EscucharEl fiscal Diego Maroto, encargado del Caso Pista Oscura, en el que se investiga al exministro Mauricio Batalla y a otros señalados por presuntas irregularidades en la reparación de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia, aseguró que el trabajo del Ministerio Público ha sido serio, objetivo, técnico y sin ningún interés político.
“Yo no quisiera que se le den tintes políticos a este caso, independientemente de la posición jerárquica o los cargos que ocupaban estas personas. La discusión sobre este caso debe ser técnica y jurídica. La Fiscalía no ha tenido ningún interés político; por eso les digo que la investigación ha sido técnica. El allanamiento y las detenciones tienen que ver con un tema de prueba”, afirmó Maroto.
El representante del Ministerio Público explicó que los allanamientos debían realizarse antes del 18 de mayo del 2025, debido a que, según un acta de recepción provisional firmada el 10 de marzo, el 18 de este mes era la fecha máxima para la recepción definitiva de las obras en el aeropuerto Daniel Oduber.
“Este caso trata de una serie de incumplimientos graves y serios en materia de contratación pública. La Fiscalía ha recabado elementos de prueba importantes, por eso se considera que los imputados han participado en los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y malversación de fondos, por el traslado de recursos del Fondo Nacional de Emergencias para utilizarlos en algo que no es una emergencia”, agregó Maroto.
Por esos motivos, la Fiscalía solicitó para todos los imputados (excepto para Batalla, que ya no es empleado público) medidas cautelares como la suspensión de sus funciones laborales mientras dure el proceso.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del país, la obligación de firmar una vez al mes y la prohibición de acercarse a testigos relacionados con la investigación, así como una orden de alejamiento para que los investigados no se acerquen a las tres instituciones implicadas: la Dirección General de Aviación Civil, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Este jueves se realizó el segundo día de audiencias. Luego de que la Fiscalía solicitara las medidas cautelares, los abogados defensores expusieron sus argumentos. La sesión terminó poco después de las 8 p. m.; sin embargo, los imputados deberán volver a los Tribunales de Goicoechea el próximo lunes 19 de mayo, a las 9 a. m., para conocer si juez dicta medidas cautelares.
Exministro Batalla afirma que sale ‘con la frente en alto’
El exministro de Obras Públicas y Transportes Mauricio Batalla aseguró que en su paso por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el MOPT siempre realizó sus labores con transparencia y eficiencia. Por eso, indicó que sale “con la frente en alto” tras su segundo día de audiencias.
“No hay un señalamiento de una conducta que pueda ser juzgada como poco transparente, pero entiendo y soy respetuoso del Ministerio Público y los jueces. Por supuesto, hay un cansancio emocional y mental; que a uno le hagan una intervención en la casa es durísimo”, declaró Batalla.
El exjerarca argumentó que sale “tranquilo, satisfecho y con la frente en alto”, ya que no ha cometido ningún acto ilícito.
¿Por qué la Fiscalía no pidió prisión preventiva?
El fiscal Diego Maroto explicó que decidieron no solicitar la medida cautelar de prisión preventiva debido al arraigo de los imputados, motivo por el cual no hay un peligro procesal inminente.
“El Ministerio Público no discute el tema del domicilio, aunque sí se hace una referencia a la actividad delictiva, por eso se valora el domicilio, el trabajo y el tema familiar para solicitar medidas cautelares”, declaró Maroto.
El representante del Ministerio Público aclaró que a una persona se le detiene hasta que se recaban los indicios suficientes para ligarla a un proceso de investigación. Además, indicó que los allanamientos realizados este martes fueron con el objetivo de recolectar pruebas.
Miembros de la prensa le consultaron al fiscal por qué se arrestó a los sospechosos en lugar de citarlos a declarar en los tribunales, si de cualquier forma no se solicitaría prisión preventiva.
Al respecto, Maroto explicó que la ley le permite al Ministerio Público detener a una persona para que atienda un procedimiento penal si se considera que hay un riesgo procesal, como puede ser la intervención en el proceso de investigación.
“Si hay riesgos procesales, se puede realizar una detención, y esto es en función de los hechos, del grado de participación de la persona, y en virtud de lo que le pueda atribuir la Fiscalía. Detener a una persona es una potestad que el Ministerio Público tiene, y luego se pueden solicitar las medidas cautelares, sean las que sea”, indicó.
Además, el fiscal aclaró que no se puede valorar la solicitud de medidas cautelares antes de la detención. Al contrario, primero se tiene que escuchar la declaración de los imputados, y luego se solicitan las medidas necesarias.
“La prisión preventiva es una medida excepcional; lo normal es que las personas enfrenten el proceso en libertad. Muchas veces, las personas piensan que si los imputados quedaron en libertad, ya quedó el caso impune, y no, no es cierto. El proceso continúa, pero continúa con los imputados en libertad”, finalizó.
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