En el último año y medio, las denuncias por presuntos casos de trata y proxenetismo en San José, pasaron de un promedio anual de 100, a una cifra que está entre 200 y 250. Así lo afirmó a la Revista Dominical “Marilyn”, agente investigadora de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuya identidad se resguarda por seguridad.
En casas de habitación, pensiones y locales comerciales, tanto en el casco central como en barrios adinerados alejados del centro, operan establecimientos que, bajo la fachada de servicios como masajes, encubren redes de explotación sexual. Estas estructuras se aprovechan de mujeres en condición de vulnerabilidad, reteniéndoles hasta el 50% o incluso el 75% de las ganancias que generan por sus actividades sexuales.
Las denuncias provienen de diversas fuentes. A veces, son vecinos quienes alertan sobre irregularidades en sus comunidades; en otras ocasiones, son las propias víctimas quienes, cansadas del abuso, deciden acudir a las autoridades. Sin embargo, según Marilyn, muchas de ellas ni siquiera son conscientes de que están siendo explotadas, por lo que es un reto que interpongan una denuncia.
Causa genera debate
Las autoridades y organizaciones no gubernamentales que atienden esta problemática debaten sobre los factores que podrían estar contribuyendo al aumento en la denuncia y reporte de estos delitos.
El director regional de la Fuerza Pública de San José, Rodrigo Alfaro, sostiene que cada vez observan más mujeres dedicadas al trabajo sexual y atribuye el aumento en las denuncias por trata y proxenetismo a este fenómeno.
“Es parte de los riesgos que se generan para las mujeres que ejercen este tipo de servicios. Es razonable que, al aumentar la actividad, también aumenten los riesgos y las denuncias”, explicó.
Por su parte, Marilyn refuta la relación entre el posible aumento en la cantidad de trabajadoras sexuales y el incremento en las denuncias por trata y proxenetismo. En cambio, señala que el principal factor es el aumento en las olas migratorias, aunque también reconoce la presencia de costarricenses como víctimas de estos delitos.
“Por lo general, las víctimas son mujeres extranjeras, especialmente de nacionalidad nicaragüense, venezolana y cubana. En su afán por generar ingresos para continuar su recorrido migratorio, se quedan un tiempo aquí y terminan siendo víctimas de estas redes”, explicó.
Trabajadoras de la Fundación Rahab, una organización dedicada, desde hace 28 años, a rescatar a mujeres que han caído en manos de organizaciones delictivas de comercio sexual, respaldan que el incremento está directamente relacionado con los movimientos migratorios.
Marcela Barrantes, trabajadora social, y María Luisa Rivera, coordinadora del área psicosocial de Rahab, afirman que, en sus registros, se refleja un aumento en la cantidad de mujeres provenientes de países del sur que solicitan apoyo en su paso por Costa Rica.
Algunas son mujeres que venden en los semáforos acompañadas de sus familias, a quienes les ofrecen “trabajar” en el comercio sexual para obtener ganancias.
“Hay mucha vulnerabilidad. La mayoría de ellas son cabeza de hogar. Ellas por lo general están asumiendo solas a sus familias, que incluso son de cinco chiquitos menores de edad, para tratar de garantizarles alimentación y un refugio seguro”, indicó Barrantes.
