de julio.
La Fiscalía indicó que los sospechosos traían mujeres desde Venezuela bajo la promesa de que trabajarían como generadoras de contenido. Les cubrían todos los gastos del viaje, a cambio de que una vez en Costa Rica brindaran servicios sexuales para pagar la deuda del traslado.
No obstante, en apariencia, se les sometía a un sistema de multas por acciones mínimas y el monto ascendía a tal punto de que no era posible saldar la deuda.
Se presume que las mujeres eran obligadas a mantener relaciones sexuales con al menos 100 clientes (el plazo se desconoce) y el costo de cada servicio era de ¢45.000. Cuando finalizaban, las llevaban de vuelta a un sitio donde las mantenían cautivas, sin celulares y bajo maltratos.
Desde el 2023, hasta el 29 de julio de 2025, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha atendido 74 casos por trata y tráfico de personas. Solo en los primeros seis meses de este año se registran 26, dos menos que todo el 2024.
Para Morales; sin embargo, los datos oficiales no reflejan la realidad de la problemática, pues el proceso de acreditación de víctimas, a cargo de la Coalición Nacional contra el Trafico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, debe reformarse.
En algunos casos, explica, hay víctimas que no se acreditan de forma oficial por incumplir algún requisito, aunque si cumplen con otras características que no se toman en cuenta. Asimismo, asegura que el miedo impide que decenas de personas acudan a las autoridades.
Detrás de cada persona que denuncia, Morales lamenta que existen decenas que temen hablar.
Así lo reconoce también la Organización de las Naciones Unidas. Entre 2020 y 2023, se detectaron más de 200.000 víctimas en todo el mundo. No obstante, la propia entidad considera que la cifra es solo “la punta del iceberg”.
“Se cree que el número real de casos no denunciados es significativamente mayor”, se lee en un artículo publicado en su página oficial.
Actualmente, la Fundación Rahab cuenta con un albergue que acoge a mujeres víctimas de trata y a sus hijos, quienes también sufren las consecuencias indirectas de estas redes de explotación. Disponen de una guardería para niños y niñas de entre 0 y 10 años, así como de un espacio destinado a adolescentes de 11 a 18.
Además, según explicó Morales, fundadora del centro, ofrecen becas para que las mujeres puedan estudiar y avanzar hacia una vida libre de violencia y dependencia.