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“Oí un disparo y fui corriendo a ver qué pasaba”. Con esas palabras, una testigo relató a oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el inicio de una tragedia que vive una familia de Piedra Mesa, en Alto Telire de Talamanca, Limón, desde el 2022.
El 13 de noviembre de ese año, una joven de 21 años arrullaba y amamantaba a su bebé de 10 meses mientras se mecían en una hamaca, momento en el que su expareja sentimental, un indígena conocido solo como Jason, la atacó con un arma de fuego.
Una familiar de la ofendida y una niña de diez años fueron testigos de ese femicidio. La joven, cuya identidad se mantendrá en reserva, agonizó durante dos horas hasta que falleció en la hamaca, producto de un impacto en la cabeza.
Cuando los agentes judiciales llegaron a la zona, el cuerpo ya estaba en estado de descomposición y no pudieron ubicar a Jason, debido a que el sospechoso domina el agreste territorio indígena.
La familia de la joven relató a los investigadores que ella era víctima constante de violencia y que el presunto agresor “hasta la había macheteado”. Por esa razón le pedían que lo dejara y, cuando lo hizo, ella se fue a vivir al rancho, donde poco después la asesinó. La víctima tuvo tres hijas con ese hombre, quienes al momento de los hechos tenían 3 y 6 años, más la bebé de diez meses.
Ese año, según las estadísticas del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, del Poder Judicial, hubo 26 femicidios. La cifra subió a 34 en el 2023 y luego a 47 en el 2024, la cifra más alta en la historia del país.
El número de víctimas bajó a 37 en el 2025 y, en lo que llevamos del 2026, se suman 12.
Intentos fallidos
Han pasado casi cuatro años desde el crimen de la joven mamá y Jason continúa prófugo en las montañas de Telire, un territorio de difícil acceso que ha frustrado los intentos del OIJ y del Ministerio Público por detenerlo.
La fiscala Floribeth Rodríguez, de la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (Fanna), explicó que desde el levantamiento del cuerpo se hicieron gestiones para ubicarlo, sin éxito.
“El lugar es un sector montañoso de muy difícil acceso, que además requiere de baqueanos que nos ayuden a movernos en ese tipo de lugares. Sabe por dónde huir, dónde esconderse, cómo escapar, y son cuestiones que se nos escapan de las manos”, dijo.
Para 2025 y 2026, el Ministerio Público, junto con el OIJ, la Fiscalía de Asuntos Indígenas y la Fanna, volvieron a ingresar al territorio en busca del sospechoso. “Cada vez que nosotros llegamos al sitio, él huye del lugar y se esconde dentro de la montaña”, relató Rodríguez.
La fiscala reconoció que la ausencia de autoridades en la zona, entre el crimen del 2022 y la siguiente incursión, alimentó un discurso de impunidad por parte del sospechoso. “Este sujeto se ha aprovechado de estas dificultades para empoderar a los hombres de diferentes comunidades, diciéndoles que ellos pueden agredir a las mujeres tantas veces quieran y que incluso pueden matarlas, que en todo caso el Poder Judicial y el Ministerio Público nunca van a llegar a este sitio”, afirmó la funcionaria.
Ese mensaje generó un reclamo directo de las comunidades durante la incursión más reciente. Según la fiscala, integrantes de la zona reportaron un incremento en las agresiones contra mujeres, asociado a esa narrativa de impunidad.
Acercamiento de la justicia
La gira se hizo del 19 al 30 de abril. Personal de las Fiscalías y la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, con apoyo del OIJ, Trabajo Social y Psicología, y la Unidad de Protección a Profesionales, caminaron cerca de 140 kilómetros por el territorio indígena de Telire.
El recorrido incluyó las comunidades de Cartago, Bley Norte, Bley Sur, Alto Blei, Jaktocolo, Butubata y Monteverde. Ahí se impartieron charlas en siete centros educativos sobre derechos, prevención de violencia y mecanismos de denuncia, y se entregaron balones, ropa y zapatos donados por el propio personal judicial.
Durante la gira se recibieron múltiples denuncias y se realizaron diligencias para ubicar a otras personas requeridas por delitos graves. Al concluir, la Fiscalía reportó dos requeridos más por violencia doméstica y 15 denuncias tomadas bajo la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres.
Rodríguez explicó que buena parte del territorio carece de agua potable, electricidad e Internet, lo que profundiza el aislamiento de las comunidades. Pese a ello, dijo, el Ministerio Público dejó contactos comunitarios disponibles las 24 horas para recibir información sobre el paradero del sospechoso.
“Vamos a ser implacables en cuanto a la violencia a cualquier persona y muy especialmente a la niñez, la adolescencia y a las mujeres. Además, les dejamos claro que vamos a seguir incursionando hasta que demos con el paradero de este sujeto, para que enfrente la justicia”, afirmó la fiscala.
Consultada sobre la violencia en zonas tan remotas, Rodríguez enfatizó que, “lamentablemente, la violencia no distingue si estamos en la ciudad o en la montaña, como en este lamentable caso. Sin embargo, en la ciudad para nosotros es más sencillo el poder detener o finalizar con las investigaciones”, señaló.
