caso Campo Dos y Medio
La esposa y la suegra de un guarda de seguridad privada, fallecido en un accidente de tránsito, lo sepultaron en el patio de la casa tras un lío familiar y para “cuidar mejor la tumba”.
Se trata del caso de Alonso Jesús Castro Arguedas, enterrado el domingo 14 de noviembre del 2010 en una finca en la localidad de Campo Dos y Medio de Corredores, Puntarenas.
Tras el hecho, la familia del fallecido solicitó al Área Rectora de Salud de Corredores, a la Municipalidad y a la Sala Constitucional que se exhumara el cuerpo y se ordenara el traslado a un cementerio autorizado, pero las gestiones fracasaron. Salud se pronunció a favor de hacerlo, pero hasta dentro de un plazo de cinco años.
Annia Castro, hermana del fallecido, dijo que la familia se siente frustrada porque, además, fueron demandados por violencia doméstica y no pueden acercarse a la tumba de su hermano. Esta se halla dentro de la finca, a 100 metros de la vía entre Ciudad Neily con San Vito de Coto Brus, y a 30 metros de la casa de Erika Sibaja, compañera del fallecido.
Agregó que luego de que Castro murió, consultó sobre la tumba privada “en la Fiscalía, donde me dijeron que no les correspondía. En el Ministerio de Salud que, si era construcción, era con la Municipalidad, y en este lugar me dijeron que, mientras veían el caso, podíamos construir”.
Agregó que en un día construyeron la bóveda con varilla, bloc y cemento. “Es una fortaleza que nos costó como ¢600.000”. Precisó que el funeral se realizó sin ninguna ceremonia religiosa.
Entre tanto, Annia Castro dijo que la familia celebró el funeral religioso en la iglesia de Aguabuena de Coto Brus, sin la presencia del cuerpo y que el nicho en el cementerio de esa localidad quedó vacío.
Reconoció que la Sala IV les rechazó un recurso de amparo.
Pese a lo anterior, González no autorizó la exhumación inmediata del cuerpo, “con el fin de proteger la salud pública y el ambiente”. Empero, dijo que tendrá que efectuarse tras cinco años y pasar el cadáver a un cementerio autorizado.
La ministra de Salud, María Luisa Ávila, consideró acertada la decisión pues la exhumación ahora implicaría un grave riesgo por la “putrefacción” y porque solo se sacan antes si se trata de un caso médico-legal, más orden de un juez.