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Ciudad Quesada. El exdiputado social cristiano Rigoberto Abarca Rojas fue condenado ayer a cinco años de cárcel por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Asociación de Vivienda San Juan.
Sin embargo, Abarca quedó en libertad porque la sentencia no está en firme ya que el condenado tiene la posibilidad de de apelar el fallo ante la Sala Tercera.
Por el mismo delito fueron sentenciados Víctor Blandón, expresidente de la Asociación, y Ramón Fernández, a cinco y tres años de prisión, en su orden.
Los tres, en forma solidaria, deberán pagar al Estado costarricense ¢87 millones por daños y perjuicios, así como las costas del proceso en la vía civil, fijadas en ¢9 millones.
El fallo lo dictó ayer el Tribunal de Juicio de San Carlos luego e tres semanas de debate. A Fernández le concedieron el beneficio de suspensión de la pena por un período de prueba de cinco años.
El fallo está relacionado con la compra de una finca en Boca Arenal, San Carlos, que la asociación presidida por Blandón hizo a Fernández en mayo del 2000. Cuatro meses antes Fernández se la había comprado a la Sociedad Arbolitos de Oro, que en ese entonces presidía Rigoberto Abarca.
Para esa época, Fernández fungía como asesor legislativo de Abarca, quien precisamente un año antes —1999— había gestionado la partida de ¢45 millones con que se financió la compra del inmueble.
En octubre del 2003, Abarca fue condenado a tres años de cárcel y Fernández a dos años, pero por el delito de negociaciones incompatibles. Sin embargo, la Sala Tercera anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio, que terminó ayer.
Plan para defraudar. Al razonar la sentencia, el juez Adolfo Mora, quien presidió el debate, sostuvo que Abarca, Blandón y Fernández elaboraron un plan para defraudar a la Asociación de Vivienda San Juan y al Estado costarricense con la venta del terreno.
Afirmó que Abarca no solo gestionó la partida para comprar la finca, sino que con la ayuda de Blandón ejerció presión sobre la Asociación para que esta comprara el terreno a Fernández por el que pagó, según Mora, un sobreprecio de ¢ 39 millones.
El exdiputado anunció que apelará la condena ante la Sala Tercera de la Corte. “Tengo seguridad que no cometí el delito que me atribuyen en esta condena”.
