Fiscalía investiga inversiones de empleadas en la Iglesia Católica

Tanto la Unidad Especializada en Fraudes, del Ministerio Público, como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indagan el origen del dinero que estas cuatro empleadas aportaron a la Cecor, conformada por los ocho obispos.

Las averiguaciones del OIJ no han logrado determinar cómo ellas reunieron el dinero para hacer tales inversiones y la Cecor se abstuvo de dar explicaciones.

Esta investigación forma parte de la causa por el presunto delito de intermediación financiera ilegal que abrió la Fiscalía contra la Cecor.

Ese delito ocurre cuando personas u organizaciones sin permiso ni control de las autoridades financieras del país se dedican a captar dinero del público de manera habitual con el fin de destinarlo a cualquier forma de crédito o inversión en valores. Se sanciona con prisión de tres a seis años.

La denuncia contra la Cecor la presentó la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), en mayo del 2008.

Una por una. Como parte del proceso, un informe de la sección de Delitos Económicos y Financieros del OIJ detalla las inversiones que, según la Sugef, hicieron las cuatro empleadas en la Cecor antes del año 2009.

Los auditores del OIJ citan a Delfina Salazar Picado, tesorera de Servicios Pastorales S. A., controlada por la Cecor, con una inversión de ¢129,2 millones.

Gina Lilliana Hernández Villalta, de las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José, figura con montos por ¢8,9 millones y $9.600. Damaris López Villalobos, cajera de la Cecor, con ¢8,7 millones. Miriam Rojas Esquivel, exsecretaria del fallecido arzobispo, Román Arrieta, habría colocado ¢4 millones. De ellas, solo López labora hoy para la Iglesia.

Los agentes del OIJ determinaron que por sus trabajos las cuatro empleadas percibían entre ¢113.800 y ¢393.000 mensuales.

Salazar prefirió no dar declaraciones. Marvin Ruiz, su esposo, dijo no saber nada de las inversiones que aparecen a nombre de su cónyuge por ¢129 millones. “El que nada debe, nada teme”, sentenció.

Salazar, según el OIJ, aparece como propietaria de nueve terrenos, entre estos tres fincas con un área de 167.000 metros cuadrados –casi 17 hectáreas– en Siquirres, Limón. También dos vehículos.

Su esposo sostiene que algunos bienes son heredados y otros fueron comprados como parte del patrimonio familiar.

Pero Rojas y López aseguraron, por separado, que nunca hicieron inversiones en entidades relacionadas con la Iglesia. “No sé por qué aparecen documentos en donde se me menciona a mí con un aporte de casi ¢9 millones”, cuestionó la exsecretaria López.

¿Más ingresos? En el informe, los agentes del OIJ recomendaron a la Unidad Especializada de Fraudes del Ministerio Público solicitar a la Dirección General de Tributación las declaraciones de renta de las trabajadoras “para verificar si tenían reportados otros ingresos aparte de los ya indicados”.

Esta gestión se hizo para conocer si los aportes tienen respaldo económico. No trascendió el resultado de la pesquisa.

Pese a esto, Rojas y López, ante una consulta de este diario, admitieron que no tenían ni tienen ingresos extras aparte del salario percibido en la Iglesia. Salazar, en tanto, colabora en actividades de su esposo (agricultura y ganadería).

Cecor se abstiene. La Nación intentó obtener entrevistas con los obispos de la Cecor para que den su versión sobre las inversiones.

En principio, la vocera Laura Ávila solicitó especificar las preguntas. Una vez enviado el cuestionario, informó que ese organismo –presidido por el arzobispo Hugo Barrantes– no se referirá al tema por respeto a las investigaciones del Ministerio Público.

En abril del 2008, La Nación reveló que desde la estructura de la Conferencia Episcopal se recibieron inversiones, luego destinadas a dar créditos a terceras personas.

Otras inversiones. Como parte de la pesquisa, la Fiscalía también pidió a Delitos Económicos del OIJ individualizar a los inversores laicos que no laboran para la Iglesia e indicar los montos invertidos.

Al respecto, los agentes del OIJ respondieron: “La Sugef comunicó a la Fiscalía de Delitos Económicos que los aportes hechos por laicos a la Conferencia Episcopal ascendieron a ¢374 millones y $154.642”.

Sin embargo, los agentes del OIJ se abstienen de emitir opinión sobre esos montos. Alegan que la evidencia secuestrada en los allanamientos a la Cecor es de correspondencia y no contable y que el fin de la investigación es saber si los miembros de la Conferencia Episcopal tenían o no conocimiento de las actividades de intermediación financiera”.