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La Fiscalía investiga a la alcaldesa, el exalcalde suplente, tres funcionarios de obras y siete exregidores de la Municipalidad de Curridabat, por asfaltar una calle en una finca de Inversiones AyA S. A., propiedad del exministro de Trabajo, Farid Ayales.
La pesquisa la dirige la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José y se tramita por el delito de malversación de fondos (usar bienes públicos en cosas diferentes para las que fueron destinados), confirmó la Oficina de Prensa de la Corte Suprema de Justicia.
La pesquisa involucra a la alcaldesa Lucy Retana Chinchilla, el exalcalde suplente José Luis Barrantes Rodríguez, los funcionarios municipales Juan Carlos Arroyo Víquez, Carlos Núñez Castro y Óscar Esquivel Cascante y los exregidores Wálter Calvo Madrigal, Patricia Rojas Umaña, Alejandro Li Grau, José Daniel Hamilton Bonilla, Mary Bonilla Jiménez, José Pablo Rojas Marín y Fernando Román Carvajal.
El caso se basa en una denuncia que interpuso ante el Ministerio Público, en octubre del 2004, el auditor municipal de Curridabat, José Antonio Corrales.
El caso. El asunto tiene su origen en el año 2003, cuando esta municipalidad josefina presupuestó una partida por ¢8,9 millones, cuyo destino era el bacheo, entubado y construcción de cordón de caño en el distrito central.
Empero, parte de los recursos se desviaron para reparaciones en la calle Álamos, en el distrito de Granadilla, y otra conocida como Calle Ayales, en el sector de Guayabo, en Cipreses.
En esta última se invirtió ¢1,7 millones para el asfaltado, entre el 9 y el 16 de diciembre del 2003, de un tramo de 240 metros de extensión, con personal municipal.
El problema surgió cuando en un informe del auditor José Antonio Corrales, emitido en mayo del 2004, se advirtió que esa franja de terreno era privada.
Corrales fundamentó la posición en que el exministro Ayales Esna (1994-1998), representante de la sociedad Inversiones AyA S. A. solicitó, el 20 de diciembre del 2000, una rectificación de medidas de la finca número 223986. Esta fue anotada en el Registro Público el 24 de enero del 2001 y la misma quedó consolidada el 24 de enero del 2004.
La modificación consistió en un aumento del área de la finca que pasó de 2.136 metros a 3.682 metros. Esto con base en el plano SJ-341305-79, donde se corregían los linderos y se incorporó la calle que servía de acceso a la propiedad.
Lo expuesto por el auditor lo ratificó la Contraloría General de la República, en el informe FOE-SM-2597 del 9 de noviembre del 2004.
Descargos. Lucy Retana declaró a La Nación que consta en archivos municipales que la calle Ayales es pública y que los vecinos pagan impuestos por el servicio de recolección de basura.
Advirtió que cuando se procedió a pavimentar esa calle no se desviaron fondos públicos. Agregó que no hubo dolo ni mala intención.
“Estamos esperando que la Fiscalía se pronuncie porque si Farid se apropió de ese terreno vamos a iniciar un procedimiento para recuperar el terreno”, afirmó.
En tanto, el exministro Ayales manifestó que no tiene nada que ver con el asfaltado. Agregó que al barrio llegó un grupo de personas “que no conozco” para la pavimentación y que él aportó ¢80.000.
Explicó que el lote era de su propiedad pero luego se vendió “a un montón de gente” y quedó una servidumbre abierta al público.
“Si ese lote aparece inscrito a mi nombre debe ser un error del Catastro. Tengo planos que confirman que esa calle es pública”, relató.
En archivos municipales consta que familiares del exministro y otros vecinos de calle Ayales depositaron el 10 de junio del 2004, ¢735.000 a favor del ayuntamiento de Curridabat como contribución para el asfaltado.
